La dictadura socialista de Nicolás Maduro insiste en intentar acallar la verdad atacando a los medios de comunicación. Durante el mes de marzo se registraron más de una docena de estos ataques que buscan imponer la narrativa oficialista a los venezolanos, silenciados las voces disidentes. Una guerra que, a pesar de todas las trampas y amenazas, no podrán ganar.
Sólo durante el mes de marzo fueron contabilizadas en Venezuela 14 casos de limitaciones a la prensa, lo que abarca 18 vulneraciones basadas en la arbitrariedad, intimidación y negativa para acceder a las fuentes noticiosas. Por lo menos así lo revela el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) de Venezuela.
En un comunicado de prensa publicado en su web, este instituto señala que «Durante ese mes (marzo), IPYS Venezuela registró 14 casos que representaron 18 vulneraciones a la prensa, comprendidas en cinco restricciones de acceso a la información, cinco incidentes de discurso estigmatizante, cuatro agresiones y ataques, tres medidas de censura y un acto de uso abusivo del poder estatal».
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Agregó esta ONG especializada en la defensa de la libertad de prensa y el derecho a la información, que fueron 4 los medios de comunicación afectados por el accionar del régimen. Señala que «De los 14 casos de limitaciones a la prensa durante el tercer mes de 2022, 10 de ellos ocurrieron en el entorno tradicional, mientras que cuatro en el de derechos digitales», apuntó la ONG.
Uno de los casos documentados por IPYS es el cierre de Activa 89.3, una emisora ubicada en El Tigre, estado Anzoátegui. Dicha estación «quedó fuera del aire cuando la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) decomisó sus equipos».
En otro de estos hechos, se documentó que instituciones públicas obstaculizan el acceso a la información, como les sucedió, el 7 de marzo, a los periodistas Fabiola Niño, de Televen, Zulma López, de Punto de Corte y Luzfrandy Contreras y Freddy Villamizar, de la Televisora Regional del Táchira (TRT), en el estado Táchira.
La ONG IPYS también llamó la atención al «Proyecto de Ley de Redes» la cual está siendo desarrollando por la Subcomisión de Comunicación e Información del Parlamento, ente que es controlado desde Miraflores. Para IPYS, este instrumento podría transformarse en «un mecanismo más, ejercido desde el Estado, para censurar las libertades informativas en el país».
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Agrega el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela que «Las redes sociales se han convertido en ventanas para acceder a información en Venezuela ante la desaparición de los medios de comunicación tradicionales que han sido perseguidos sistemáticamente por el Estado. Pero incluso en el ciberespacio ha quedado reflejado cómo el poder utiliza instrumentos legales arbitrariamente para silenciar a las voces disidentes».
IPYS no es la única organización que advierte del peligro del control del estado sobre la información. La propia Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, denunció el «recrudecimiento» de las «violaciones a la libertad de expresión» por parte del gobierno socialista, condenando el «bloqueo a medios digitales» y el «uso ilegal de datos personales para acosar a periodistas».
La SIP fue enfática al afirmar que «la implacable persecución contra medios de comunicación y periodistas, así como el bloqueo a los pocos medios que aún publican en internet, ha casi completado el plan de hegemonía comunicacional del régimen, similar al modelo cubano».
Redacción: Luis González
