Todos los gobiernos totalitaristas se inventan sus conspiraciones y sus enemigos, y luego enjuician a inocentes para mantener la mentira. Este es el caso el supuesto «atentado» contra el usurpador Nicolás Maduro en el que se hizo uso de un dron. Un «atentado» que para muchos no es tal y que ha llevado a prisión a un grupo de venezolanos inocentes.
Al parecer, el próximo 4 de agosto podría finalizar la farsa con forma de juicio que la dictadura está llevando contra 17 personas quienes han permanecido presas durante 4 años, lo que es una violación al Código Orgánico Procesal Penal. Pero como todos sabemos, a la «justicia rojita» lo que menos le importa es respetar las leyes.
El abogado y ex-fiscal general venezolano Zair Mundaray utilizó sus redes sociales para advertir sobre la «olla» que el régimen de Nicolás Maduro está montando en este caso. Señala Mundaray que «La dictadura ordenó al Sistema de Justicia culminar, luego de 4 años, el juicio del llamado caso del dron, el mismo en que el Ministerio Público ya ofreció la condena a Maduro de forma pública desde hace varias semanas… Para complacer al poder pretenden sacrificar a 17 personas».
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Este ha sido un juicio que se ha caracterizado por las denuncias sobre brutales torturas con las que las autoridades venezolanas han obtenido declaraciones auto-incriminantes. Más aún, estos mismos torturadores han fungido como testigos en el juicio oral y público, hecho denunciado por los acusados. Imposible más cinismo rojito.
Estas no son las únicas aberraciones presentadas con la complacencia de los jueces cómplices. También se da el caso de que no existe individualización de conductas, por lo que la mayoría de los detenidos son acusados de los mismos crímenes. Algo ridículo. Además, los detenidos han pasado 4 años tras las rejas, cuando el Código Orgánico Procesal Penal señala en su artículo 230 que las detenciones no pueden extenderse por más de dos años. En el colmo de lo absurdo hay que aclarar que dicho código fue recientemente reformado por el propio régimen. La dictadura y sus bufones no respetan ni sus propias reglas.
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Más aún, en el ordenamiento jurídico venezolano se indica que cualquiera puede presenciar un juicio, algo que no sucede en este caso. De manera abusiva, le fue prohibido el ingreso al circo, es decir, al tribunal, a los familiares, al personal diplomático acreditado en Venezuela que deseaban hacer un seguimiento al caso y a cualquier otra persona que no fuera complaciente con la dictadura.
Los hechos arriba descritos, y otros más, demuestran sin lugar a duda una confabulación por parte de los esbirros de Nicolás Maduro para condenar a inocentes en el dudoso «atentado» con el dron. Algo que, dada las características y el comportamiento de los presentes, más parece un montaje mal ejecutado que un verdadero asalto.
La ausencia de Estado de derecho en el país, así como el guion con que el régimen utiliza para condenar a los que le enfrentan, ha llevado a diferentes organizaciones defensoras de los Derechos Humanos a solicitar que la Corte Penal Internacional documente esta perversión de la justicia, clara demostración del nulo respeto del régimen por la ley y ejemplo de lo que es la fracasada «justicia» en un estado fallido como es la Venezuela chavista.
Redacción: Juan Pablo Peñaloza
