En marzo de 2021, con el afán de monopolizar esta actividad, el régimen decretó que será considerado estratégico todo material reciclable. Desde entonces, se persigue a desvalijadores y chatarreros por igual.
En Maracaibo, capital del estado Zulia, decenas de jóvenes buscan todos los días entre la basura unas cuantas piezas de hierro que puedan vender en chatarrerías y así conseguir algunos dólares que les permitan alimentar a sus familias.
Génderson es uno de ellos. Espera en la orilla de una cañada que una máquina remueva la mayor cantidad posible de desechos acumulados en este lugar. Cuando sea su turno, se sumergirá en la insalubridad para buscar chatarra, el oro de los pobres que ahora deben soportar que las autoridades los acusen de mafiosos.
La venta de chatarra se ha disparado en los últimos años, por lo que los funcionarios del gobierno encendieron las alarmas y comenzaron a perseguir a los desvalijadores que, para vender los metales, han estado destrozando bienes y servicios públicos, con el daño colateral de que perjudican la imagen de los chatarreros.
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Génderson no se siente un criminal, desde los 13 años de edad no conoce otro oficio, ahora tiene 22 y sale diariamente a buscar entre los desperdicios: «Uno se ayuda con eso», dice.
La venta de chatarra pasó de ser una forma de ganarse la vida a un acto vandálico. El alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, trata de marcar diferencias entre los conocidos recolectores urbanos y quienes roban materiales de instalaciones públicas y privadas.
Asegura que incluso los que buscan entre la basura le generan un problema a la ciudad, pues se aglomeran tantos en medio de las limpiezas de las cañadas, llevadas a cabo por la Alcaldía, que terminan interrumpiendo estos trabajos. Por esa razón, las jornadas ahora son custodiadas por los cuerpos policiales.
En cuanto a los desvalijadores, aquellos que sustraen las tapas de las alcantarillas o desarman las barandas de las vías públicas ponen en peligro a los ciudadanos.
El pasado 23 de abril, el dictador chavista Nicolás Maduro prometió «mano de hierro» contra las «mafias» que se dedican al contrabando de estos materiales. Sin embargo, Ramírez no ha detectado ninguna organización mafiosa dedicada a esta actividad, pero asevera que sí existe un negocio «que no beneficia principalmente a quien se lleva el producto», personas como Génderson.
El alcalde detalló: «No es el que debe obtener la mayor ganancia. A él se la deben pagar para efectos de obtener un volumen que permita exportarlo, venderlo, llevárselo a alguien (…) lo importante es determinar quién recibe ese material».
En San Félix, estado Bolívar, José empuja con dificultad una carreta, junto a dos de sus hijos, hasta el vertedero de Cambalache, donde hurga entre la basura para encontrar residuos de cobre y hierro.
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José, nombre ficticio a petición suya, en un buen día consigue hasta un kilo de chatarra que vende en unos 109 dólares, ingreso que necesita para comprar comida para su numerosa familia. Pero no es lo habitual, son muchas las veces en las que se tiene que ir con las manos vacías, sin chatarra y sin dinero.
En Bolívar, estado minero de Venezuela, muchos pueblitos y comunidades indígenas viven de la chatarra que extraen al desvalijar empresas o zonas forestales cercanas. Todos corren el riesgo de ser detenidos por las autoridades.
En los primeros dos meses del año 2022, más de 213.000 kilos de chatarra fueron incautados, según la Fiscalía, y se han emprendido acciones contra aquellos que vandalicen instituciones del Estado para tal fin.
En resumen, el gobierno cambió las reglas de juego para los chatarreros. La monopolización estatal del negocio es un hecho que convirtió la chatarra en oro. Algo especialmente sensible y complejo en un país que el régimen socialista hundió en la pobreza extrema.
Redacción: Alicia Salazar
