El presidente Joe Biden quiere que la Cumbre promueva la democracia en Latinoamérica y mejore la cooperación en materia de migración, algo imposible de lograr con los gobiernos totalitarios.
Kevin O’Reilly, coordinador de la cumbre, ratificó ante un comité del Senado que Estados Unidos no invitará a los representantes del régimen venezolano, ni de Nicaragua, a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles.
Cuando se le preguntó sobre la participación del dictador venezolano Nicolás Maduro, respondió: «Absolutamente no. No lo reconocemos como un gobierno soberano». Estados Unidos sólo reconoce al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino.
Respeto a la participación del mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, señalado de aumentar el autoritarismo en su país, O’Reilly también dijo «no». Y consultado sobre la asistencia de representantes del régimen cubano, declaró que la Casa Blanca no había enviado ninguna invitación, «que yo sepa».
En los tres países mencionados no hay respeto por los derechos humanos, se ha documentado la existencia de cientos de presos políticos, muchos son torturados en las cárceles, y hay censura y persecución contra la prensa independiente.
Los gobiernos de Maduro, Díaz-Canel y Ortega son denunciados constantemente por organismos defensores de derechos humanos, ONG y la ONU, por sus acciones contra todo aquel que se le oponga.
Venezuela
En marzo pasado, una misión de las Naciones Unidas concluyó que hubo crímenes de lesa humanidad en Venezuela y que «la situación de impunidad debe ser atendida».
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela presentó recientemente al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la actualización oral de su informe.
Marta Valiñas, presidenta de la Misión, manifestó que «hay motivos razonables para creer que en Venezuela hubo crímenes de lesa humanidad». También indicó que «hay una situación de impunidad que debe ser atendida».
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Luego destacó que lo más preocupante son las «violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios de seguridad del Estado» y que «continúa siendo un obstáculo la falta de datos».
Según el último informe de Foro Penal, hay 237 presos políticos en Venezuela. De ellos, 107 son civiles y 130 son militares; además, 222 son hombres, 15 son mujeres y uno es menor de edad.
Igualmente, Gonzalo Himiob, director de la organización, indicó que 9.414 personas se mantienen sometidas a «procesos penales injustos, por motivos políticos, bajo medidas cautelares».
La dictadura venezolana usa brutales métodos de tortura en los centros de detención, por eso nadie confía en los intentos de mostrarse cooperadora con la Alta Comisión de Derechos Humanos, denunció Tamara Suju, activista y directora ejecutiva del Instituto Casla.
«Caja de muñecas» es el nombre de uno de los métodos usados por el régimen en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM): «Colocan a los detenidos en un espacio de 60 cm x 60 cm. Los dejan allí por horas, algunos han pasado hasta tres noches», ilustró el Instituto Casla, en un adelanto del informe sobre las violaciones de derechos humanos en el país.
El escaso espacio hace que los perseguidos políticos detenidos tengan que estar parados y prácticamente sin espacio para sentarse o agacharse sin chocar con las paredes.
La ONG incluyó el testimonio de una víctima de esta tortura, que detalló los tormentos físicos y psicológicos sufridos: «Pasé tres días en esa especie de cajón, sin agua y comida, sin aire, negro completamente, y creí que veía luces y sombras y que me hablaban. Me desmayé tres veces del cansancio, me hice pipí y me aguantaban las paredes, estaba alucinando».
Cuba
La dictadura castrista incrementó la persecución política luego de las inéditas manifestaciones pacíficas que tuvieron lugar el 11 de julio de 2021. Es así como han ocurrido numerosos juicios en los que se condena a largos años de prisión a quienes participaron en las protestas.
El Tribunal Supremo sentenció a más de 120 personas por «subvertir el orden constitucional de forma violenta», con penas de entre 4 y 30 años de cárcel.
La máxima corte de la dictadura en Cuba informó mediante una nota de prensa del el juicio celebrado entre el 14 de diciembre de 2021 y el 3 de febrero de 2022: «El Tribunal ha notificado las sentencias, en las que ha considerado probado y demostrado que el 11 de julio de 2021, en la Esquina de Toyo, municipio de Diez de Octubre, obedeciendo instrucciones impartidas por personas tanto desde Cuba como desde el exterior».
También fueron «acusados de cometer y provocar graves disturbios y hechos vandálicos, con el propósito de desestabilizar el orden público, la seguridad colectiva y la tranquilidad ciudadana».
La ONG Prisoners Defenders denunció que 1.218 personas han sufrido prisión política en Cuba del 1 de mayo de 2021 al 30 de abril de este año: «En este momento concreto, con cierre de datos a fecha 30 de abril de 2022, la lista de presos políticos de Cuba contiene 1.015 prisioneros sufriendo condenas judiciales, así como también disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial alguna, en flagrante violación de la ley internacional y el debido proceso».
Nicaragua
El dictador Daniel Ortega llevó a cabo múltiples arrestos en el marco de las elecciones presidenciales del 7 de noviembre de 2021 y sus coletazos todavía repercuten. Actualmente, más de 170 críticos del régimen están presos en Nicaragua desde las manifestaciones del 2018, según sus familiares y organismos de derechos humanos.
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Entre los 46 fueron detenidos poco antes de las elecciones de noviembre, están incluidos los siete potenciales candidatos contrarios a Ortega, quien terminó ganando su cuarto mandato consecutivo desde 2007 sin verdaderos contendientes, razón por la que es considerado ilegítimo por la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y la mayoría de los países latinoamericanos.
Emily Mendrala, subsecretaria adjunta para las Américas en el Departamento de Estado, dijo que la administración de Biden continúa presionando por la liberación de los presos políticos: «El régimen encarceló a estas personas por querer nada más y exigir nada menos que democracia, justicia y respeto por los derechos humanos».
Denunció no sólo los «encarcelamientos injustos», sino también las «condiciones deplorables» de los privados de libertad, incluyendo la negación de acceso a la representación legal y atención médica.
Desde diciembre de 2017, Estados Unidos ha sancionado a 46 personas y nueve entidades nicaragüenses, entre ellos a varios miembros del clan Ortega Murillo, reconocidos por sus corruptos manejos.
La feroz y casi paranoica cacería que Daniel Ortega desató contra posibles candidatos presidenciales opositores, culminó hace un mes con condenas de 8 a 13 años de cárcel contra todos los detenidos.
En septiembre de 2021, una encuesta de la firma CID-Gallup reveló que el 65% de los nicaragüenses habría votado por cualquiera de los siete precandidatos encarcelados y solo el 19% lo hubiese hecho por el dictador.
Por su parte, los familiares de los presos políticos denunciaron la saña del régimen contra ellos al mantenerlos con escasas raciones de comida, aislados, con visitas cada dos meses y sin derecho a hablar con sus abogados.
Por estas razones, cualquier gobierno democrático y representativo tiene la obligación moral de negarse a dialogar con estas dictaduras, que no sólo violan sistemáticamente los derechos humanos, cierran cualquier espacio a la crítica y persigue a los que levantan la voz contra sus abusos, sino que han mostrado un descarado desprecio a las exigencias internacionales de claridad y justicia.
¿Acaso la Cumbre de las Américas va a ser mejor con representantes de esta catadura moral? Por supuesto que no, un no rotundo.
Redacción: Alicia Salazar
