Desde los tiempos del nefasto Chávez, la violencia ha sido el arma preferida del chavismo para silenciar a quienes les adversan. En el caso de Maduro, esta violencia ha incluido las desapariciones forzadas, procedimiento contrario a los derechos humanos, donde el afectado es literalmente desaparecido por un lapso de tiempo sin que nadie, ni familiares ni abogados, conozcan de su paradero. Una práctica cobarde que se ha convertido en la favorita de la dictadura roja-rojita.
El pasado martes 21 de junio, la ONG Foro Penal y la Robert F. Kennedy Humans Rights publicaron un informe donde denuncian las prácticas violatorias de los derechos humanos con las que la dictadura de Nicolás Maduro amedrenta y persigue a todo aquel que no sea sumiso a sus designios totalitaristas.
De hecho, el indocumentado se apoya en la «justicia penal» venezolana, el brazo de la dictadura que recubre, con una leve capa de legalidad, todas las aberraciones cometidas contra los venezolanos, incluyendo asesinatos (ejecuciones extrajudiciales) en manos de los cuerpos de seguridad.
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Es así como los «magistrados» sumisos a la revolución, criminalizan a quien se atreva a cuestionar a la dictadura, sean personalidades públicas, políticos, activistas de los derechos humanos o civiles, especialmente los jóvenes. No importa si la actividad realizada pro defensa por los DD. HH. sea pacífica: basta con realizar algún reclamo en contra del régimen chavista para ser atacados por los organismos represivos de la dictadura y acabar acusado de incitación al odio e incluso, traición a la patria.
En el informe presentado por Foro Penal y la Robert F. Kennedy Humans Rights, se analizan datos entre enero de 2020 hasta octubre de 2021, por lo que se tratan de cifras previas a la apertura del proceso de investigación abierto por la Corte Penal Internacional contra la dictadura chavista por crímenes de lesa humanidad.
Durante este período de estudio, se evidenció como se ha incrementado de manera alarmante la práctica de «desapariciones forzadas», como arma de represión. Dentro de este contexto, si bien fueron detenidos más hombres que mujeres (410 contra 17), en el caso de las mujeres se evidenció una mayor proporción de desapariciones forzadas.
En cuanto a las edades, el 91,5% correspondió a adultos y 8,5% fueron adolescentes. Del total, 450 son civiles, lo que equivale al 93,6%. Del resto, 11 son militares activos, 14 militares retirados, 4 policías activos y 2 policías retirados.
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Hay que destacar que en esta dinámica, los militares detenidos sufrieron desapariciones forzadas en mayor proporción que los civiles. Mientras que la tasa de desapariciones entre estos últimos fue de 65,33%, entre los militares activos alcanzó un 90,91% al aplicarse esta modalidad violatoria a los DD. HH. a 10 de los 11 militares detenidos. En cuanto a los militares retirados, 12 de los 14 detenidos fueron objeto de dicha práctica, lo que representa un 85,71%.
En referencia al tiempo de detención, esta promedió 220 días en prisión en un 61% de los casos, porcentaje calculado sobre la base de 295 detenidos. Si bien la media de tiempo de detención fue de 31 días, hubo caso de personas detenidas por más de 400 días, lo que afectó el promedio general.
Si bien estas cifras son, como ya se dijo, previa a la apertura de investigaciones de la CPI, la práctica de desapariciones forzadas sigue siendo habitual entre los organismos represivos de la dictadura chavista. Esto que demuestra el total despreció del indocumentado por la ley nacional o internacional, y su evidente disposición de usurpar el poder en Venezuela, cueste lo que cueste.
Redacción: Juan Pablo Peñaloza
