La dictadura socialista de Nicolás Maduro solicitó ante la CPI, aplazar la investigación que se tiene abierta al régimen chavista por crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, el Fiscal General Karim Khan rechazó dicha solicitud, preparándose para pasar a otra fase en la investigación que desnudará las atrocidades cometidas por el chavismo en la tiranía más brutal e inhumana que Latinoamérica haya conocido.
El régimen chavista insiste en su mentira de poseer un sistema judicial eficiente e imparcial que, según ellos, «está investigando o ha investigado a sus nacionales u otros dentro de su competencia respecto a presuntos hechos punibles contra los derechos humanos en concordancia con la información facilitada» en diciembre de 2021.
Sin embargo, en una comunicación desclasificada del fiscal Karim Khan, se señala que, en realidad, la dictadora no «adjuntó material de respaldo». En su lugar, el fiscal destaca los «nueve informes que había presentado previamente a la fiscalía desde 2020 durante el examen preliminar de la situación».
Recordemos que en noviembre de 2021, el fiscal de la CPI, Karim Khan, ordenó dar inicio a las investigaciones formales del régimen venezolano por presuntos crímenes de lesa humanidad. Además, rubricó un «memorando de entendimiento» con el dictador Maduro, el cual se sustentaba en el principio de la complementariedad positiva establecido en el Estatuto de Roma.
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Posteriormente, argumentando problemas presentados a finales de año y las limitaciones de movimiento impuestas por la pandemia, la fiscalía de la CPI le dio al régimen socialista de Miraflores tres meses para informar sobre los avances realizados en relación con las investigaciones de los crímenes de lesa humanidad denunciados en Venezuela, algo que el cómplice fiscal de la dictadura, William Saab, se empeñó en ocultar.
Ante esto, la fiscalía del CPI rechazó la petición presentada por la dictadura. En su lugar, solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para reanudar las investigaciones que se realizan al entorno de Maduro por crímenes de lesa humanidad cometidos contra la población venezolana.
Adicionalmente, también solicitó a la Sala «invitar a las víctimas o a sus representantes legales, así como a otros interesados, a formular observaciones». Para este fin, los afectados podrán contar con una oficina de la Corte Penal Internacional abierta en Caracas. La apertura de esta oficina fue dada a conocer en la última visita oficial del fiscal Khan, según un acuerdo al que llegó con el régimen socialista.
Esta noticia fue bien recibida por los defensores de los DD. HH. quienes ven, en la solicitud del fiscal Khan, una posibilidad de que la justicia retorne a Venezuela. Tamara Taraciuk, directora en funciones de las Américas para Human Right Watch (HRW), aseguró que esto representa un «importante avance de la CPI sobre Venezuela». También resaltó lo importante que es escuchar directamente a las víctimas de esos crímenes.
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Por su parte, la defensora de derechos fundamentales y diputada de la AN 2014, Delsa Solórzano, aseguró que, con la acción del fiscal Karim Khan, la CPI «respondió a la dictadura». En un tweed publicado en su cuenta, señaló que «El régimen pidió formalmente detener la investigación. @KarimKhanQC responde que no y anuncia que solicitará formalmente continuar el proceso. La Sala de Cuestiones Preliminares tomará decisión. Es hora de escuchar a las víctimas».
La dictadura de Nicolás Maduro insiste en que se han logrado reformas institucionales dirigidas a fortalecer lo que el indocumentado llama «la capacidad nacional». Como es de esperarse, no ha habido declaraciones del írrito fiscal chavista para quien la CPI no tiene nada que hacer en Venezuela.
Lo cierto de todo esto es que, en argot deportivo, la CPI acaba de meterle el segundo «strike» a la dictadura y sólo queda uno más para poncharlos.
Redacción: Luis González
