A nadie puede sorprenderle que la exfiscal Luis Ortega Díaz sea objetivo permanente de los ataques del chavismo. Ha sido por sus oficios que se han descubierto innumerables delitos cometidos desde Miraflores y es una de las principales artífices en la apertura de las investigaciones que la Corte Penal Internacional tiene contra el indocumentado. Ahora, tal parece que se está utilizando a la justicia colombiana para hacer cumplir la obsesión del chavismo de lograr su detención.
Desde España, país donde reside y al que le ha solicitado asilo político, la exfiscal hace referencia a una acusación que se está gestando en su contra dentro del sistema de justicia colombiano.
Señal Ortega Díaz que «Está ocurriendo que la Fiscalía 127 local de Bogotá pretende iniciar una investigación en mi contra supuestamente por haber calumniado una persona de nombre Ricardo Morón. Esta persona es propietaria de una empresa que se llama constructora Cresmo. Me denunció en Colombia porque yo supuestamente informé a los venezolanos y al mundo que los propietarios de esa empresa, Iris Varela y el hijo de Nicolás Maduro estaban siendo investigados por el Ministerio Público venezolano a mi cargo».
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Aclaro que «Me denuncia por haber dicho que esa empresa fue la que Iris Varela designó a dedo para que construyera un centro penitenciario. Y le dieron 45 millones de dólares a Iris Varela para esa obra». Advirtió que tales instalaciones nunca se realizaron y que «… el dinero tampoco se devolvió, por lo que la Fiscalía venezolana, cumpliendo un mandato constitucional, le abrió una investigación en el año 2016. Luego de mi salida precipitada en el 2017, no se pudo continuar. Pero, para aquel momento, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo pusieron todos los obstáculos para que el Ministerio Público no investigara eso».
Aclara la exfiscal que confía en las instituciones de justicias de Colombia. Acota que «Yo no sé si las autoridades de Colombia están al tanto de esta situación, pero sin duda es algo que debe preocupar no sólo a ese país. Ricardo Morón es un venezolano que ni siquiera vive en Colombia , sino que vive en Venezuela. Reclama que su honor ha sido mancillado en Colombia, pero yo me pregunto: ¿qué pasa con la vida, la integridad personal, la dignidad, el honor y la reputación de dos millones de venezolanos que producto de estos hechos de corrupción están en la pobreza extrema y con gran dolor y sufrimiento se vieron obligados a irse a Colombia?».
Advierte Ortega Díaz que «Los países del mundo deben estar muy alerta sobre las pretensiones que tengan los que se dicen autoridad en Venezuela porque pueden mandar a personas interpuestas a denunciar a cualquier persona. Esa puede ser una práctica consecuente».
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También aprovechó para aclarar su permanencia como fiscal general de Venezuela. Señaló que su cargo se extendió hasta diciembre de 2021 por parte de la AN legítima. En cuanto a William Saab, este fue designado como fiscal de manera irregular por parte de la Asamblea Nacional Constituyente de Maduro, una asamblea que violó disposiciones en la Constitución de Venezuela, tanto en su origen como en sus funciones.
«Lo que diga Maduro y quienes detentan el poder en Venezuela no se le puede creer. Ellos mienten. Solo hay que ver lo que hicieron con el Tribunal Supremo de Justicia, la designación de los magistrados. Muchos de esos magistrados no tienen los requisitos para ser magistrados. Violan la ley», agregó.
Sobre este tema, señaló que «El artículo 74 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia dice, de manera clara, que es un sólo período de 12 años cuando los están eligiendo para otro período, no importa que hayan estado 5, 6, 10 o 12 años, pero es clara la ley. Eso no tiene interpretación. Pero hay magistrados que van a tener ahora dos períodos, cómo se entiende eso. Ellos acomodan las leyes a su conveniencia».
La exfiscal denunció que «La designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia está tan viciada como la designación de los magistrados exprés del año 2015. Eso muestra el desprecio que tiene la autocracia madurista hacia la Constitución y las leyes. Lo único que les importa a ellos es evitar ser juzgados y mantenerse en el poder».
Redacción: Luis González
