No hace mucho, un grupo de venezolanos considerados opositores, solicitó a la administración de Joe Biden que aligerara las sanciones en contra de la dictadura chavista de Nicolás Maduro. Esta petición levantó una polémica entre todos los venezolanos, ya que algunos ven en esta solicitud un esfuerzo en favor del régimen chavista, algo inaceptable para quienes luchan por sacar al indocumentado de Miraflores.
Como era de esperarse, otro sector de la oposición no comparten los criterios ni la solicitud contenida en la nota dirigida al gobierno norteamericano, por lo que decidieron levantar su voz y exponer el porqué se requiere, no sólo mantener las sanciones implantadas hasta ahora, sino incrementarlas aún más como medida de presión.
Por esto, remitieron al presidente norteamericano una carta, donde se le solicita no ser «cómplice de los crímenes» cometidos por la «tiranía venezolana». Esta carta, firmada por opositores de diferentes corrientes políticas y encabezada por Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas, expreso político y ahora exiliado en España, hace referencia a la posibilidad de reanudar el comercio energético entre Washington y Caracas a raíz de la invasión de Rusia contra Ucrania, lo que le permitiría a los Estados Unidos reducir el impacto de la suspensión de compra de crudo ruso.
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En esta nota, 68 firmantes expresan su preocupación por las consecuencias de que el gobierno de Estados Unidos se asocien con «… uno de los regímenes más criminales que ha conocido la historia de la humanidad». Régimen que comenzó con el nefasto Hugo Chávez, padre del infierno en que viven los venezolanos, y continuado por Nicolás Maduro, actualmente en proceso de investigación por crímenes de lesa humanidad.
Los opositores sustentan el rechazo a este tipo de relaciones al hecho de que la dictadura chavista está «en connivencia con el eje ruso, cubano, iraní y coludido con cárteles de drogas y grupos narcoguerrilleros». Ante esto, consideran que Venezuela es «… un narcoestado, por lo tanto, fallido y forajido a la vez».
Los firmantes advierten que «necesidades coyunturales de determinados factores pretenden convertir a las instituciones de EE. UU. en encubridores del asesinato a sangre fría de cientos de ciudadanos». Por ello sugieren al actual presidente norteamericano que evite convertir a su nación en «cómplice de estos crímenes».
Para los opositores que comparten el comunicado con Antonio Ledezma, las sanciones impuestas a nivel internacional contra el gobierno y sus cómplices en los altos cargos deben continuar, ya que permitió limitar «… la capacidad de financiamiento» de la dictadura.
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En cuanto al argumento de hablar de la pobreza crítica y el éxodo de los venezolanos como consecuencia de las sanciones, recalcaron que esto, más que a dichas sanciones, son consecuencia del robo impune del dinero requerido para solventar los problemas del país, desde la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional hasta la red hospitalaria, suministro de agua potable, recuperación de las vías de comunicación, fortalecimiento del sistema educativo, etc.
Acotaron los firmantes que «El robo ha sido descomunal, se asegura que supera los 600.000 millones de dólares». Es decir, si se levantan las sanciones sin modificar el régimen chavista, los ingresos obtenidos desaparecerán en la red de corrupción que ya evaporó el dinero de todos los venezolanos.
Ante esto, solicitan que «se mantengan y profundicen las sanciones personalizadas contra los depredadores de los bienes públicos y contra los responsables de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, más ahora cuando la Unión Europea y EE. UU. las impulsan contra la masacre que ejecuta (el presidente ruso) Vladímir Putin contra pueblo ucraniano».
Entre los firmantes figuran la exdiputada María Corina Machado, el editor Miguel Otero, el excanciller Humberto Calderón, varios exministros, como Carlos Blanco y Virginia Olivo, y el presidente de la Asociación Salvavidas para Venezuela, William Cárdenas.
Redacción: Luis González
