El principal punto de análisis que realiza la Corte Penal Internacional en sus investigaciones, es lo que corresponde a la «cadena de mando», es decir, todos aquellos funcionarios involucrados en crímenes de lesa humanidad. Esto abarca desde el «interrogador» que tortura salvajemente a un acusado hasta todos los funcionarios sobre él que autorizaron, por acción y omisión, el delito. Y sobran evidencias que todos en la cadena de mando en Venezuela, sabían sobre las atrocidades que se cometían en nombre de la revolución socialista.
Para CASLA, un centro de estudios sobre América Latina con sede en Praga, la cadena de mando del régimen chavista estaba al tanto de las torturas ejecutadas en contra de opositores en Venezuela, afirmación respaldada por un informe presentado en Washington, en presencia de Luis Almagro, secretario general de la OEA.
En el informe, el cual cuenta con el revelador nombre de «Licencia para Matar», se afirma que por lo menos 32 civiles y 23 militares fueron víctimas de detenciones ilegales, desaparición forzada temporal, torturas físicas y psicológicas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como actos «de represión sistemática por motivos políticos que ejecutó el Estado venezolano» en 2021. Dicho informe fue remitido a la Corte Penal Internacional como respaldo del nutrido grupo de denuncias contra el régimen dictatorial implantado en Venezuela.
Tamara Sujú, directora de CASLA y una de las más capacitadas opositoras del régimen chavista, señaló que «Toda la cúpula militar y civil son conocedores de la planificación, inducción y comisión de los crímenes». Señala la también abogada que «Obtuvimos información sobre cómo funcionarios y oficiales tienen línea directa con (el presidente venezolano) Nicolás Maduro para la aprobación, actuaciones y procedimientos falsos de persecución sistemática contra opositores civiles y militares». En dicho informe se señala de manera directa al actual ministro de Defensa de la dictadura, Vladimir Padrino López, además de otros funcionarios del régimen.
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Asegura Sujú que «Absolutamente nada sucede en cuanto a la planificación y ejecución de la represión sin que Maduro y sus altos mandos no se enteren». Entre las denuncias presentadas en el informe, se señala el uso de azotes con cabilla como método de tortura, además del empleo de descargas eléctricas, inmersión del detenido, desnudo, en agua helada, aplicación de sustancias irritantes y corrosivas que producen quemaduras, utilización de inyecciones de sustancias alucinantes, colocar el cañón de un arma en la boca y otras, cada una más brutal que la anterior.
También se acostumbra a amenazar a los prisioneros con juegos de guerra, fusilamientos fingidos y ruleta rusa. Toso esto «mientras los demás funcionarios observan sonrientes».
Luis Lugo Calderón, uno de los torturados por el régimen, narró la terrible experiencia vivida. En 2014 «me aplicaron asfixia mecánica (…) quemaron las rodillas con objeto metálico caliente» y en 2015 me golpearon «con un objeto contundente de hierro hasta el punto de fracturar mi esternón, se me hizo descargas eléctricas en las axilas, y cuando me soltaron de los brazos, de las cadenas, varios funcionarios comenzaron a patearme y a saltar encima de mis testículos y de mis piernas».
En el informe «Licencia para Matar» de CASLA, se hace alusión al centro de tortura de La Mariposa, en la capital. Allí, «a las víctimas las llevan amarradas y encapuchadas y desnudas por zonas boscosas (…), las amarran a los árboles, las arrodillan semejando que las van a fusilar, juegan con ellas a la ruleta rusa, las sumergen en pozos fangosos».
En cuanto a la oficina de la brutal Dirección General de Contrainteligencia Militar, la DGCIM, en Carcas, está cuenta con un cuarto de descanso con sofá, cafetera y hasta un televisor. Dentro de la habitación existe un nicho de apenas metro y medo por dos metros «donde torturan a las personas» mientras los funcionarios descansan y se divierten.
Luis Almagro, secretario general de la OEA señala, en alusión con este explosivo informe, que «Los crímenes de lesa humanidad siguen ahí, la tortura sistemática sigue ahí, las ejecuciones extrajudiciales siguen ahí, los presos políticos siguen ahí. Y mientras tanto la enorme mayoría del pueblo venezolano pasa hambre, penurias, se transforma en la segunda mayor crisis migratoria del mundo».
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El secretario general advierte que, según lo señalado por el informe, el proceso de tortura cuenta con «la participación del régimen cubano». Allí se señala que al adoctrinamiento y los cursos para torturar son impartidos por asesores cubanos quienes enseñan «hasta qué punto tienen que llegar» para no matar al reo y poder seguir torturándolo en otro momento.
Se indica también que «Los cubanos bajan a las celdas de tortura, y observan, cuando ven que los funcionarios no consiguen sacarle nada, se meten al cuarto y comienzan a hacerle preguntas a la víctima». En caso de que esto no resulte, entonces «ellos mismos tomaban el objeto para torturar».
Las declaraciones suministradas por múltiples testigos permiten afirmar que todos los funcionarios del régimen de Nicolás Maduro tienen conocimiento de los crímenes cometidos en contra de cualquiera que disienta de la dictadura. Una vez finalizadas las investigaciones de la CPI, el régimen procederá a «demostrar» su inocencia. Labor que, vistas las denuncias, así como la consistencia de todas ellas, hacen muy cuesta arriba que la dictadura chavista salga bien librada de una sentencia que, de seguro, será un hito histórico en la lucha contra los crímenes de lesa humanidad.
Redacción: Luis González
