Hoy en día, chavismo y corrupción se han convertido en sinónimos, no sólo en Venezuela sino en el mundo entero. La manera en la que el totalitarismo banadero que implantó Chávez ha infectado todas instituciones del estado, le ha permitido al usurpador de Miraflores manejar las finanzas públicas como su caja chica personal, sin rendir cuentas a nadie y dilapidando los miles de millones de dólares que los venezolanos necesitan para recuperar algo de la vida digna que disfrutaban en democracia.
El hecho de que Venezuela se encuentre en el sótano de las naciones que luchan contra la corrupción no es un invento de la oposición o disidencia venezolana, ni de los múltiples países que rechazan el régimen del Maduro. Se trata de una realidad que se refleja en el último Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción, CCC, que monitorea la lucha anticorrupción entre los 15 países de Latinoamérica.
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El CCC, publicado por primera vez en 2019, vigila 14 variables claves en la lucha contra la corrupción, como la independencia de las instituciones judiciales, los recursos asignados para combatir a dicha corrupción o la libertad permitida al periodismo de investigación. Parámetros en los que el régimen venezolano ha fallado de manera estruendosa.
El último informe del CCC indica que Venezuela se encuentra a la cola de los países que lucha contra la corrupción en Latinoamérica. Dicho informe denuncia que «la independencia judicial recibió un golpe con el nombramiento de nuevos jueces del Tribunal Supremo de Justicia en abril». Recordemos que la dictadura de Nicolás Maduro designó a un TSJ conformado por magistrados sumisos a la revolución, ubicando a Gladys Gutiérrez, talibana chavista, como su presidenta.
Inmediatamente detrás de Venezuela se encuentra Bolivia, cuyo gobierno convive con la corrupción. Esta poco envidiable posición se debe a que el gobierno boliviano ha retrasado las reformas judiciales que fueron recomendadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, para enfrentar a la corrupción. A esto hay que sumarle que, al igual que Venezuela, el actual gobierno boliviano ha politizado al sistema judicial.
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Prueba de ello es el juicio que se le sigue a la expresidenta Jeanine Áñez, el cual ha sido manipulado de forma descarada con el objetivo de condenarla a 10 años de cárcel, en franca violación tanto de todos los procesos legales como de sus derechos humanos.
En el otro extremo de la lucha contra la corrupción, Uruguay se mantiene como líder anticorrupción en América Latina. Le sigue Costa rica y Chile, posiciones que se han mantenido desde 2020. En contraposición, Argentina, México, Guatemala y Brasil perdieron posiciones ubicándose entre las naciones con un incremento en la corrupción institucionalizada.
Redacción: Juan Pablo Peñaloza
