La ONG venezolana SOS Orinoco ha revelado en un impactante video publicado en Twitter la alarmante situación que está ocurriendo en el territorio venezolano. Según la organización, mineros ilegales brasileños están invadiendo zonas cercanas al mayor río de Venezuela, el Orinoco, y esta actividad es permitida por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Las imágenes satelitales presentadas en el video evidencian la magnitud de la invasión y muestran la devastación que se está produciendo en las cabeceras del río, hogar del ancestral pueblo Yanomami.
La situación es aún más preocupante, ya que la ONG afirma que los militares venezolanos están cobrando vacunas, es decir, extorsionando a los mineros brasileños para permitirles realizar la explotación minera ilegal. Además, estos mineros utilizan a indígenas yanomamis venezolanos como mano de obra casi esclava.
Es indignante ver cómo el régimen del dictador Nicolás Maduro pretende mostrar un supuesto control sobre la minería ilegal en el país, cuando la realidad es que la huella minera ha seguido expandiéndose en el alto Orinoco.
Cristina Burelli, fundadora de SOS Orinoco, ha comparado la expansión de la actividad minera en la zona entre 2020 y 2022, demostrando cómo ha seguido creciendo la huella minera en el río Orinoco, a pesar de ser una de las áreas más biodiversas y con prohibición total de explotación.
En respuesta a esta problemática, el dictador Nicolás Maduro había ordenado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) luchar contra la minería ilegal en la región de la Amazonía, pero los informes demuestran que la invasión de mineros ilegales no solo proviene de Brasil, sino también de Venezuela, Colombia y Asia, lo que ha generado graves daños a los parques nacionales.
La lucha contra la minería ilegal en los estados amazónicos ha resultado en numerosas detenciones, pero también se han presentado denuncias de abusos de autoridad por parte de los militares contra las comunidades indígenas.
Es fundamental que se tomen medidas más efectivas para proteger la biodiversidad de la región y garantizar los derechos de las comunidades indígenas.
Fuente: el-carabobeno.com
