El tema de las cárceles en Venezuela tuvo su punto de inflexión cuando Iris Valera pasó a manejarla como una bodega de su propiedad, en beneficio propio y de los suyos. El caos preexistente se transformó en una pesadilla para los internos. Y es que en Venezuela existen cárceles donde la ley no entra y en donde los «pranes» imponen su ley exprimiendo hasta el último centavo a los que tienen la desgracia de caer en ellas.
En Venezuela existe 52 cárceles, todas ellas repletas de problemas que hacen cada día más difícil la vida de los reclusos. Hacinamiento, desnutrición, enfermedades, violencia, además de la corrupción de los encargados de las mismas y la violación de los derechos humanos, son apenas algunos de los puntos denunciados en un informe del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) el cual fue presentado ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
De las 52 cárceles en el país, 35 son para hombres, 16 poseen anexos femeninos y existe una sola cárcel para mujeres. En conjunto, estas cárceles fueron diseñadas para contener una población de 20.438. Sin embargo, el número de personas confinadas en ellas superan los 32.200, eso sin hablar de los detenidos en los diferentes calabozos de las 23 regiones del país y el Distrito Capital, que suman 35.000 prisioneros más. En líneas generales hablamos de un hacinamiento sobre el 158%.
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Siguiendo con los números, durante el régimen chavista se han cerrado 11 cárceles y el resto de la planta penitenciaria no ha recibido el mantenimiento mínimo necesario para su funcionamiento. Para empeorar la situación, en Venezuela los presos no cuentan con celdas individuales, sino que tienen que arreglárselas en pabellones y áreas comunes.
El problema es que todos estos espacios, como todo en la cárcel, son manejados por los «pranes», quienes cobran por la comida, por los sitios donde dormir y hasta por las visitas conyugales.
Señala Carolina Giróla, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones, indicó que «Todo se paga en dólares. Esto viene ocurriendo desde hace rato, desde que la economía se dolarizó de facto», es decir, entre 2018 y 2019. Estos pagos pueden ser en efectivo o por transferencias bancarias. Sin embargo, los pranes no son los únicos que se benefician con esta irregularidad.
Indica la también abogada que «También cobran funcionarios del ministerio de servicios penitenciarios. Es una corrupción total de custodios y funcionarios de la Guardia Nacional. Esto ocurre en todas las cárceles, haya pranes o no» señaló en la audiencia ante la CIDH.
Asegura que si los familiares le llevan comida al preso, deben pagar para que este lo reciba. Ello ha llevado a que en muchos hogares se vean obligadas a vender enseres de sus casas para pagar a los pranes o a los funcionarios corruptos. Señala Giróla que «Llegas a sus casas y están desmanteladas. Tienen que pagar para que su ser querido viva. Cobran por todo, hasta por respirar».
Como era de esperarse, la dictadura chavista de Nicolás Maduro insiste en que esto no es cierto, que no hay crisis en las cárceles y que los pranes no dominan los sitios de reclusión. Aseguran también que los privados de libertad, un eufemismo creado por el gobierno socialista para referirse a los presos, reciben lecciones de formación política y «de patria» por medio de la enseñanza de la historia nacional y valores.
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Cabe recordar aquí, que desde la llegada de Chávez al poder, el régimen socialista se ha empeñado en destruir la historia conocida para crear una narrativa propia, siguiendo el sistema comunista de alterar el pasado en beneficio propio. Esto ha llevado a cosas tan absurdas como insistir en que Simón Bolívar, la máxima figura dentro de la historia venezolana, no tiene el aspecto con el que se le representa, sino el de una imagen creada por el propio régimen con un más que sospechoso parecido al finado ex golpista HCF.
En 2021 Maduro le asignó a Diosdado Cabello, el eterno número dos del chavismo, la tarea de llevar adelante una «revolución judicial». Desde entonces, la crisis penitenciaria en Venezuela a empeorando, aunque Cabello, como es lo normal, evade su responsabilidad culpando a circunstancias externas como la pandemia.
Bajo el régimen socialista, la desnutrición se ha convertido en un tema común. Entre 2017 a 2022 han fallecido 960 reclusos en Venezuela, 412 por enfermedades derivadas de la mala alimentación. En cuanto a los calabozos de los diferentes cuerpos policiales, el número de fallecidos en ese mismo lapso de tiempo, asciende a 770 detenidos, de los cuales 261 fueron por desnutrición. Esto indica que de los 1.730 privados de la libertad muertos entre 2017 a 2022, 773 fueron por desnutrición. Otro dudoso éxito de la «revolución bonita».
Redacción: Luis González
