Por definición, el defensor del pueblo debe proteger a los ciudadanos de los abusos del poder político, pero en Venezuela es solo un brazo más del aparato represor del régimen.
El actual defensor del pueblo, fue designado, en sustitución de Tarek William Saab, el 01 de agosto de 2017 por la extinta Asamblea Nacional Constituyente (ANC), de acuerdo a la Gaceta Oficial Nro. 41.204.
Alfredo José Ruiz Angulo había ejercido como director ejecutivo de la Defensoría del Pueblo durante el período 2014-2016. Luego fue nombrado secretario técnico de la Comisión Nacional de prevención de la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes el 01 de agosto de 2016.
Es licenciado en Educación, mención Filosofía, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Ruiz laboró como docente en Radio Fe y Alegría, y es miembro fundador de la organización social Red de Apoyo por la Justicia y la Paz. También fue representante en la Comisión Nacional para la implementación de la Educación en Derechos Humanos del Ministerio de Educación en 1994.
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Su designación como defensor del Pueblo ocurrió en un año de manifestaciones civiles en contra del gobierno de Nicolás Maduro y de la desproporcionada represión de las fuerzas del orden. En ese contexto, Luisa Ortega Díaz, entonces fiscal general de la República, fue destituida de su cargo por el Tribunal Supremo de Justicia y este pasó a manos de Tarek William Saab, que hasta ese momento era el defensor del pueblo.
Ruíz fue sancionado por el gobierno de Canadá el 15 de abril de 2019, junto a otros 42 funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. De acuerdo a la ministra de relaciones exteriores canadiense, Chrystia Freeland, los funcionarios «están directamente implicados en actividades que socavan las instituciones democráticas».
Las sanciones incluyen la congelación de activos y la prohibición de realizar negocios o que se les proporcionen servicios financieros o relacionados en Canadá.
Respecto al desempeño del defensor del pueblo, en declaraciones ofrecidas a un medio oficialista quedó muy claro para quién ha trabajado realmente. Aseguró, categóricamente, que en Venezuela no existe una figura que defina lo qué es un preso político y destacó que solo hay personas que tienen un «trabajo político y que están presos por algún tipo de delito vinculado o delitos comunes o con motivaciones políticas».
Por supuesto, el encarcelamiento sin juicio ni audiencia justa de cientos de presos políticos no le preocupa en lo más mínimo a Ruiz, ni tiene nada que ver con lo que él afirma descaradamente: «Hemos avanzado en el tema penitenciario y en la atención de las personas privadas de libertad». Y aquí también se le olvidó señalar la cantidad de presos comunes que mueren todos los días por desnutrición y enfermedades como la tuberculosis.
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Dentro de su evidente inmoralidad y falta de escrúpulos, Alfredo Ruiz tampoco cree que sea su obligación escuchar y atender las constantes y gravísimas denuncias provenientes de las ONG sobre aspectos que son de su absoluta competencia. De hecho, esta ficha de la dictadura cree, y así lo ha manifestado, que EEUU utiliza las ONG y otras instituciones humanitarias para desestabilizar al gobierno en Venezuela, y aseguró que para ello se apoya en el financiamiento de tales organizaciones.
Sin embargo, el funcionario está tratando de tapar el sol con un dedo. En todo el mundo se sabe que Venezuela enfrenta desde hace años una de las peores crisis humanitarias, que el derecho de los venezolanos a la vida, la salud, la educación, el debido proceso y la libertad de expresión se viola diaria e impunemente.
Claro que nada de eso le impide al otrora defensor de los derechos humanos repetir como un loro el manido libreto escrito en Miraflores mientras cobra un generoso salario por traicionar a los venezolanos. Entonces, ¿a quién defiende este defensor del «puesto»? Lo evidente no se pregunta.
Redacción: Sebastián Yáñez
