La dictadura chavista culpó a Uruguay de impedir el sobrevuelo del avión venezolano retenido en Argentina y exigió a las autoridades de ese país explicaciones sobre ese «terrible hecho».
El gobierno de Uruguay respondió que el país actuó «en el marco del derecho» ante las acusaciones del régimen venezolano por vetar el aterrizaje del avión de carga venezolano-iraní, el 8 de junio. La aeronave finalmente descendió en Argentina, donde fue retenida y se encuentra bajo investigación.
Así lo aseguró a la prensa Álvaro Delgado, secretario de la presidencia uruguaya, al ser consultado por el motivo de un comunicado condenatorio del gobierno de Nicolás Maduro. El funcionario sostuvo que fue «una decisión soberana», tras asegurarse de que el avión «tenía combustible suficiente para que no hubiera otro tipo de riesgo».
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De esta manera, Delgado refutó las alegaciones emitidas por las autoridades del régimen en Venezuela, quienes reclamaron que, al no contar con la cantidad de combustible reglamentario, la decisión puso «en grave riesgo la vida de la tripulación» del avión, en el que viajaban 14 venezolanos y cinco ciudadanos iraníes.
Por su parte, el alto funcionario del gobierno del centroderechista Luis Lacalle Pou, fue tajante: «Uruguay actúa en el marco del derecho, quienes firman el documento están en el gobierno en otras circunstancias. Para nosotros, Venezuela está lejos de ser una democracia».
Delgado también resaltó que Uruguay es un país reconocido en todo el mundo por ser «uno de los más altos en calidad de democracia en América Latina, en libertad de prensa y en respeto a la legalidad. Ningún otro de afuera con menos legalidad va a poder endosarnos cualquier responsabilidad».
Luego del comunicado de Venezuela que «rechaza categóricamente el irresponsable manejo que ofreció la autoridad aeronáutica del Uruguay», Luis Alberto Heber, ministro del Interior uruguayo, afirmó durante una rueda de prensa que su país tenía un aviso del gobierno de Paraguay que motivó su decisión.
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La aeronave llegó a Argentina procedente de México el 6 de junio, previa escala en Venezuela, con destino al aeropuerto de Ezeiza. Dos días después despegó hacia Uruguay para cargar combustible, pero tuvo que aterrizar otra vez en Argentina porque aquella nación no autorizó su aterrizaje.
Desde entonces, la Justicia argentina lleva a cabo una investigación para determinar los posibles vínculos de la tripulación con el terrorismo internacional, debido a que uno de sus miembros, el iraní Gholamreza Gashemi, tiene el mismo nombre de un integrante de las Fuerzas Quds, división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, considerada por Estados Unidos como una organización terrorista.
El Boeing 747 Dreamliner de carga, que fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air, actualmente pertenece a Emtrasur, filial de CONVIASA (ambas sancionadas por el Departamento del Tesoro estadounidense), sigue retenido en el aeropuerto de Ezeiza mientras la investigación esté activa.
Redacción: Alicia Salazar
