¿Se imaginan acudir a una cita médica en Colombia y ser rechazado porque la Registraduría le anuló su cédula sin informarle ni darle tiempo para solucionar el problema que provocó esta medida extrema? Esta es la situación en la que se encuentran 43.000 ciudadanos quienes, por decisión burocrática, pasaron a ser fantasmas dentro del sistema colombiano. Un problema con consecuencias mucho más grave de lo que cualquiera podría imaginar.
Esta situación se replica con las cuentas bancarias, lo que ha provocado que muchos colombo-venezolanos, aún poseyendo suficientes fondos en los bancos, no puedan acceder a ellos por lo que han presentado atraso en el alquiler o pago de sus viviendas, en el pago de las cuotas de sus vehículos e, incluso, han tenido que pedir prestado para poder comprar alimentos.
Otros han sido detenidos por 36 horas o no han podido registrar a sus hijos, inscribirlos en los colegios o llevarlos al médico. Incluso se ha dado el caso de que les inmovilizan sus vehículos siendo necesario pagar millones para que lo liberen. A los afectados se les señala que están «incurriendo en falsa identidad» por lo que debían dirigirse a la Registraduría. Allí les confirman que la cédula fue anulada alegando que la apostilla era falsa. Es decir, los afectados vienen a conocer la situación cuando ya están hundidos en ella, algo desde todo punto de vista absurdo. Menos para el director nacional de Registro Civil, Rodrigo Pérez.
Para Rodrigo Pérez este caos si tiene sentido. Alega que «Hicimos una verificación que nos tomó 6 meses, que contó con 450 analistas, de casi 300.000 registros de extranjeros y encontramos novedades en 43.000 de ellos, sobre todo en lo que se refiere a la apostilla». Hay que aclarar que la apostilla es un certificado entre diferentes países que determina la validez de un documento legal. El problema es que lograr que en Venezuela se apostille algún documento, es lo más cercano a un milagro.
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Ahora, la decisión de la Registraduría obliga a volver a registrarse lo que enfrenta a los afectados a dos problemas graves. El primero es que a consecuencia de la irracional actitud de la Resigraduría de no informar con tiempo a los afectados para que entregaran los documentos considerados de dudosa legalidad, ya existen 43.000 colombo-venezolanos que no existen para el estado, ni sus familias, ni sus empresas, ni sus empleados ni nadie que dependa de las actividades que ellos han estado desarrollando en Colombia.
El segundo problema es que no existe relación consular entre el gobierno de Colombia y la dictadura venezolana. Esto dificulta en grado extremo solicitar la apostilla dentro de un régimen tan corrupto e ineficiente como el de Nicolás Maduro.
La desacertada decisión de la Registraduría ha inducido a la detención de colombos-venezolanos quienes no sabían que sus documentos habían sido suspendidos. Esto ha llevado a que muchos que aprovecharon el decreto presidencial de 2016 que permitía registrase sin apostillar, no salgan de sus casas para evitar que los arresten. Ante esto hay que preguntarse si el director de la Registraduría está por encima de un decreto emitido por el presidente de Colombia.
Para Gabriela Arenas, directora del Taller de Aprendizaje para las Artes y el Pensamiento, una fundación creada para apoyar a la población vulnerable, el Estado colombiano está incumpliendo el derecho constitucional a la identidad.
Señaló Arenas, quien también posee doble nacionalidad, que «Inicialmente me pareció un proceso lógico, verificar documentos es normal, pero otra cosa es cancelarle la cédula a miles de personas sin notificarles ni a ellos ni a los consulados ni a migración ni a la registraduría». Tampoco considera que esto sea solo un problema administrativo, tal como se defiende Rodrigo Pérez, director nacional de Registro Civil. Considera que «Más que un problema administrativo o político, este es un tema humano que las autoridades están desconociendo».
Recordó que dada la política de la dictadura chavista, millones de venezolanos se han visto obligados a emigrar sin sus papeles. Ante esto Gabriela Arenas indicó que «Si ya el duelo migratorio es durísimo de superar, ahora los migrantes llegan a este país, al que vienen a trabajar y a ponerse la camiseta de la selección (de fútbol), y unos meses después ven que por segunda vez se quedaron sin país por culpa de un burócrata».
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Ni estas opiniones, ni el hecho de que la absurda decisión afecta no sólo a los colombos-venezolano, sino a muchos colombianos relacionados con estos, son relevantes para Rodrigo Pérez. Para este funcionario lo importante es lo administrativo. Insiste en que «Los documentos que fueron anulados no tienen otra opción que volver a ser inscritos. Si se registró con un documento con apostilla falso, debe volverse a inscribir con un documento con apostilla legítimo».
A pesar de este disparate legal, muchos de los afectados desean solventar la situación presentando los recursos de reposición. Pero aquí se enfrentan con otra de las consecuencias de esta descabellada decisión: los 10 días que establece la ley para presentar los recursos finalizaron mucho antes que el afectado supiera que sus documentos habían sido anulados. Incluso se presentan situaciones no tan clara. Según Gabriela Arenas, cuanto algunos intentan volverse a inscribir «los mandan a un abogado amigo del registrador (regional) o les piden una apostilla que es imposible sacar en Venezuela».
Si bien la Registraduría es responsable de la documentación legal en Colombia, su papel debe ser el de facilitar el trámite de estos documentos de manera clara, rápida y transparente. Sin embargo, ante lo indicado por Gabriela Arenas, tal parece que no todo está muy claro por lo que sería más que conveniente que el gobierno colombiano, en aras de cuidar su prestigio, se aboque a averiguar qué es lo que en realidad está sucediendo en este caso.
Redacción: Arturo Augusto Clevent
