La Corte Penal Internacional, a través de la Sala de Cuestiones Preliminares, le dijo a Nico que no iba a acceder al informe de la sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones, el cual recoge casi 9.000 testimonios de víctimas del régimen chavista, quienes solicitan seguir con las investigaciones por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
El alto tribunal internación señaló que “La Sala no otorgará a Venezuela tal autorización en el presente caso. El Informe VPRS transmite las opiniones y preocupaciones de las posibles víctimas. En esta etapa, ninguna víctima ha sido admitida para participar en el proceso y, por lo tanto, el nivel de respuesta previsto por Venezuela no se justifica en la etapa actual”. Agregando que “La Sala no considera necesario recibir comunicaciones adicionales de Venezuela o de cualquier otro participante en este procedimiento”.
La petición intentada por la dictadura chavista a través del canciller del régimen, Yván Gill, exigía un plazo hasta el 30 de mayo para responder a las acusaciones. Sin embargo, para muchos se trató de una vulgar maniobra para acceder a las identidades de las víctimas y poder, así continuar con la ya conocida política de amedrentamiento y represión que el chavismo utiliza para silenciar a la disidencia política.
Para reconocidas ONG como Acceso a la Justicia y Provea, al régimen socialista no le interesa investigar y mucho menos castigar a los responsables por crímenes de lesa humanidad cometidos por las autoridades estatales, colectivos y fuerzas de seguridad leales al gobierno.
Entre los delitos a los que se le acusa a la gran gama de esbirros al servicio del indocumentado se tiene torturas, actos inhumanos, violaciones sexuales, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, persecución por motivos políticos y otras violaciones de DD. HH.
Entre las víctimas de estos delitos se encuentran activistas sociales y ambientales, profesionales de la salud, defensores de los derechos humanos, jueces, funcionarios de la judicatura, abogados y cualquier otro que pueda representar una amenaza para el indocumentado y sus cómplices.
Ante la respuesta de la CPI a las pretenciones de Nicolás Maduro & Cía., la ONG Acceso a la Justicia expresó: “El informe de la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones no contiene informaciones que identifiquen a las víctimas y/o cualquier otra persona u organización que haya participado en el proceso. Además, el gobierno de Venezuela no tiene ni tendrá acceso a los documentos presentados por las víctimas”.
Una excelente noticia para los venezolanos de que a pesar de las amenazas sufridas, están dispuestos a plantarle cara al régimen asesino de Nicolás Maduro.
Fuente: elnacional.com
