En todo juicio que se considere legal, el acusado puede ser condenado sólo si se demuestra su culpabilidad más allá de cualquier duda. Esto en países democráticos. Bajo la dictadura venezolana, casi siempre al acusado ya tiene condena incluso antes de ser detenido. Este es el caso de Juan Requesens, un joven político opositor a quien la cobardía chavista quiere convertir en ejemplo de lo que le sucederá a todo aquel que se atreva a retarla.
En una demostración más de que el sistema judicial en Venezuela sólo existe para justificar los caprichos de Miraflores, este 4 de agosto la jueza Hennit Carolina López Mesa dictó sentencia contra Juan Requesens, ex-legislador opositor, a quien se le acusa de participar en un supuesto “atentado” contra Nicolás Maduro realizado en 2018.
Al joven opositor se le impone una sentencia de 8 años de cárcel, a pesar de que, según lo asevera el abogado defensor, la Fiscalía «no pudo demostrar» que Requesens tuviera alguna relación con los 7 delitos que se le imputan.
El director de Foro Penal, Gonzalo Himiob, publicó en su cuenta de Instagram que habían sido «Condenados todos los acusados del caso del supuesto intento de magnicidio. A Emirlendris Benítez y Yolmer Escalona les fue impuesta la pena máxima de 30 años de prisión. El Sr. José Eloy Rivas también fue injustamente condenado a 20 años de prisión».
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Recordemos que el 4 de agosto de 2018 se ejecutó un supuesto “atentado” contra el dictador Maduro, hecho que muchos consideran en realidad un auto-atentado con el objetivo de acusar a representantes de la oposición y justificar, así, su detención. Como resultado de este presunto montaje, resultaron heridos siete miembros de la Guardia Nacional que participaban en el desfile.
Llama poderosamente la atención que el dron explotó muy convenientemente a distancia segura del dictador y sus secuaces, por lo que todos ellos resultaron ilesos. Saque sus conclusiones.
Cuatro días después del “atentado”, la fiscalía chavista pidió al TSJ chavista una sentencia que permitiera retirarle al parlamentario su inmunidad, proceso que fue aprobado rápidamente por la írrita Asamblea Nacional Constituyente manejada, al igual que la fiscalía y el tribunal, desde Miraflores.
Requesens, de 33 años, fue detenido, siendo acusado de siete cargos: conspiración, traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de frustración, lanzamiento de artefacto explosivo, terrorismo, daños violentos a la propiedad, asociación para delinquir. Curiosamente, los mismos cargos se repite contra los demás imputados.
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Joel García, abogado del ex-parlamentario de oposición, señaló que «Requesens fue condenado a ocho años por el delito de conspiración. En las próximas horas me reuniré con su familia para próximas acciones». Aclara que la Fiscalía «no pudo demostrar la responsabilidad en ninguno de los siete delitos» de los que se acusa a su defendido. Insiste que ante esto, el detenido debió ser absuelto de inmediato y puesto en libertad. Sin embargo, como bien señala, «… nuestra Justicia está secuestrada».
Martha Tineo, coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, JEP, advierte que el régimen ha manipulado todo desde el inicio. Asegura que desde el momento en que Requesens fue detenido «el proceso estuvo minado de violaciones a los derechos humanos y al debido proceso». Esto incluyó «terribles torturas y tratos crueles» los cuales fueron cometidos contra la «mayoría de los acusados».
Además de Juan Requesens, también fueron imputados cuatro militares; el sargento primero Juan Monasterios, los generales Alejandro Pérez y Héctor Hernández, así como el coronel Pedro Zambrano.
Desde el momento del dudoso “atentado”, el dictador Maduro señaló a «la ultraderecha venezolana en alianza con la ultraderecha colombiana» de estar detrás de este hecho. Incluso llegó a responsabilizar a Juan Manuel Santos, su ex aliado y presidente de Colombia para el momento.
Redacción: Juan Pablo Peñaloza
