El régimen dictatorial de Nicolás Maduro no ha podido engañar al fiscal de la CPI Karim Khan sobre los supuestos «avances» en la «justicia» venezolana, por lo que esta corte internacional proseguirán las investigaciones por crímenes de lesa humanidad. Ante este fracaso, tal parece que el chavismo está optando por acallar a los denunciantes para hacer creer que, en Venezuela, sí hay «justicia».
Delsa Solórzano, dirigente de oposición, denunció que el régimen estaría buscando que las víctimas de crímenes de lesa humanidad retiren sus denuncias ante la Corte Penal Internacional. Aseguró que esto se hace con el objetivo de que, con el retiro de las denuncias, «demuestre» que en Venezuela sí se está «haciendo justicia».
Señala Solórzano que «El régimen está pretendiendo, a través de otros artilugios, evadir la justicia, para lo cual están contactando a las víctimas de crímenes de lesa humanidad». Indica que esta presión se ejerce sobre las víctimas de los crímenes ocurridos durante las manifestaciones de 2014 y en especial, las víctimas de 2017.
«Les piden que cierren los casos, para decir que se hizo justicia», expresó la exdiputada. Aunque no presentó pruebas sobre esta acusación, fue enfática al afirmar que el régimen busca «disminuir el número de casos y así también decirle a la Corte que se está haciendo justicia en Venezuela».
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«Nosotros hacemos un llamado a las víctimas para que estén atentos a esto», agregó.
Recordemos que el régimen socialista solicitó oficialmente a la Corte Penal Internacional que dejara las investigaciones de estos crímenes en manos de las autoridades chavistas. Tal solicitud fue realizada sobre la base de que la justicia ya está investigando, o ya ha investigado, los crímenes de lesa humanidad que son competencia de la CPI.
El fiscal informó sobre dicha solicitud a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, según lo establece el Estatuto de Roma. Así mismo, presentó una petición ante la Corte Penal Internacional para reanudar las investigaciones de dichos crímenes de lesa humanidad contra la población venezolana.
El fiscal Khan, a «llegado a la conclusión de que no se ha presentado nueva información (por parte de Caracas) que justifique una revisión». La solicitud para proseguir con las investigaciones incluirá más información sobre las víctimas, de sus representantes legales y de otras partes involucradas en el caso. Ya dependerá de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CP determinar los pasos a seguir una vez reciba la solicitud del fiscal.
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Para empeorar aún más el panorama de la dictadura, la Red de Documentación de Crímenes de Lesa Humanidad de Venezuela (Red-CLH) agregó 36 nuevos casos, los cuales fueron remitidos a la Fiscalía de la CPI. Esto eleva a 50 los casos enviados al tribunal.
Esta ONG ha documentado más de 300 casos de violaciones de derechos humanos a partir de 2014, muchos de los cuales cumplen con los requisitos que establece en Estatuto de Roma sobre crímenes de lesa humanidad. El régimen de Nicolás Maduro ha estado en el radar de la CPI desde 2018, luego de las denuncias presentadas por la brutal represión del régimen contra las manifestaciones antigubernamenales de 2017, las cuales finalizaron con saldo de varias muertes.
Estos casos fueron ignorados durante años por la «justicia» del régimen, la cual se encargó de cubrir tales hechos con un velo de impunidad oficialista, como una manera de proteger a aquellos que utilizan la violencia y el asesinato para mantener a la dictadura en el poder.
Redacción: Luis González
