Los medios de comunicación oficiales sirven al régimen dictatorial de Nicolás Maduro para señalar y detener arbitrariamente a los defensores de derechos humanos.
Las detenciones por razones ideológicas y la represión sistemática del Gobierno de Venezuela tienen como principales vehículos el programa de televisión «Con el Mazo Dando» conducido por Diosdado Cabello y los portales «Misión Verdad» y «Lechuguinos», donde se presentan con mayor frecuencia mensajes de odio contra los venezolanos que denuncian los abusos del régimen.
A esta conclusión llegó el informe «Represión calculada: Correlación entre las estigmatizaciones y las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela”», publicado por Amnistía Internacional en colaboración con las organizaciones venezolanas Foro Penal y Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), donde detallan la perfecta coordinación de esta forma de represión contra personas incómodas para el chavismo.
Cientos de venezolanos, después de ser expuestos y hostigados por los canales de televisión pública, páginas o redes sociales, han sido detenidos arbitrariamente para neutralizar el trabajo de defensa de los derechos humanos que realizan.
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Gracias al análisis de un conjunto de datos, las ONG identificaron más de 300 casos de estigmatización entre enero de 2019 y junio de 2021, llegando a la conclusión de que los mensajes de odio, para los cuales no sólo no se aplica la ley, sino que son promovidos por las mismas autoridades «constituyen actos de persecución» propios de la política de represión de la dictadura.
El estudio demuestra que la correlación general entre los ataques de los medios y las detenciones arbitrarias en 2019 alcanzó el 29%. Pero la persecución se fue recrudeciendo y en 2020 se elevó al 42% y en el primer semestre del 2021 ya era del 77%.
Por ejemplo, el portal «Misión Verdad» había hecho estigmatizaciones tres días antes de 486 detenciones arbitrarias. De la misma manera, en 481 casos el detonante fue el programa televisivo «Con El Mazo Dando», y en cerca de 100 eventos los arrestos se produjeron tres días después de que el portal «Lechuguinos» publicara sus acusaciones.
En los últimos tres años se registraron 1.181 agresiones contra personas críticas del gobierno o defensoras de los derechos humanos y, de acuerdo al estudio, 785 han sido por estigmatización.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, resaltó que la «coordinación es un nuevo indicador de la política sistemática de represión y apunta hacia crímenes de lesa humanidad», por lo que solicitó una investigación de la justicia internacional. De hecho, el Tribunal Penal Internacional abrió una investigación formal a Venezuela por crímenes de lesa humanidad, convirtiéndose en el primer país latinoamericano en ser puesto bajo la lupa.
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Guevara puntualizó: «Durante años hemos documentado y denunciado la política de represión del gobierno de silenciar la crítica y la disidencia, por lo que esperamos que este informe pueda ser incluido en las investigaciones con miras a determinar actores claves en la comisión de estos delitos».
La directora general del CDJ, Mariana Romero, cree que la estigmatización es «una política de Estado y deriva en el crimen de persecución». Menciona a modo de ejemplo los casos de los ataques a Marco Antonio Ponce, director del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, quien ha sido el blanco de mensajes de odio desde 2011, y la ONG Fundaredes, que fue sometida a una fuerte campaña de estigmatización que terminó en la detención arbitraria y pase a juicio de tres de sus miembros.
Para el director de Foro Penal, Gonzalo Himiob: «Este informe demuestra que no son hechos desvinculados y responde a una política materialmente vigente». También indicó que no sólo se debe investigar a los ejecutores inmediatos de esta política: «Podemos llegar a los que están por encima de los cuerpos de seguridad. No se trata sólo de llegar al primer eslabón de la cadena sino hasta los que promueven la ejecución de estos actos en los diferentes niveles de poder en Venezuela».
Foro Penal ha señalado que en Venezuela hay 240 presos políticos, de los que casi el 70% ha cumplido más de 2 años en detención preventiva o presos. Por esta razón, Amnistía Internacional emplazó al gobierno chavista a poner fin a la represiva práctica de las detenciones arbitrarias por motivos políticos.
Redacción: Alicia Salazar
