Luego de venderse como una ideología enfocada en la protección del obrero en Venezuela, el chavismo ha demostrado ser su peor enemigo. Prueba de esto son los 40 líderes sindicales asesinados entre 2015 y 2020, en plena dictadura de Nicolás Maduro. Muertes sin investigación ni culpables; el tipo de impunidad con la que el chavismo protege a sus brazos armados.
Según el informe presentado por el Observatorio para la Defensa de la Vida, ODEVIDA, titulado «Violencia contra líderes sindicales: el retroceso de la clase obrera en Venezuela», entre 2015 y 2020 fueron asesinados por lo menos 44 líderes sindicales.
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Durante este tiempo fueron registrados por lo menos 82 casos de violencia en contra de los defensores de los derechos laborales y líderes sindicales, violencia que desembocaron en los 44 asesinados reseñados (53,66%). Se presume que por lo menos en uno de estos casos está involucrado el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, CICPC.
El 34,15% de los casos de violencia desembocaron en detenciones arbitrarias (28 detenidos). El 6,10% (6 afectados), involucran casos de amenaza e intimidaciones. Un 4,88% (4 personas) fueron víctimas de un intento de asesinato y 1 líder (1,22%) fue víctima de los malos tratos. Del total de casos reportados, 4 fueron contra mujeres.
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En cuanto a la actividad de los líderes afectados, 23 de ellos, el 28,05%, eran representantes del sindicato de la construcción, 21 (25,61%), de las empresas básicas en el estado Bolívar. 11 líderes, (13,41%), integran las Centrales Sindicales y 6 (7,32%), a sindicatos de la Administración pública. Otros 4 (4,88%), están relacionados con la industria petrolera; 4 (4,88%), con sindicatos de empresas, 3 (3,66%), con sindicatos de la salud, 3 (3,66%), a sindicatos de las empresas eléctricas. En el 8,54% de los casos, 7 afectados, no hay mayor información.
El Observatorio para la Defensa de la Vida, el cual está integrado por la organización no gubernamental PROVEA, se concentró en investigar las continuas violaciones a los derechos humanos que se comenten contra el trabajador y dirigentes sindicales por parte del sector estatal y paraestatal. Estas violaciones pueden ser cometidas con el apoyo tácito de los poderes públicos, quienes cubren con impunidad los actos que atentan contra el derecho a la vida y a la libertad personal.
Redacción: Juan Pablo Peñaloza
