La Reforma de la Ley Impuesto a las Grandes Transacciones Comerciales le proporcionará al régimen una herramienta para apropiarse de parte de las divisas que circulan en Venezuela.
Un impuesto de hasta 20% podría pagar una persona que desee pagar cualquier compra con dólares o criptomonedas. Los economistas aseguran que esto es sólo «la punta del iceberg» de las extensas reformas que Maduro podría implementar para recibir una parte de las divisas que circulan en Venezuela.
Eso es lo que pretende la Reforma de la Ley Impuesto a las Grandes Transacciones Comerciales, aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional chavista. La dolarización, que le dio un respiro a la economía hiperinflacionaria de país, será gravada por el Gobierno de Maduro en detrimento del bolsillo de los venezolanos.
La reforma de la Ley Impuesto a las Grandes Transacciones Comerciales realmente está dirigida a todas las transacciones, no sólo a las grandes como podría creer la mayoría. Estamos hablando de todas las transacciones realizadas por el sector privado y las personas naturales, que en los últimos años se vieron obligados a sustituir el bolívar por el dólar o las criptomonedas, como una forma de resguardarse y evitar la incesante devaluación que se comía el poder adquisitivo de comerciantes y consumidores.
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Tomando en cuenta que, según los últimos datos publicados por la consultora Ecoanalítica, el 65% de las transacciones comerciales del país se pagan en moneda extranjera, el impuesto abarcaría a la mayor parte de los venezolanos.
Que nadie se engañe, la Reforma de la Ley se llevó a cabo, específicamente, para incluir el impuesto a todas las transacciones en dólares y en criptomonedas que se realicen en Venezuela.
La reforma señala que los pagos en divisas o con criptoactivos distintos al Petro que haga cualquier persona, natural o jurídica, a través de la mediación de una institución financiera, deberán pagar un impuesto que puede oscilar entre el 2% y el 8%. No obstante, será del 2,5% mientras el Ejecutivo establece cuál será la alícuota definitiva.
En el caso de que una persona, natural o jurídica, desee pagar con divisas en efectivo sin la intervención de una institución financiera, entonces el impuesto podría variar entre el 2% y el 20% del valor de la transacción. Como en el primer caso, la alícuota quedará en 2,5%, mientras Maduro decide cuánto será el impuesto.
Otra novedad es que antes esta Ley se aplicaba sólo a los sujetos pasivos especiales, pero ahora se va a aplicar a cualquier persona natural y jurídica aunque no sea un sujeto pasivo especial.
Los sujetos pasivos especiales son aquellas empresas con ingresos brutos anuales mayores a 30 mil unidades tributarias (129 dólares aproximadamente). Lo pequeño del monto hace que prácticamente todas las empresas pertenezcan a esa categoría.
¿Cuál es la intención del gobierno con esta reforma?
La Reforma de la Ley tiene como fin oficial «incentivar en términos tributarios el uso del bolívar, haciendo más barato su uso respecto de las divisas, apoyando así al fortalecimiento gradual de nuestra moneda nacional».
Sin embargo, la verdadera motivación del régimen es obtener mayores ingresos para el fisco. El economista Aaron Olmos, opina que esta reforma de Ley no es un movimiento solitario, sino que representa la punta del iceberg sobre lo que tiene preparado Maduro para obtener dinero.
Según el experto: «En principio, cada vez que se modifica una Ley en términos fiscales es para recoger dinero del mercado interno y con eso también financiar el gasto público. Aunque en esta ocasión también busca estimular el uso del bolívar al intentar desestimular el uso de otros mecanismos de pago».
Olmos señala esta no es la forma correcta. El Gobierno sólo quiere ahorrarse la vía más larga y complicada que es activar el aparato productivo, dialogar con los empresarios y cambiar la política de encaje legal del Banco Central de Venezuela.
Por otra parte, llevar a la práctica el cobro de este impuesto tampoco será una tarea fácil. El talón de Aquiles de la Reforma se encuentra en determinar a ciencia cierta cuál fue la modalidad de pago en un establecimiento comercial, a menos que sea con una tarjeta de débito asociada a una cuenta en dólares.
Olmos puntualizó que «generalmente cuando te dan una factura, así pagues en dólares, el valor de la factura se ve reflejado en bolívares a la tasa de cambio del día».
Con las criptomonedas es aún más complicado: «La única manera que el gobierno de un país pueda imponerte una alícuota para el pago de impuestos es que ellos sepan y tengan el conocimiento técnico de quiénes hacen, qué operaciones, en qué medida y por cuál vía».
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Sería necesario que el sector comercio cuente con una plataforma que señale inmediatamente qué tipo de pago recibe para poder cobrar el impuesto automáticamente.
¿Cuáles serían las consecuencias del cobro de este impuesto?
Para Aaron Olmos, uno de los objetivos de la banca venezolana es que puedas usar tu tarjeta de débito para pagar en dólares en todo tipo de negocios. Pero esta nueva Ley detendría el avance del proceso debido a que las personas con cuentas en dólares no estarían dispuestas a utilizar esa forma de pago por el costoso impuesto.
El abogado José Javier García, en su informe sobre la Ley, indica: «Se trata de una medida que afecta a toda la población venezolana y hay desconocimiento total sobre su impacto. Lejos de generar beneficios, esta medida aumenta significativamente la carga fiscal de las personas y las empresas».
A pesar de esto, parece que no hay marcha atrás, la Reforma de la Ley Impuesto a las Grandes Transacciones Comerciales ya fue aprobada en primera discusión en la Asamblea Nacional.
No obstante, esto no significa que va a ejecutarse inmediatamente. Todavía falta una segunda discusión en el órgano legislativo y luego debe ser publicada en Gaceta Oficial.
Redacción: Alicia Salazar
