La próximamente ex-alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, volvió a incomodar a la dictadura de Nicolás Maduro al criticar la continua violación de los derechos humanos, delitos que se han convertido en una constante de la ideología chavista.
Según el último informe presentado por Michelle Bachelet, entre mayo 2021 y abril 2022 se han presentado 166 casos de restricciones indebidas contra la disidencia al régimen del indocumentado, quienes han sido criminalizados y amenazados por el aparato represivo estatal. Así mismo, reportó que durante este mismo periodo de tiempo, se registraron 34 violaciones a la libertad de expresión.
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Dicho informe resumió los múltiples actos de acoso, confiscación de equipos a los profesionales de la prensa, censura y bloqueo de portales de noticias web. También resaltó el uso con fines coercitivos de la legislación antiterrorista y contra el crimen organizado, legislación que es aplicada en contra tanto de periodistas como de activistas pro derechos humanos.
El informe Bachelet, además de los temas anteriores, también denunció el continuo retardo en el sistema judicial, así como las incontables violaciones presentadas al debido proceso, lo que permite criminalizar y hostigar a la disidencia democrática.
Más aún: se determinó que el régimen chavista prosigue con detenciones arbitrarias, las cuales, en algunos casos, concluyen en la tortura del reo. Ante esto, la alta comisionada sentenció que «el miedo y el trauma desalientan a las personas a denunciar las violaciones sufridas».
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Como es tradicional, Michelle Bachete matizó el informe al hablar de las «mejoras» presentadas por el régimen, como la eliminación de las Fuerzas de Acciones Especiales de la policía, las sanguinarias FAES, y una reducción en el número de «muertes en el contexto de operaciones de seguridad que en años pasados». Aunque destacó que «de todos modos, una sola muerte es demasiado».
Sin embargo, para Miguel Pizarro, comisionado por parte del gobierno (e) legítimo para las Naciones Unidas, «hay presuntas acciones pintadas como avances cuando la realidad sigue siendo muy diferente». Señaló que «Si bien en el informe se menciona la disolución de las FAES, también se menciona que una de las muertes documentada por el ACNUDH puede ser atribuida a las FAES. Este es el grupo de exterminio del régimen que sigue operando en el país».
Asimismo, el comisionado reconoció el trabajo realizado por la oficina de la ACNUDH, aunque insistió en que la realidad del país sigue siendo maquillada por el régimen.
Redacción: Juan Pablo Peñaloza
