Unos 3.512 trabajadores han sido víctimas de ataques, por parte de las fuerzas de seguridad, durante los gobiernos socialistas de Chávez y Maduro, solo por exigir mejoras en sus condiciones laborales y económicas.
El Observatorio para la Defensa de la Vida (ODEVIDA) capítulo Venezuela, impulsado por Provea, divulgó que durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro se incrementó la persecución contra los trabajadores y sus dirigentes sindicales, contradiciendo claramente uno de sus principales lemas populistas: la defensa de los derechos de la clase obrera.
En su informe, la ONG resumió que el Estado venezolano viola, desde hace años, el derecho de los trabajadores a asociarse en sindicatos para velar por sus condiciones laborales y económicas, a pesar de las constantes recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Reza el documento de Provea: “El incumplimiento de las mismas es un factor que contribuye a la persistencia de la situación de emergencia humanitaria compleja donde la respuesta de las autoridades sigue siendo la violencia”.
Los autores del informe resaltan que se elaboró utilizando diversas fuentes no oficiales, como los estudios independientes llevados a cabo por Provea y el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), además de la investigación hemerográfica de las actividades del movimiento sindical durante el año 2022 y las entrevistas a dirigentes sindicales y activistas sociales.
Esto a causa de “la falta de información de las fuentes oficiales, tales como Memoria y Cuenta del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, que no presenta indicadores en materia de libertad sindical desde 2016 ni de firmas de contrataciones colectivas”.
Según el documento: “Siguen presentes las violaciones a los derechos humanos de trabajadores y dirigentes sindicales producto de la violencia estatal y paraestatal con aquiescencia o complicidad de los poderes públicos, fundamentalmente la violación al derecho a la libertad personal en los casos encontrados”.
Igualmente, hace énfasis en que persisten los conflictos por “la defensa del salario y los lineamientos ONAPRE”, y denuncia la precariedad del salario mínimo, que sigue estancado en menos de 4 dólares. La situación se vuelve insostenible con “la devaluación de la moneda y la feroz inflación”.
Además, “hay trabajadores presos por defender sus derechos”, debido a que “la respuesta de los sindicatos junto a los trabajadores de base fue aumentar los niveles de exigibilidad y la movilización, exigiendo el cumplimiento de las contrataciones colectivas y los derechos en ellas contenidos”.
En ese contexto, Maduro aplicó las medidas represivas acostumbradas en Venezuela desde hace más de dos décadas. De esta manera, “se realizaron nuevas detenciones a líderes sindicales y sociales. Destacaron los detenidos arbitrariamente por tener en común el acompañamiento de las protestas de este año, además de su participación en exigencias de derechos en otras épocas y jornadas. Entre ellas la detención de 6 dirigentes entre el 04 y el 07 de julio; Alcides Bracho, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reinaldo Cortez, Néstor Astudillo y Alonso Meléndez, defensores de derechos humanos laborales”.
Concluye el informe que “unos 3.512 trabajadores han sido víctimas de amenazas y ataques por agentes de seguridad en los gobiernos de Chávez y Maduro”.
Fuente: impactovenezuela.com
