La contaminación de los ríos Cuyuní y Chicanán, vías fluviales de vital importancia para los indígenas, está perjudicando el modo de vida de este vulnerable sector de la población.
Cerca de 2.500 indígenas pertenecientes a seis comunidades de las etnias karina, pemón y akawaio, asentadas en el municipio Sifontes del estado Bolívar, sufren las consecuencias de la contaminación de los ríos Cuyuní y Chicanán, causada por el impacto medioambiental de la práctica indiscriminada de la minería ilegal.
La información forma parte de un reporte elaborado por la ONG Kapé Kapé, una organización dedicada a monitorear las comunidades indígenas en la amazonía venezolana. Los indígenas han tenido, principalmente, efectos en la salud por consumir agua contaminada de los ríos y considerables pérdidas en sus cosechas.
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Kapé Kapé señaló que los mineros ilegales acceden a los ríos para sus actividades a través de la población de El Dorado: «Si bien la minería ilegal data desde hace mucho tiempo, la afectación ha aumentado gradualmente llegando a zonas que antes no habían sido intervenidas, donde se pueden observar incontables campamentos a lo largo de estos ríos».
Igualmente, reportaron que la contaminación en los afluentes se produce de diversas formas: por medio de balsas o dragas, grandes equipos que «pertenecen en su mayoría a mineros de origen guyanés y brasileño», y por los denominados cortes a cielo abierto, con intervenciones que destruyen de manera irreversible los suelos y la vegetación. La ONG protectora de los indígenas acotó: «En ambos casos la arena es colocada directamente a las aguas».
Según la información aportada por los indígenas, el río Cuyuní parece tener los mayores niveles de contaminación, puesto que se ha alterado el color y la calidad del agua. Notaron que ahora tiene un color rojizo y una marcada turbidez por la presencia del barro removido.
La ONG alertó sobre la preocupante situación: «Si no se controla la actividad minera tal como se lleva a cabo, en poco tiempo la navegación por estos ríos no podrá realizarse debido a que las grandes masas de arena expulsadas directamente a los ríos, habrán cambiado y obstaculizado el curso normal de las corrientes de agua, lo cual no permitiría la movilización de las comunidades indígenas que usan estos ríos, tanto para actividades de pesca y caza, como para trasladarse a los centros rurales a abastecerse de alimentos e insumos».
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Debemos recordar que la proliferación de la actividad minera ha sido posible gracias a la anuencia del régimen chavista con Nicolás Maduro a la cabeza, con la creación del Arco Minero del Orinoco en 2916, un proyecto extractivista que ha desatado duras críticas y continuas denuncias de grupos defensores de la Amazonía.
También cabe destacar que la contaminación no es el único problema que asola a las comunidades indígenas. Cientos de minas ilegales son operadas por grupos armados irregulares que ejercen un control despiadado de «sus zonas», aplicando castigos en contra de cualquiera que se oponga a sus designios e intereses.
Redacción: Alicia Salazar
