Aunque la inversión para importar respiradores mecánicos aumentó 25% durante el primer año de la pandemia de COVID-19, la adquisición de los equipos fue asumida por el sector privado, no por el Estado.
El régimen venezolano apenas cubrió el 9% de la demanda de ventiladores durante la emergencia del COVID-19, pese al grave déficit de equipos en las unidades de cuidados intensivos de todos los hospitales públicos, según el reportaje de Runrunes y El Pitazo denominado «Contratos investigados».
La expansión de la pandemia en el país tomó por sorpresa a las autoridades, cuyas medidas improvisadas tuvieron escasos resultados. La administración de Nicolás Maduro se encontró en medio de la pandemia con una red hospitalaria deprimida por la ineptitud y corrupción chavista, con insuficientes médicos e insumos, y sin ventiladores mecánicos en muchas de las UCI, indispensables para atender a los pacientes con síntomas graves de COVID-19.
En cuanto a las camas para cuidados intensivos, con sus respectivo personal médico intensivista, ventiladores y equipos de soporte vital, Venezuela arrastraba un déficit del 37,6% antes de la pandemia: «La situación de disponibilidad funcional de camas no ha mejorado actualmente», afirmó José Félix Oletta, exministro de Salud.
Desde marzo de 2020, los funcionarios de Maduro han notificado más de 500.000 casos y más de 5.700 fallecidos por COVID-19. Sin embargo, la Academia Nacional de Medicina y otras sociedades médicas dudan de las cifras oficiales por la inexistencia de pruebas que permitan confirmar los casos.
En los primeros meses de 2020, con la inminente llegada de la pandemia, colegios de médicos y de enfermería de todo el país denunciaron la inoperatividad de las salas de cuidados intensivos por falta de equipos, insumos, médicos y enfermeras intensivistas.
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Maritza Moreno, presidenta del Colegio de Médicos del estado Bolívar, declaró que cada centro hospitalario tenía diez cupos en sus respectivas UCI: «Pero, con los años, debido a la falta de mantenimiento de los equipos y enfermeras especializadas, quedaron inhabilitadas. Por la pandemia, se abrieron dos camas con ventiladores en la emergencia, pero no había personal para atenderlas. En el estado, solamente hay una cama con ventilador en el hospital Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar. Hay una crisis grave de las terapias intensivas en el estado y esto lo sabe la Defensoría del Pueblo».
El estado Zulia fue la región más golpeada por el COVID-19 durante el 2020. El Hospital Universitario de Maracaibo, principal centro de salud de la entidad, contaba con apenas ocho camas en cuidados intensivos, una cantidad muy pequeña dado el número de pacientes con dificultad respiratoria que ingresaron diariamente: «En el hospital, además de no tener camas suficientes, no había agua, fallaba la electricidad y no se contaba con el personal sanitario completo para atender la situación», apuntó Daniela Parra, presidenta del Colegio de Médicos del Zulia.
En una investigación realizada por los médicos Alejandro Risquez y Blanca Márquez, publicada en febrero de 2020, se detalló el plan del Ministerio de Salud de abordaje del COVID-19, en el que se seleccionaron 45 hospitales del país como centros centinela para recibir a los pacientes contagiados. En ellos, las autoridades dispusieron 206 camas de cuidados intensivos para los pacientes críticos. No obstante, 104 camas, más de la mitad, no tenían respiradores y en 11 estados no había ni una cama con respirador.
Al respecto, un informe de la OPS publicado de 2020, perteneciente al Programa Subregional para América del Sur, indicó que Venezuela tenía una densidad de ventiladores mecánicos de 0,30 por 100.000 habitantes, siendo el país de la región con menos equipos de los diez que fueron monitoreados por el organismo.
A pesar de la prolongada crisis sanitaria, actualmente atendida por organismos internacionales, la importación de ventiladores mecánicos en el país no se detuvo en los últimos tres años.
El sector privado invirtió dinero en la compra de nuevos equipos y el régimen recibió respiradores de sus países aliados, pero se desconoce el funcionamiento de los aparatos y su distribución en los centros de salud, así como el tipo de convenio al que llegó el gobierno con esas naciones.
