Hoy martes, la ONU reveló una verdad tan grande como el mundo: el régimen chavista es culpable de crímenes de lesa humanidad contra el pueblo venezolano. Y en este delito están incursos políticos y militares rojos-rojitos. El indocumentado no debe estar muy contento hoy.
Este martes 20 de septiembre, en una actualización sobre la realidad de Venezuela, la Organización de Naciones Unidas, ONU, reveló que los jefes de los servicios de inteligencia en el país eran responsables de crímenes de lesa humanidad por la manera tan brutal con la que reprimen a la disidencia venezolana. También se determinó que esta represión fue ordenada de manera directa por el dictador Nicolás Maduro y sus cómplices en el régimen socialista que él dirige.
El documento señala que «El presidente Nicolás Maduro y otras autoridades de alto nivel (…) fueron los artífices en el diseño, implementación y mantenimiento de una maquinaria para reprimir a la disidencia». Una de las acusaciones más contundentes que se le ha lanzado al indocumentado.
Agrega el documento que «El Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y a sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual». Una realidad incontablemente denunciada por las víctimas directas, sus familiares y las diferentes ONG defensoras de los derechos humanos que laboran en Venezuela.
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Se acusa, directamente, a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) de ser los epicentros de este tipo de irregularidades contra la población civil venezolana.
En el caso del SEBIN, el verdugo mayor sería su director general, Gustavo Enrique González. También se señala como responsable de estas violaciones a Carlos Alberto Calderón, quien fuera director del Helicoíde entre 2014 a 2018, y a su número dos, con quien laboró durante esos cuatro años, Ronny González.
En el caso de la DGCIM, las acusaciones se centran en el director general, Iván Rafael Hernández, así como otros esbirros involucrados en crímenes violentos: Rafael Antonio Franco, Hannover Esteban Guerrero y Alexander Enrique Granko. Este último también está acusado de asesinar de manera cobarde a Óscar Pérez, ex miembro del CICCP, a pesar de haberse entregado. En este suceso también fueron masacrados todos quienes acompañaban a Pérez y quienes, también, se habían rendido.
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El informe de la Misión de Investigación de la Organización de Naciones Unidas, ONU, para Venezuela, fue presentado por su presidenta, Marta Valiñas. Dicho informe fue enfocado en dos premisas: el papel de la cadena de mando dentro de las fuerzas de seguridad y su responsabilidad, y las violaciones que fueron cometidas de manera específica en el estado Bolívar, crímenes ejecutados por funcionarios y no funcionarios del estado.
Misión de la ONU denuncia que torturas en la DGCIM y el Sebin no son actos aislados en Venezuela, sino parte de una maquinaria y de un plan del Gobierno para reprimir la disidencia.
— PROVEA (@_Provea) September 20, 2022
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Expresó Valiñas que se pudo comprobar que la violencia desatada no tuvo nada de azar. Al contrario, las acciones llevadas a cabo por la DGCIM y el SEBIM «fueron parte de una maquinaria diseñada y plagada para ejecutar el plan de gobierno para reprimir la disidencia y cimentar su propio control de poder». Aclaró que «Este plan fue orquestado al más alto nivel político, encabezado por Nicolás Maduro y apoyado por otras altas autoridades».
Muy graves acusaciones, todas ellas completamente documentadas, que podría convertirse en otro dolor de cabeza para el dictador y para todos sus allegados. Sea como sea, ya quedó en evidencia la responsabilidad del indocumentado y sus huestes en crímenes de lesa humanidad. Lo importante ahora es saber qué sucederá ahora y si los venezolanos podremos aspirar a recibir, luego de más de veinte años de pesadilla rojita, algo de justicia y paz.
Redacción: Juan Pablo Peñaloza
