Los calabozos de los diferentes organismos de represión en Venezuela no solo se han convertido en centros de torturas, sino también en la condena a muerte de algunos presos. Es así, que más de 120 reclusos murieron en manos de los organismos del estado, por lo que su fallecimiento es responsabilidad directa del régimen socialista. ¿Asumirá Nicolás Maduro su responsabilidad? Nadie apuesta por ello.
Durante 2021, 123 presos fallecieron en los diferentes Centros de Detención Preventiva que controla el estado. 95 de ellos murieron por enfermedad, lo que demuestra el nulo interés de la dictadura por preservar la vida de los detenidos.
La segunda causa para estas muertes está relacionada con el procedimiento para la recaptura de los presos evadidos, con 15 muertes. 5 más perdieron la vida por riñas, 4 en motines, 3 murieron por abuso directo de los funcionarios que los custodiaban y 1, según fuentes oficialistas, se suicidó.
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Ante los señalamientos sobre el evidente hacinamiento en los Centros de Detención Preventiva (CDP), el régimen socialista optó por nombrar una Comisión de la Revolución Judicial con el objetivo de diseñar un plan para reducir este problema en un lapso de 60 días.
Este plan se basó en otorgar liberaciones a discreción y trasladar a los detenidos a cárceles, lugares donde el hacinamiento es inhumano, lo cual no es ninguna solución real. En un subregistro de la ONG Una Ventana a la Libertad, existen 16.595 presos en espacios diseñados para un máximo de 10.310 y esto por sólo 48 horas. Tales números apuntan a que para finales de 2021 el hacinamiento en los CDP era del 161%.
La actual situación demuestras que durante años, ni el pomposo Ministerio para el Régimen Penitenciario ni el gobierno como tal, mostró preocupación alguna por el destino de los presos quienes eran literalmente depositados en los centros de detención hasta que alguien se acordara de ellos.
Carlos Nieto Palma, coordinador general de Una Ventana a la Libertad, señaló que «Este informe tiene un punto a destacar, por primera vez el régimen de Maduro aceptó el desastre que se vivía en los centros de detención preventiva y eso lo lleva a crear el 21 de junio de 2021, una Comisión para solucionar el problema de caos de los centros de detención preventiva».
Sin embargo, cuando se nombró la comisión para resolver el problema del hacinamiento, los especialistas en el campo consideraron que se trataba de una misión imposible dado los años de inoperancia gubernamental y la declarada incompetencia de los funcionarios. Y el tiempo acabó dándoles la razón.
Los presos viven hacinados, mal alimentados, sin medidas de higiene mínima, sin atención médica y con poca ventilación, lo que demuestra el cruel enfoque con el que los representantes del régimen amenazan la vida de los detenidos.
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Son comunes las enfermedades infecto contagiosas, ya que se mantienen a los enfermos encerrados junto con los sanos. Según se indica en el informe de la organización, tal situación se presenta en el 66,56% de los CDP estudiados.
Ello lleva a dudar sobre los números oficialistas en cuanto a la cantidad de contagios de COVID-19 presente en las cárceles. Es imposible que estas estadísticas sean reales por cuanto la casi totalidad de los Centros de Detención Preventiva carecen de personal médico o de enfermería. Además tampoco poseen insumos ni un servicio confiable de agua.
El informe 2021 de Una Ventana a la Libertad contó con investigadores de diferentes estados de Venezuela para obtener una radiografía más precisa del problema de los calabozos policiales y militares a nivel nacional.
Para esta organización, es esencial resolver el hacinamiento, ya que está relacionado con la salud no sólo de los detenidos, sino incluso del personal que labora en los calabozos. Tal consecuencia es una directa violación a los derechos humanos de los privados de libertad. Un crimen en el que el régimen es el único responsable.
Redacción: Luis González
