Proliferación de grupos armados afecta los Derechos Humanos de la población venezolana

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Los grupos armados que controlan parte del territorio venezolano afectan profundamente la gobernabilidad, son una barrera para la recuperación de la institucionalidad y el Estado de derecho, y provocan «una grave afectación a los derechos de la población venezolana y limitaciones de acceso a la acción humanitaria».

El informe «Una tragedia ignorada: la afectación humanitaria y de derechos humanos por parte de grupos armados irregulares en Venezuela», presentado el 23 de junio por la ONG Alerta Venezuela, resaltó que esta situación es un tema ausente en el debate público, por parte del régimen, la oposición y las autoridades colombianas.

Ligia Bolívar, coordinadora de Alerta Venezuela, explicó que la actividad de estos tres tipos de organizaciones «solo es posible con la anuencia o complicidad de autoridades civiles y militares del ámbito nacional o local» y agregó que estos grupos, de hecho, realizan funciones del Estado en zonas donde este está ausente, como impartición de justicia, manejo de servicios y protección armada.

Resumió el informe: «De esta manera se configura lo que se conoce como ‘gobernanza criminal’, que genera en la población una cultura de aceptación a fin de preservar la propia seguridad frente al poder armado irregular».

Igualmente, el estudio enumeró los derechos afectados por los grupos armados: vida, integridad personal, libertad de tránsito, derecho a salir y retornar al país, participación política, reunión pacífica, derechos sociales, económicos y culturales, derechos de los pueblos indígenas, derechos de las mujeres y derecho al trabajo, entre otros.

La ONG puntualizó que el tema de los grupos armados irregulares ha sido evadido o manejado compulsivamente por el gobierno chavista, representantes de la oposición y por el gobierno de Gustavo Petro; lo que impide que se cree una «estrategia que permita su desmantelamiento y la recuperación de los territorios controlados por ellos».

En el caso de Colombia, «no existen avances para plantear las opciones de desmovilización de los miembros del ELN (Ejército de Liberación Nacional) o de las disidencias de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en Venezuela», y el gobierno de Petro lleva el proceso de negociación con el ELN en el territorio colombiano; por lo que los irregulares que actúan en tierras venezolanas quedan fuera de la ecuación.

El informe sugiere al gobierno diseñar una estrategia para desmantelar los grupos armados irregulares y recuperar los territorios, mediante una respuesta represiva proporcional y ajustada a las normas internacionales, combinada con mecanismos que enfrenten las razones estructurales que alimentan el surgimiento y desarrollo de dichos grupos.

A los partícipes de las negociaciones entre el Gobierno y oposición, los insta a reconocer la presencia de los grupos armados con control de territorio y capacidad de gobernanza, reconocer la afectación en los derechos humanos de la ciudadanía y en sus posibilidades de acceso a la acción humanitaria.

Fuente: elimpulso.com

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