Cada 5 años, la ONU realiza el Examen Periódico Universal (EPU) de los derechos humanos de sus Estados-Miembros. Este 2022 le tocó a Venezuela, lo que permitió realizar una radiografía sobre la precaria situación de las universidades en el país, la continua violación de los derechos humanos de sus trabajadores y el cercenamiento continuo de la libertad académica. Un panorama en el que la dictadura, nuevamente, demostró su total incompetencia.
A nivel internacional, la libertad académica es reconocida como un derecho humano autónomo e independiente, al mismo nivel que la libertad de expresión, el derecho a la educación y el del pensamiento, para nombrar algunos. Derechos que están relacionados con otros, como el derecho a la salud en caso de pandemia. Es por todo esto que tal derecho está vinculado en forma directa a la democracia y al desarrollo.
Aula Abierta, junto con otras organizaciones, presentó un informe 2016-2021, enfocado en las violaciones a la libertad académica, la autonomía universitaria y el derecho a la educación superior en Venezuela. Allí se denuncia las prácticas del régimen en contra de la libertad académica y la autonomía en el país, las cuales se desarrollan a través de un sistema de «educación superior paralelo», planteamiento con el que buscan crear un pensamiento único, afín con la dictadura, al tiempo que destruyen el eficiente sistema educativo heredado de la democracia.
Asimismo, se denuncia que desde 2016, el Consejo Nacional de Universidades, CNU, ha atentado contra la autonomía universitaria al imponer autoridades no calificadas, además de otras prácticas impulsadas por entes del Estado.
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Una de estas prácticas es la imposición del proyecto ideológico socialista. Ejemplo de esto es el plan «Redimensión del Sistema Nacional de Ingreso Universitario», adefesio con el que se pretende vincular las carreras universitarias con proyectos socialistas de supuesto desarrollo económico y social. Esto significa que el estado decidirá que carrera cursarán los estudiantes.
El Examen Periódico Universal de la ONU, se basa en la igualdad de todos los países. Los Estados evaluados reciben recomendaciones de otros Estados, guardándose el derecho de seleccionar los compromisos que desea adoptar en pro de los DD. HH. de sus conciudadanos.
La evaluación realizada sobre Venezuela en enero de 2022, durante el Tercer Ciclo del EPU, permitió un conjunto de recomendaciones para el país. Por desgracia, aunque era de esperarse, la dictadura de Nicolás Maduro apenas «tomó nota» de 48 recomendaciones, sin asumir ningún compromiso para su cumplimiento, lo cual es igual a decir que no piensa cumplirlas. Por otra parte, el régimen rechazó 59 recomendaciones bajo el argumento de ser «sesgadas, confusas, políticamente motivadas, elaboradas sobre bases falsas y contrarias al espíritu de cooperación y respeto que debe prevalecer en el EPU».
De estas recomendaciones rechazadas por el chavismo, 2 tratan de la autonomía universitaria y los derechos de los universitarios. Uruguay, por ejemplo, sugirió «poner fin a la intervención en las universidades y otros institutos de enseñanza superior», y «transformar sin demora el sistema paralelo de universidades no autónomas para que alcancen la plena independencia y la libertad académica».
Bangladesh, Brunéi, Corea, Eswatini, Filipinas, Omán, Rumania, Santa Sede, Singapur, Países Bajos, Tanzania y Uruguay también aportaron 12 recomendaciones específicas en cuanto a la libertad académica, el derecho a la educación de calidad en cualquier nivel y los derechos laborales de los universitarios. Es irónico que la dictadura chavista, que se hace llamar «socialista» asumiera 12 compromisos voluntarios, aunque ninguno de estos tiene que ver con el derecho a la educación.
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A pesar de la actitud negacionista del régimen dictatorial de Nicolás Maduro, quedó en evidencia a nivel internacional la grave crisis por la que está pasando la educación superior en Venezuela y la educación en general en todos sus niveles. Ante esto, es imprescindible exigirle al régimen 5 puntos esenciales.
Cesar toda política y práctica que amenace o viole la autonomía de las universidades, sin distinción alguna, y garantizar la igualdad de trato a todas las instituciones existentes de educación superior, públicas y privadas.
Cesar las prácticas discriminatorias dirigidas a imponer un modelo ideológico único en el sistema de educación superior venezolano, en particular prácticas como la limitación de las ofertas académicas y financiamiento de investigación a los objetivos previstos en el Plan de la Patria.
Cesar la práctica de asfixia presupuestaria y hacer el máximo esfuerzo para ofrecer a todas las universidades públicas, sin discriminación alguna, acceso a un presupuesto estable, suficiente y autónomo, que garantice el derecho a estudiar en instituciones con infraestructuras físicas, docentes, técnicas y científicas adecuadas y de calidad.
Garantizar el derecho de los profesores universitarios a un salario y a condiciones de trabajo dignas, a la contratación colectiva y a la libertad de colegiatura, para que puedan dedicarse al desempeño de sus funciones profesionales de enseñanza, labor intelectual e investigación; y garantizar el pleno ejercicio de los derechos laborales de los profesores universitarios y la progresividad de estos.
Abstenerse de restringir el ejercicio de la libertad académica, de pensamiento, de expresión, de reunión y asociación, de profesores, estudiantes y personal universitario, garantizando que toda opinión pueda ser expresada sin temor a discriminación o represión por parte del Estado.
Redacción: Juan Pablo Peñaloza
