El pasado 22 de febrero, un helicóptero MI-17 de fabricación rusa se desplomó a las 2:15 de la tarde al oeste de la población de Pavia, parroquia Guerrera Ana Soto, municipio Iribarren del estado Lara. En ese siniestro fallecieron el sargento mayor de tercera Dervis Eligio Sánchez Medina y Ángela José García Perdomo, sargento segunda. Aún no se conoce la causa del accidente, como tampoco la de otros 10 accidentes previos, todos de aeronaves adquiridas a Rusia. Veamos.
Según indica Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, han sido 10 los accidentes ocurridos en Venezuela con equipos comprados al gobierno de ruso. Señaló que, en todos esos casos, nunca se llegan a conocer las causas del accidente a pesar de la designación de una Junta de Evaluación que no ha presentado evaluación alguna.
Señala San Miguel que «El país, lamentablemente, nunca tiene información de las verdaderas causas de estos accidentes, se presuponen fallas mecánicas, falta de visibilidad, fallas que pudieran ocurrir por impericia humana, pero nunca en definitiva se rinde cuentas al país de lo que realmente ocurre, que es un deber en mora por parte de la Fuerza Armada Nacional (Fanb)».
Para la directora de Control Ciudadano, llama la atención el alto nivel de siniestralidad de las aeronaves rusas adquiridas entre 2005 y 2006. Según han registrado, ya son siete los helicópteros Mi-17-V5, como el del accidente en Lara, que se han accidentado en Venezuela.
En el seguimiento que Control Ciudadano ha hecho sobre estos accidentes, se han documentado 46 muertos y 15 heridos como consecuencia de 10 accidentes de aeronaves rusas.
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Indica Rocio San Miguel que «No podemos olvidar que han ocurrido otros tres accidentes con helicópteros rusos, dos de ellos con helicópteros de ataques, los MI-35M2 y uno de ellos con un helicóptero ruso 172, pero VIP, adaptado para el servicio presidencial».
Analizado los accidentes ocurridos, la experta en temas militares consideró varios los factores que pudieron provocarlos. Uno es la obsolescencia en el equipo militar. Sin embargo, esto no debería ser el motivo del mal funcionamiento de las naves rusas, las cuales tienen apenas 16 años de adquiridas. Equipos similares de otras naciones duplican fácilmente este tiempo con un comportamiento fiable y seguro.
Señaló que «10 de estas unidades han sido enviadas nuevamente a Rusia, para sus refaccionamiento con lo cual habría que determinar si parte de estas 10 unidades que se enviaron a Rusia en el año 2016, han tenido o forman parte de las que se accidentaron concretamente durante los años 2016-2019-2020 y 2022».
La otra posible explicación sobre los accidentes apunta a problemas de mantenimiento y de reposición de piezas. Los accidentes también pudieron originarse por el tipo de entrenamiento aéreo. Señala San Miguel que los entrenamientos de la Aviación Militar de Venezuela posee altos estándares, pero desconoce si estos mismos estándares son seguidos por pilotos de los demás componentes de las FANB, como la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) o el ejército.
A estas probables causas se le suma la disciplina de vuelo y las fallas humanas. Indica la presidenta de Control Ciudadano que «Es muy difícil para Control Ciudadano determinar o atreverse a señalar específicamente en este caso, cualquiera de estas causas, pero son parámetros que tienen que ser evaluados y sobre todo suministrarse correctivos para que se eviten este tipo de circunstancias gravosa».
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En las últimas dos décadas, la Fuerza Armada Nacional ha optado por practicar una preocupante opacidad sobre los factores que envuelven a estos accidentes, lo que los libera de rendir cuentas, demostrando un manejo inadecuado de los bienes de la FANB los cuales son, principalmente, un bien público del Estado. Algo por el que los responsables deben rendir cuentas.
«Aparte de la pérdida y la afectación de la vida humana, hay por supuesto una afectación presupuestaria sobre la cual la Fuerza Armada tiene que rendir cuentas al país», indicó la experta.
Para San Miguel «… es una política errónea que termina por hacer daño a la institución (…) es difícil hacer correctivos cuando se desconoce las propias causas de estos accidentes. Incluso me atrevo a más, las causas de estos accidentes se desconocen incluso dentro de la Fuerza Armada Nacional».
Tal situación podría llevar a que los familiares de las víctimas demanden al estado, acción que se ha presentado en otros países. Rocío San Miguel indica que «La práctica del Estado ha sido ascender al grado inmediato superior a los miembros de la tripulación que fallecen en los accidentes aéreos como una manera de compensar a la viuda, a los familiares o al cónyuge, pero eso de ninguna manera puede considerarse una compensación».
Redacción: Luis González
