En muchos casos, la devolución es más un problema que una solución, ya que la mayoría no tiene los recursos financieros necesarios para reparar lo destruido por los chavistas.
El abusivo «exprópiese» de Hugo Chávez pasó a la historia como una frase icónica. Lo que representó desesperación y angustia para muchos empresarios y productores, terminó adquiriendo una connotación casi cómica para los demás.
Lo que pocos notaron fue la política chavista, entre 2005 y 2012, de vulnerar el derecho a la propiedad privada. El virtual «robo» de activos y su distribución al pueblo funcionó a corto plazo para conseguir votos, pero destruyó irresponsablemente el tejido industrial y empresarial del país, algo que todavía estamos pagando.
Cada vez que el populista mandatario pronunciaba el famoso «exprópiese» durante una cadena o acto público, arruinaba toda una vida de trabajo duro y contribuía con el desastre económico que acabó en crisis humanitaria; mientras los lamebotas reían y aplaudían.
Ana Carrasquero, coordinadora del Observatorio de Derechos de Propiedad de Cedice Libertad, aclaró que la expropiación debería ser una garantía jurídica de la propiedad, ya que de esta manera el Estado reconoce al propietario y le paga un precio acorde estipulado por la ley.
Sin embargo, el régimen utilizó otro mecanismo en todas las tomas ejecutadas contra propiedades privadas, mediante el cual no pagaba compensación al propietario, lo que se conoce en realidad como expoliación.
Las prácticas empleadas por Chávez cerraron más de 500.000 empresas, llevaron a la industria a un cuarto de su capacidad y redujeron el tamaño de la economía una quinta parte de lo que era en 2013.
Por eso, fue noticia que el pasado 17 de marzo Alfredo Cohen, presidente de la Constructora Sambil, firmase un documento para recuperar la propiedad del Sambil de La Candelaria, expropiado por Chávez a mediados de 2008.
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De hecho, muchas propiedades empiezan a ser devueltas después de una década de abandono. Los incapaces chavistas, que ofrecieron potenciar la producción de estos activos, fallaron estrepitosamente. Ahora, el nuevo rumbo es reintegrar lo que quedó y relegarle al golpeado sector privado la responsabilidad de devolverles la operatividad.
La Asamblea Nacional oficialista trabaja con una lista de 50 empresas expropiadas que pronto serán devueltas a sus legítimos propietarios, según el diputado Luis Eduardo Martínez, vicepresidente de la Comisión de Diálogo.
Para llegar a esta posibilidad, el diálogo ha sido primordial. Fedecámaras, Consecomercio y Conindustria han mantenido reuniones con la Comisión de Diálogo y otras instancias del Gobierno, presentando como exigencia el avance en la devolución de las propiedades tomadas.
Sin embargo, el régimen nunca mostró interés en llevar un registro público de las empresas que expropiaron con el paso de los años. A pesar de que los anuncios de Chávez se hicieron con bombos y platillos, el procedimiento operativo fue completamente hermético. Incluso, se ejecutaron otras tomas no anunciadas, por ende, es difícil tener una cifra precisa de cuántas vulneraciones a la propiedad privada se han cometido durante los gobiernos de Chávez y Maduro.
El Observatorio de Derechos de Propiedad de Cedice Libertad ha intentado hacer un seguimiento de la situación. Según sus registros, entre 2012 y 2021 se cometieron 1.630 violaciones de la propiedad privada bajo seis figuras jurídicas distintas.
Se normalizó que el Gobierno ya no se refiriese a las expropiaciones. La palabra insigne del difunto Chávez fue sepultada por Maduro, en cambio, las ocupaciones, fiscalizaciones, intervenciones y otros se siguen practicando bajo cuerda.
De hecho, cuando se calculan las vulneraciones a la propiedad privada que no necesariamente implican apropiarse de los activos, las cifras son mucho más preocupantes. Se estiman unos 154.674 ataques bajo cinco figuras jurídicas.
Reparar el error no se resume a devolver una propiedad. Tiziana Polesel, presidenta de Consecomercio, defiende la imperiosa necesidad de resarcir los daños causados a los afectados: «No se trata sólo de regresar la propiedad. Si la arrebataron y, durante el período en el que no fue de su propietario legítimo, la propiedad sufrió daños, debe haber una reparación, algún mecanismo por medio del cual el daño sea resarcido».
Es más, hay casos específicos en los cuales los dueños no desean la devolución de la propiedad. Esto obedece a que recuperar sus bienes acarrea más problemas que soluciones, ya que es mucho lo que deben invertir para volver a la operatividad que tenían antes de ser expoliados. En otros casos, los propietarios ya fallecieron o se encuentran fuera del país.
Polesel valora positivamente la reposición de la propiedad privada, pero opina que no es viable sin un método transparente mediante el cual las personas perjudicadas conozcan qué deben hacer para recuperar sus activos.
Con la finalidad de impulsar un mecanismo que hiciera posible la reparación de daños, Cedice Libertad introdujo en 2016 un anteproyecto de ley titulado Ley Especial de Restitución y Garantía de la Propiedad Privada ante la Asamblea Nacional. Fue revisado en primera discusión, pero ahora la facción chavista no tiene ninguna intención de considerar la propuesta.
El instrumento tiene como premisa tanto el reconocimiento de las «graves violaciones a la propiedad privada cometidas por el Estado venezolano desde 2001», como la creación de «mecanismos jurídicos que permitan el efectivo restablecimiento y reparación plena de los bienes materiales e inmateriales correspondientes a derechos de propiedad vulnerados».
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El chavismo se ha planteado una devolución según sus propios términos y condiciones, con el afán de captar la inversión extranjera, recuperar la producción nacional y restituir a como dé lugar su reputación internacional. No obstante, esta etapa podría ser más compleja de lo que creen.
Claro que para muchos afectados por el despojo de su propiedad, esta iniciativa del régimen es esperanzadora, al menos tienen la oportunidad de recuperar algo de lo que consiguieron gracias a su esfuerzo.
Por lo tanto, la devolución es deseada, incluso manteniendo silencio como si fuese un crimen recuperar lo que legítimamente les pertenece: «Hay mucho miedo en este movimiento de devolución. Cuando hablas con las víctimas, afirman que no pueden decir, que es mejor mantenerse callados porque es lo que les han pedido», expresó Carrasquero.
Si la opacidad y la desconfianza alcanza ese punto en lo interno, la percepción no es demasiado distinta desde afuera. Aunque la intención del Gobierno sea generar confianza para atraer inversores internacionales, la reputación no se recupera de la noche a la mañana devolviendo algunas empresas.
El año pasado, Venezuela fue considerada como el segundo país que más irrespeta la propiedad privada en el mundo, sólo por detrás de Haití, según la Alianza de los Derechos de Propiedad.
Carrasquero concluyó: «El tema no es sólo que haya puntuales mejoras en la economía o que tengamos devoluciones. ¿Qué pasa con el Estado de derecho? ¿La democracia? ¿La libertad? Son condiciones necesarias para el crecimiento, el bienestar, el desarrollo y la generación de riquezas de un país».
Redacción: Alicia Salazar
