Según el más reciente informe de Amnistía Internacional sobre el repunte de las detenciones arbitrarias en Venezuela, «en los últimos días, personas involucradas en focos de protesta social, pueblos indígenas y otras personas han sido sometidas a violaciones de derechos humanos que incluyen el uso de detenciones arbitrarias para silenciar y reprimir a aquellos percibidos como contrarios al gobierno de Nicolás Maduro».
El organismo manifestó su justificada preocupación por el auge de este crimen: «Las organizaciones de la sociedad civil venezolanas estiman que alrededor de 300 personas se hallan detenidas por motivos políticos en la actualidad en Venezuela. Estas mismas organizaciones contabilizan miles de casos de personas que han sido transitoriamente detenidas, pero que ahora cuentan en su contra con medidas de restricción de su libertad, sin estar propiamente bajo la custodia de las autoridades venezolanas».
Igualmente, el informe detalló: “Las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela también han cumplido el objetivo de silenciar a quienes denuncian irregularidades, injusticias y corrupción por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Esta táctica pretende acallar a quienes alcen su voz para señalar los abusos y las arbitrariedades del gobierno. Este tipo de detenciones se han documentado en torno a familiares y víctimas de violaciones de derechos humanos, activistas y personas defensoras de derechos humanos”.
Amnistía Internacional denunció, además, que “las autoridades venezolanas suelen utilizar las detenciones arbitrarias para desarticular o desactivar focos de protesta social. Estas detenciones pueden ocurrir en el marco de la protesta, o en contra de quienes las convocan y organizan”.
Subrayó un caso específico, pero bastante representativo, de los abusos de la dictadura chavista: “En los últimos años, el aumento de detenciones arbitrarias contra personas pertenecientes a asociaciones gremiales o sindicatos de trabajadores ha sido patente. Ejemplo de ello fue la detención de Rubén González, sindicalista de la Ferrominera del Orinoco, y también del ex dirigente sindical de Petróleos de Venezuela (PDVSA) Guillermo Zárraga, quien se encuentra detenido arbitrariamente desde 2020, enfrentando cargos de ‘terrorismo’ y con una situación alarmante de salud”.
En otro ítem, el informe se refirió a los ataques a sindicalistas de la Siderúrgica del Orinoco (SIDOR): “El 11 de junio de 2023 trabajadores de la empresa pública protestaron por el cumplimiento y la mejora del convenio colectivo vigente entre los trabajadores y la empresa. Al retirarse de la manifestación dentro de la siderúrgica, y que tenía carácter pacífico, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) interceptaron a Leandro Azócar, Juan Cabrera y Daniel Romero, pertenecientes al Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y sus Similares (SUTISS)”.
Luego agregó: “Mientras que Juan Cabrera fue puesto en libertad horas después de su detención, organizaciones locales informaron a Amnistía Internacional que el paradero de Azócar y Romero estuvo desconocido por ocho días, por lo que podría haberse constituido una desaparición forzada, hasta que el 20 de junio de 2023 la defensoría del pueblo les hizo llegar información sobre que habrían sido trasladados a la capital, Caracas, y se encontrarían detenidos en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Boleíta, en la capital Caracas”.
“Organismos internacionales como la Misión Internacional e Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU (MIIDH) ha documentado los crímenes de derecho internacional y las violaciones de derechos humanos que ocurren en este centro de detención, y ha denunciado ampliamente los patrones de tortura a los que han sido sometidas las personas que son trasladadas a este centro de reclusión”, resumió Amnistía en cuanto al tratamiento que suelen recibir los detenidos.
Finalmente, concluyó que «el uso de medios judiciales para implementar estas medidas represivas pareciera exponer la falta de independencia judicial y, por lo tanto, la urgente necesidad que la rendición de cuentas en Venezuela sea liderada por los mecanismos de justicia internacional, como podría ser la Corte Penal Internacional o la jurisdicción universal por parte de terceros Estados».
Fuente: albertonews.com
