A los diputados se les niega visitar a los yanomamis secuestrados por el chavismo

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El próximo viernes 20 se cumplen dos meses del asesinato de 4 indígenas yanomamis por disparos de efectivos militares en Parima B, estado Amazonas. Y lo único que se sabe es que uno de los heridos, quien también es testigo fundamental para este caso, se encuentra en poder de la dictadura junto con su hermano, secuestrados en Caracas, sin permitírseles hablar con su propio abogado. ¿Pretenderá el régimen encubrir el acto criminal de los militares manipulando a los testigos y a las evidencias? Veamos.

Según Olnar Ortíz, defensor de los DD. HH. capítulo indígena del Foro Penal, Gabriel Silva y Jorge Sifontes, miembros de la comunidad yanomami que fue baleada por efectivos militares casi dos meses atrás, se encuentran «detenidos arbitrariamente» en el hospital militar Dr. Carlos Arvelo en Caracas. Desde su traslado forzoso del centro de salud en el que se recuperaban en el Amazonas al hospital militar en la capital, se les tiene prohibido salir del hospital o recibir visita de sus familiares.

Es tal la opacidad con la que las FANB chavista maneja los asesinatos cometidos por sus tropas, que ni siquiera le permiten a los diputados nacionales indígenas conversar con los yanomamis, según lo denuncia Otilio García, coordinador de la Confederación Indígena del estado Amazonas, COICA. Una acción que se puede tomar como un secuestro o desaparición forzada.

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García también reveló que desde el pasado fin de semana «están trasladando materiales desde La Esmeralda a Parima B». Aunque no precisó qué materiales estaban ingresado a esa zona, escenario del conflicto que este viernes 20 cumple dos meses.

Según el coordinador de la COICA, el régimen está llegando a un acuerdo que involucran a un grupo de indígenas, al gobernador de Amazonas y al alcalde del municipio Alto Orinoco, aunque advirtió que los indígenas firmantes no son representantes reconocidos de los yanomamis. Asevera García que el único representante legal es el «capitán» Sabino.

Por su parte, Olnar Ortiz denunció que a pesar de la muerte de cuatro yanomamis, entre ellos una mujer, y de haber resultado otros heridos, entre ellos uno de los jóvenes retenidos en el hospital militar Dr. Carlos Arvelo en Caracas, no hay ninguna acusación contra los militares responsable de estos asesinatos en Parima B.

Informó que durante las investigaciones, funcionarios del CICPC recolectaron 165 casquillos de bala en el lugar de los hechos, lo que apunta a la actuación de los militares. Sin embargo, a pesar de estos elementos, los militares asesinos están libres. Algunos de los integrantes del grupo involucrado en el ataque a la comunidad Yanomami fueron ubicados en otros fuertes.

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También insistió en la incompetencia de la Fiscalía 4ta y 5ta del Ministerio Público en el estado Amazona al asegurar que no pueden procesar sin autorización del nivel central. Antes todos estos hechos, a todas luces irregulares, no descarta plantear el caso al Presidente del Circuito Judicial Penal. Quizás allí encuentre una mayor receptividad para atender este grave caso.

Ya el defensor de los derechos humanos introdujo, el jueves 12 de mayo, una «medida de emergencia» en favor Gabriel Silva y Jorge Sifontes, testigos del homicidio de los 4 yanomamis, a la espera de poder contar con algo de justicia para los jóvenes secuestrados por la dictadura chavista.

Redacción: Luis González

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