A pesar de la difícil situación que enfrentan en el exterior, de la discriminación y de las protestas en contra de su presencia, la gran mayoría de los migrantes venezolanos no desea regresar.
De acuerdo al director ejecutivo de Equilibrium CenDE (Centro para el Desarrollo Económico), Gustav Brauckmeyer, aunque existe un fenómeno de retorno a Venezuela, el número permanece inferior a la cantidad de población que sigue saliendo. En sus palabras: «El retorno no es tan significativo y no está superando a las personas que se van».
Acotó que, según una encuesta, un tercio de los migrantes tiene «un conocido» que se regresó al país, pero esta decisión no significa que «Venezuela se arregló»; sino que se debe a los desafíos que la diáspora suele afrontar en los países de acogida.
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Brauckmeyer también señaló que los resultados de una encuesta realizada por su firma revelaron que el 79% de los venezolanos no tiene intención de salir del país al que migraron. Esto a pesar de que otro sondeo de la misma firma registró que el 80% de los migrantes no ha logrado conseguir un trabajo que guarde relación con su perfil profesional y solo un 28% tiene un empleo formal.
Por otra parte, Eduardo Stein, Representante Especial Conjunto de ACNUR y OIM para los refugiados y migrantes de Venezuela, declaró sentir una «profunda preocupación» ante los actos violentos contra los migrantes en la frontera norte de Chile; y pidió que sean condenados categóricamente, ya que menoscaban los derechos humanos. «Ninguna persona merece ser discriminada», agregó el funcionario.
Las protestas en contra de la entrada clandestina de migrantes y el aumento de la violencia en el sector comenzaron en Iquique, una de las primeras poblaciones en las cercanías de la frontera norte del país austral con Perú y Bolivia; y se extendieron a la vecina Arica con el paro de más de mil camioneros.
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La tensión escaló a la región de Tarapacá, ubicada a 1.800 kilómetros al norte de Santiago, donde se registraron cortes del tránsito en la carretera; cierre de comercios y la interrupción de las operaciones en el aeropuerto principal.
El año pasado, Felipe González Morales, Relator Especial de la ONU sobre derechos humanos de los migrantes, ya había manifestado su preocupación sobre la vulnerabilidad de esta población, al asegurar que «hay un mal entendido que a veces se da en los Estados respecto a las deportaciones: dicen que tienen derecho soberano a deportar y lo cierto es que hay una gran cantidad de limitaciones para hacerlo».
«El principio de no devolución, el arraigo en el país, las relaciones familiares y problemas de tipo sanitario, son algunas de ellas». Además, el académico señaló que «cuando se hace gran aparataje de las deportaciones, se estigmatiza a los migrantes. Puede haber una connotación de interés político porque se trata de mandar un mensaje a costa de los derechos de la población migrante».
Redacción: Sebastián Yáñez
