Cuando la dictadura chavista cerró la frontera, en agosto de 2015, esto se realizó en medio de múltiples violaciones a los derechos humanos, principalmente en contra de los ciudadanos colombianos que tenía años residiendo en el lado venezolano. Desde entonces, estos delitos han permanecido inexplicablemente ocultos sin que las víctimas tengan la más mínima esperanza de recibir justicia.
El violento cierre de la frontera, ordenado por el dictador Nicolás Maduro, fue llevado a cabo con el típico ensañamiento y violencia que identifica a los organismos represivos del régimen socialista. No sólo se trató de deportaciones a la fuerza: también se registraron caso de marcaje de las casas al estilo nazi, destrucción de viviendas y abuso sexual.
Walter Márquez, reconocido historiador tachirense, ha sido uno de los principales críticos e investigador de esta situación, llegando a denunciar que en estos casos no se ha llevado a cabo ninguna investigación ni se ha determinado responsabilidad por tales crímenes.
Señala Márquez que «Hay documentado todo lo sucedido en 2015 donde hubo deportaciones forzosas, desplazamientos forzosos, la destrucción de más de 200 viviendas en el sector La Invasión en San Antonio del Táchira. Abuso sexual por parte de las Fuerzas Armadas contra mujeres colombianas y también detenciones arbitrarias. Estamos de acuerdo con la reapertura de la frontera, pero sin impunidad».
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Tales declaraciones están relacionadas con lo dicho por el mandatario colombiano Gustavo Petro, quien habló sobre la necesidad de investigar las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante el periodo de cierre de la frontera. Márquez, quien es diputado emérito, solicitó al gobierno neogranadino que investigue la cadena de mando que propiciaron estos delitos, la cual incluye al propio Nicolás Maduro.
El historiador recalcó que el régimen socialista ha estado violando los derechos humanos en la frontera desde el 2015, cuando se prohibió el tránsito binacional y se bloquearon las relaciones comerciales. Señaló que tales delitos se encuentran debidamente documentados.
Para Walter Márquez, «Es importante que se investiguen todos los crímenes que se han cometido hasta el día de hoy en las trochas, la gran violación de derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad. Todo eso debe ser investigado. El presidente Petro debe crear una comisión de alto nivel, asumir la defensa de las víctimas y crear una comisión de la verdad».
Informó el historiador que durante el cierre de la frontera, él llevó adelante una investigación sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas por las autoridades venezolanas en contra de la población colombiana. Incluso denunció a dichos funcionarios por delitos trasnacionales.
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Lo recolectado se concentró en un informe el cual entregó a la Fiscalía de Colombia. La Fiscalía lo pasó a la Cancillería colombiana y esta lo remitió a la dictadura para que se encargaran de investigar. Como vemos, esto equivalía a pedirle al criminal que se investigue a sí mismo.
Márquez confesó que se sintió «… delatado porque todos los argumentos jurídicos se los enviaran al gobierno de Nicolás Maduro. Eso lo hizo la Fiscalía colombiana. Hay expedientes precisos y en vez de investigar los delitos, se lo pasaron al gobierno de Nicolás Maduro. Cerraron la investigación en Venezuela, cerraron la investigación en Colombia, cerraron la investigación en la Corte Penal Internacional por orden de la fiscal anterior y es hasta ahora que el nuevo fiscal quien pidió la apertura».
Es de esperarse que en esta ocasión, con los comentarios expresados por Gustavo Petro, se pueda llevar adelante la necesaria investigación que lleve ante la justicia a aquellos que ordenaron y ejecutaron las barbaridades cometidas contra la población vulnerable de la frontera.
Redacción: Juan Pablo Peñaloza