La información pública disponible demuestra que con su inventario de ventiladores, el Estado venezolano escasamente cubrió el 9% de la demanda de cupos con respiradores que el país requiere.
Por su parte, el sector privado destinó cada vez más dinero para adquirir ventiladores mecánicos entre 2020 y 2021. Según los datos de ImportGenius (con estadísticas sobre el tráfico y comercio marítimo), las aduanas venezolanas registraron un crecimiento en la importación de estos equipos en los últimos tres años: 35.762 dólares en 2019; 613.206 dólares en 2020 y 767.897 dólares en 2021. Es decir, el dinero para adquirir ventiladores aumentó 25,2% en el primer año de la pandemia y en más de 2000% con relación al 2019, año previo a la pandemia.
Las compras del 2022 han disminuido debido al efecto que tuvo la aplicación de las vacunas contra el COVID-19 en la reducción de casos graves de coronavirus y en el número de hospitalizaciones.
Las clínicas incrementaron su capacidad en las salas de cuidados intensivos con la llegada de los nuevos equipos de ventilación. Durante los primeros meses de la pandemia, el Gobierno unió esfuerzos con las clínicas privadas para atender a los enfermos con dificultad respiratoria grave y así reducir el colapso registrado en los hospitales centinela.
En paralelo, el Gobierno recibió unos 80 ventiladores mecánicos de China y Turquía en 2020, según el resumen de la información oficial disponible. Adicionalmente, El Vaticano donó cinco respiradores más. Pero aún así, el Estado no pudo corregir el déficit de respiradores que afecta desde hace más de diez años a los hospitales públicos.
Hasta el momento, el régimen ha instalado y reparado aparatos por medio de una empresa estatal llamada Corporación Nacional Venezolana de Servicios Tecnológicos Para Equipos de Salud S.A. (VenSalud), creada en 2014.
VenSalud, adscrita desde 2016 al Ministerio de Salud, es una empresa que tiene como fin instalar, mantener y reparar los equipos de salud de la red asistencial de Venezuela. El medio digital El Pitazo registró una base de datos con la información publicada por VenSalud en su cuenta Twitter y encontró que la empresa ha revisado, al menos, 106 ventiladores mecánicos en los últimos dos años.
Según los datos recogidos por el equipo a cargo del reportaje, de los 106 ventiladores, la mayoría fueron instalados en hospitales de Aragua (23) y Mérida (18).
En agosto de 2022, VenSalud publicó que, en el transcurso del año, había reparado y reincorporado 2.158 equipos médicos, sin especificar la cantidad de respiradores. Ese mes, indicó que el Taller Nacional de Electromedicina, con apoyo de la OPS, revisó 40 ventiladores mecánicos de la marca suiza Hamilton T1, y comprobó que 39 estaban en buen estado.
De los ventiladores donados o comprados, 26 son de la marca china Aconmed VG70. La llegada de estos aparatos al país coincidió con los anuncios de las donaciones de equipos e insumos provenientes del gigante asiático, en 2020.
Desde China también llegaron ventiladores de las marcas Mindray, Micomme ST-30H y Shangrila 590p. Desde Turquía, arribaron respiradores de la empresa Biyovent. Además, se identificaron aparatos de la marca alemana Drager, modelo Savina 300, y Heinen+Lowerstein, modelo Elisa.
La limitada información sobre los respiradores que recibe el Gobierno venezolano crea dudas sobre la calidad de los mismos. Rodrigo Mijares, ingeniero de la Universidad Simón Bolívar (USB), aseguró que el régimen no cumple los pasos para certificar los ventiladores mecánicos: «Tanto la USB como la UCV son instituciones que deben revisar los equipos que importa el Estado para que Contraloría Sanitaria dé la certificación; pero eso ya no ocurre, por lo que no sabemos la calidad de esos equipos».
Mijares relató que, en el marco de la pandemia, la Fundación de Investigación y Desarrollo de la Universidad Simón Bolívar (Funindes USB) inventó un ventilador mecánico básico con capacidad para atender un 80% de los casos de COVID-19; pero el Ejecutivo no apoyó el proyecto, lo que habría reducido gastos de importación y mantenimiento.
Redacción: Alicia Salazar
