Si hay un tema que en verdad incomode al chavismo en todos sus niveles, es el de la presencia de la CPI en Venezuela y la apertura de su oficina en la capital. A pesar de la colaboración por parte de la fiscal colaboracionista Fatou Bensouda, a quien se le acusa de sabotear el proceso de investigación por crímenes de lesa humanidad en favor de la dictadura chavista, la investigación abierta por el fiscal Karim Khan es una amenaza que el indocumentado no pudo anular, a pesar de todas las trampas ideadas para aparentar una justicia que no existe en el país.
Para los expertos en el campo de las leyes presentes en el foro virtual «Mandato de la oficina de la CPI en Caracas y Extensión del Mandato de la FFM en Venezuela», es vital la continuación de la Misión de Determinación de Hechos en Venezuela, así como la investigación de la Corte Penal Internacional.
Al dar inicio al foro, la directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Carolina Girón, resaltó la relevancia de la investigación impulsada por los mecanismos de la Misión. Considera que la apertura de una oficina de la CPI en Venezuela, dentro de un organismo del estado, sería una manera práctica de verificar si el Estado está dispuesto a hacer justicia.
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Humberto Prado, director del Observatorio Latinoamericano y del Caribe de Prisiones (OLACP), considera de gran relevancia la permanencia de la Misión de Determinación de los Hechos. Dicha afirmación la sustenta ante la contundencia de los dos últimos informes presentados que aportan elementos que entran en la competencia de la Corte Penal Internacional. Algo de valor incalculable en la búsqueda de la justicia para las víctimas.
En el marco del referido foro, Michelle Reyes, consultora en Derecho Penal Internacional y ex coordinadora regional para las Américas de la coalición por la CPI, consideró, como algo sin precedentes, el acuerdo que permitió la apertura de las investigaciones por parte de la Corte Penal Internacional en Venezuela.
Aseveró que es la «Primera vez que se abre con un memorándum de entendimiento de por medio. Ha sido un proceso de mucha actividad y una sociedad civil muy activa, esto ayudando a la Corte a determinar los parámetros de principios de complementariedad que se deben cumplir, tomando en cuenta las pruebas de cooperación presentadas por el Estado, que se determinaron que no cumplían con los parámetros».
También afirmó que la labor de la CPI ha sido facilitada por el trabajo de diferentes organismos. Dio como ejemplo el impacto generado por la Misión en su primer informe y cuando develó el deficiente estado de derecho en el país, según los elementos de complementariedad establecidos por el Estatuto de Roma. Esto demostró el total alejamiento del Estado a las directivas de dicho mandato.
Carolina Girón, directora del OVP señaló que luego de las dos fases y los dos informes presentados dentro de las investigaciones contra el régimen «Igual, se generaron dudas o temores, pero lograr el compromiso de cooperación es importante, y sobre todo que ese nivel de cooperación pueda continuar».
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Se resaltó que la negativa del fiscal Kraim Khan para inhibirse, según fue solicitado por el régimen socialista, permitirá la continuidad de las investigaciones. Para el abogado Fernando Fernández, este hecho es una muy buena noticia para las víctimas y sus familiares. Recalca el abogado que se trata de un paso más en la dirección correcta a pesar de las trampas armadas por el régimen para hacer creer que había cambios que avalaban una verdadera justicia. Algo que se pretendió con la reforma del COPP.
En cuanto a Katya Salazar, directora ejecutiva de la fundación para el debido proceso «DPLF», la Misión de Determinación de Hechos es un apoyo imprescindible en cuanto a la documentación que denuncian crímenes contra los DD. HH., algunos de los cuales son considerados crímenes de lesa humanidad.
La información recopilada presionará al régimen a presentar una rendición de cuentas clara. No sólo ante la CPI sino frente a otras jurisdicciones internacionales. Aclara Salazar que «En estos momentos hay más de 100 casos abiertos por corrupción en Venezuela, en otros países».
Sara Fernández, coordinador de incidencia internacional del Centro de Justicia y Paz (CEPAZ) señala en relación con este punto, que «La obtención de información, todo lo que hemos podido saber sin el trabajo de la Misión, no hubiera sido posible. No lo hubiésemos podido tener». Hizo énfasis en los patrones de violaciones a los DD. HH. que se mantienen en Venezuela, lo cual ha permitido determinar a los culpables, así como el nombre de los ejecutores.
Redacción: Luis González
