Mientras el régimen busca tapar la polémica por el avión venezolano-iraní, el caso está lejos de enfriarse y en las últimas horas se sumaron múltiples voces, incluyendo las embajadas de Israel y Estados Unidos.
La CIA y el Mossad tuvieron intercambios formales con la AFI durante la semana del incidente. Una fuente refirió que «fue después del incidente y del escándalo, no antes, (las agencias) fueron a preguntar qué novedades había. Es lógico que lo hicieran, más allá de que supieran todo y más aún, por fuentes propias, pero se estila ir a preguntar, cuando el evento está bajo control nacional. Fue más bien una visita protocolar».
El acercamiento de la CIA y el Mossad tuvo como fin el cotejo e intercambio de la información disponible. De hecho, ambas agencias habían estado operando extraoficialmente en el seguimiento del recorrido del avión. Sin embargo, hay líneas contrapuestas, sobre todo en cuanto a los posibles vínculos del piloto, Ghasemi Gholamreza, con la Fuerza Quds que es un brazo de la Guardia Revolucionaria Iraní.
Esteban Aquino, ministro de Inteligencia de Paraguay, sostuvo que sí existe una vinculación con el grupo. No atribuyó sus declaraciones públicas a las labores de la central de inteligencia que él dirige, sino que se basaron en la información brindada por agencias aliadas. Paraguay mantiene una sintonía perfecta con Estados Unidos y sus instituciones, una relación surgida de años de trabajo compartido en la Triple Frontera.
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En cambio, en el gobierno argentino aseguran lo contrario. Aducen que no se detectaron irregularidades o elementos delictivos en la tripulación y rechazan que pueda existir relación con la Fuerza Quds. Según el presidente: «La verdad es que quisieron mostrar algo que no es… alguna cosa oscura, algún movimiento del Gobierno, que actuó rápidamente y lo han dicho absolutamente todos. No hace falta que nadie más lo diga».
No obstante, existen diferencias entre los distintos organismos del Estado argentino. Mientras el interventor de la AFI, Agustín Rossi, desechaba la idea de una amenaza terrorista y trataba de dar por finalizado el episodio, las fuerzas que llevaron a cabo el operativo sobre la aeronave tenían una teoría distinta: los tripulantes del avión estarían adelantando una operación de inteligencia, probablemente con fines comerciales.
La causa judicial llevada en los tribunales federales de Lomas de Zamora, a cargo del juez Federico Villena y la fiscal Cecilia Incardona, se encuentra en etapa de averiguación del delito, por lo que todavía no hay imputados, pero manejan el espionaje como hipótesis principal.
En un comunicado emitido por la Embajada de Israel se puede leer: «Esta aeronave, que hasta hace poco tiempo era utilizada por la empresa iraní Mahan Air, aterrizó en Argentina llevando a bordo a un grupo de funcionarios iraníes, entre los que se encontraba un alto ejecutivo de la empresa aérea persa Qeshm Fars Air”.
Dos horas después, fue Marc Stanley, embajador estadounidense en Buenos Aires, quien se manifestó sobre el asunto: «Seguimos con gran interés las investigaciones judiciales y policiales de la tripulación y el avión, y agradecemos los esfuerzos investigativos de las autoridades argentinas para esclarecer la situación».
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Estados Unidos mostró cierto conocimiento del tema, aunque evitó dar mayores detalles. Aunque el nombre de Gholamreza coincide con el de un miembro de la Guardia Revolucionaria de Irán, la información recibida por la Justicia no corrobora que se trate de la misma persona. Se pidió información al FBI a través de la Cancillería, de su respuesta quedarán claras dos cosas: la identidad del piloto iraní y la línea política que adoptará Estados Unidos en relación con Irán y Venezuela.
La Justicia argentina tiene confirmado que el avión operó para la compañía iraní Mahan Air, que según Washington es un brazo operativo de la Fuerza Quds y figura en su listado de organizaciones terroristas. El avión fue comprado a Irán por el estado venezolano a través de Emtrasur, filial de carga de la Conviasa, aerolínea sancionada por Estados Unidos desde febrero de 2020.
En el avión viajaban 19 personas, que luego del incidente recibieron prohibición de salida del país y sus pasaportes fueron retenidos. Pese a que la Justicia no los puede investigar hasta que tengan una acusación formal, uno de los tripulantes denunció penalmente a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA): «Se nos entrevistó personalmente a cada tripulante, situación por demás llamativa. Allí se nos indagó sobre quiénes éramos, por qué éramos tantos, el cargo y la función de cada uno, lugar donde nos alojamos, etc. Nunca nos había sucedido con anterioridad», refirió Gómez en la denuncia que pasó a manos del juez Villena.
El tripulante también cuestionó el uso de la fuerza. Declaró que unas 60 personas, con perros antidrogas y antiexplosivos, actuaron sin advertir a la autoridad judicial. Debido a un recambio de autoridades, la AFI estaba virtualmente acéfala antes de la llegada del avión venezolano iraní, lo que, según algunos, propició que los operativos le dieran visibilidad a José Glinski, titular de la Policía de Seguridad Aeroporturaria (PSA) y posible candidato a embajador en Israel. Una voz especializada en servicios de inteligencia opinó: «El problema, o más bien uno de los problemas, es que aquí a veces el pez chico se come al pez grande. Los intereses de personajes secundarios contaminan la escena del crimen».
Redacción: Sebastián Yáñez.
