Según la investigación de la ONG, las comunidades indígenas que viven en el territorio del arco minero no han sido beneficiarias de las políticas mineras de su región.
La Organización No Gubernamental Fundaredes alertó sobre las “constantes violaciones a los derechos humanos” de las comunidades indígenas asentadas en la zona del Arco Minero del Orinoco.
En una nota de prensa, Fundaredes señaló: “El Arco Minero del Orinoco se convirtió en una tierra empañada por la violencia, donde las comunidades indígenas con desplazadas de sus territorios ancestrales, viviendo actividades delictivas dirigidas por grupos que se aprovechan de su condición; vulnerando así los derechos que les corresponde como comunidad indígena”.
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De igual manera, la organización explicó que la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco minero del Orinoco se creó en febrero de 2016 bajo decreto número 2.248. Ocupa un total de 36 áreas protegidas y cuenta con recursos minerales como cobre, oro, diamantes, bauxita, hierro y coltán. Pero también es una zona donde residen diversas comunidades que representan el 2,8% de la población indígena del país.
En detalle, “a lo largo del Arco Minero del Orinoco residen diversos pueblos indígenas que constituyen 2,8% de la población de Venezuela, constituida por los arawacos, wanuikua, kurripaco, piapoco, piaroas entre otros, desplegados entre Amazonas y Bolívar”.
Lamentablemente, los derechos de estos pueblos son maltratados, mientras son “sometidos por grupos armados irregulares” que los utilizan para prácticas de extracción minera que dañan el medio ambiente.
Fundaredes recalcó la injusta situación: “Los hombres de las comunidades indígenas trabajan en las explotaciones de oro, coltán y diamante. Las mujeres también entran a las minas. Pero además se les ve preparando y vendiendo comida, limpiando alojamientos o trabajando en redes de prostitución, esclavismo y trabajo infantil por parte de mineros ilegales, así como la presencia de grupos armados irregulares”.
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Igualmente, aclaró que “no se les ha consultado ni dado el derecho al consentimiento libre, previo e informado para los proyectos de minería que afectan a sus territorios, como requiere el Convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo, un acuerdo del que Venezuela forma parte”.
Fundaredes recordó que la presencia sin controles de la “minería ilegal” en la zona solo “trae nefastas consecuencias para los ecosistemas y los propios indígenas”, que en lugar de recibir beneficios de la actividad minera han visto perjudicado su modo de vida.
De hecho, la semana pasada, Fundaredes denunció la muerte de cuatro indígenas durante un enfrentamiento entre indígenas yanomamis y funcionarios militares asentados en Puerto Ayacucho, estado Amazonas.
Poco después del suceso, el fiscal general, Tarek William Saab, informó que su despacho investigará la denuncia de este presunto enfrentamiento, decisión que fue respaldada por el Gobierno de Nicolás Maduro a través del Ministerio para los Pueblos Indígenas.
Redacción: Alicia Salazar
