El pasado 20 de marzo, cuatro miembros de la etnia yanomami fueron asesinados por militares venezolanos. Algunos acusan a la Guardia Nacional Chavista, otros la Fuerza Armada Nacional o a integrantes de la aviación. En todo caso, se tratan de elementos castrenses del régimen venezolano. Ahora dos testigos de estas muertes fueron secuestrados por la dictadura de Nicolás Maduro y nadie sabe dónde se encuentran. ¿Justicia roja rojita?
Amnistía Internacional, la reconocida ONG defensora de los derechos humanos, solicitó al régimen socialista que garanticen la vida de dos hermanos yanomamis quienes presenciaron la muerte de 4 integrantes de su comunidad por mano de militares venezolanos.
Como se recordará, el 20 de marzo, un grupo de militares abrió fuego contra una comunidad yanomami, asesinando a cuatro integrantes. Aunque la versión oficial es que estas muertes se debieron a un router que la comunidad le prestó a los militares y que luego estos se negaron a devolverlo, también circula la sospecha de que estas muertes se debieron a la negativa de la comunidad indígena de permitir a los militares buscar oro en un territorio que los naturales consideran sagrado.
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Borges Sifontes de apenas 16 años, uno de los testigos y quien resultara herido de bala, fue trasladado al Hospital José Gregorio Hernández, ubicado en Puerto Ayacucho. Allí fue atendido de sus heridas, siendo acompañado por su hermano, Gabriel Silva, un joven de 19 años quien también presenció la agresión contra la comunidad indígena. Esto los convierten a ambos en testigos de importancia para las investigaciones.
Sin embargo, a pesar de las condiciones del lesionado, el 1ro de abril personas que se identificaron como funcionarios del Ministerio para Asuntos Indígenas trataron de sacarlos del centro de salud a escondidas de Olnar Ortiz, representante legal de los jóvenes y miembro del Foro Penal. Este intento de secuestro no tuvo éxito.
Sin embargo, dos días después, los testigos fueron forzados a abandonar el hospital sin permitirles comunicarse con su abogado, violando sus derechos. Los hermanos fueron obligados a abordar una aeronave que, «casualmente» pertenece al grupo aéreo de transporte número 9 de la aviación, uno de los componentes acusados de disparar contra los indígenas en su territorio.
Ante la presión de Ortiz, abogado de los testigos, el personal militar le indicó que los ahora secuestrados fueron llevados a Maracay, estado Aragua y de allí trasladados en vehículo al Hospital Militar Carlos Arvelo en Caracas. Llama la atención el porqué no fueron llevados directo a Caracas lo que hubiera librado al herido de un innecesario viaje por tierra que podría comprometer su salud.
A pesar de lo dicho por los militares, lo cierto es que Amnistía Internacional no tiene información sobre la razón de tan irregular traslado, las condiciones del herido y su paradero actual. Señala esta organización que «(Esta situación) los somete a desaparición forzada, un crimen de derecho internacional. Tal circunstancia pone a los jóvenes yanomani en altísima vulnerabilidad. Más aún, el adolescente herido no conoce el idioma castellano y sólo puede comunicarse en su idioma ancestral, lo cual agrava su situación de vulnerabilidad», denunció.
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«Por lo tanto, hacemos un llamado urgente a las autoridades venezolanas a garantizar la vida, integridad y libertad de ambos jóvenes yanomami y, en particular, que se haga público el paradero, situación jurídica y motivo de traslado; y, asimismo, que se haga saber tal circunstancia al Foro Penal y su representante para que los acompañen en su representación legal», agregaron.
Así mismo, exigieron la libertad plena para los dos hermanos durante las investigaciones iniciadas por el Ministerio Público, entidad bajo el control de la incondicional ficha de la dictadura chavista, Tarek William Saab. También fue solicitado el tratamiento acorde a su condición física y el trato pertinente a su entorno cultural.
Igualmente, se solicitó que Foro Penal y otros representantes legales de los afectados en este caso, tengan accesos a las actuaciones del Ministerio Público y que el caso sea investigado por las autoridades civiles e imparciales, sin intromisión de las instancias militares.
Redacción: Luis González
