Con tan sólo un mes de discusión y por unanimidad, la AN ilegítima aprobó en enero la Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Dicha reforma modificó 10 artículos, siendo el más relevante el que afecta al número de magistrados que componente el poder judicial pasando, de un plumazo, de 32 a 20 magistrados. Pero ¿cuál es la razón de esta apurada decisión?
Para los juristas, esta modificación no resuelve ninguno de los problemas neurales de la justicia en Venezuela, como el retardo procesal, las violaciones a los DD. HH. o la corrupción galopante que tiene ahogado el sistema de justicia venezolano. Y es que la reforma no tiene como objetivo solucionar nada, sino reforzar el control que el poder ejecutivo y el legislativo tienen sobre el área judicial. Una táctica típica de las dictaduras.
Con la reforma, el número de integrantes del TSJ reduce a 5 magistrados los integrantes de la Sala Constitucional mientras que las otras (Sala de Casación Civil, Sala Penal, Sala de Casación Social, Sala Político-Administrativa y la Sala Electoral) quedan con tres magistrados cada una.
Para Alí Daniels, abogado y director de la ONG Acceso a la Justicia, el objetivo de esta reforma es evidente. «¿Por qué es tan importante reducir el número de magistrados para el chavismo? Bueno, la explicación es política, Nicolás Maduro ha dicho que en algún momento de este año iba a reanudar las negociaciones en México. El tema que quedó pendiente en esas conversaciones es el Poder Judicial. Había trascendido a los medios de comunicación social que podría haber una cuota o un reparto de cargos para la oposición, como ocurrió con el Consejo Nacional Electoral (CNE), que tiene dos rectores opositores y tres del PSUV. Pero claro, no es lo mismo repartir el poder del TSJ sobre 32 que hacerlo sobre 20, y ahí es donde está la jugada».
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Para Alí Daniels, con esa reforma se busca bloquear el acceso de magistrados opositores o independientes a las áreas álgidas del TSJ. «Lo que se quiere es evitar que la oposición tenga algo que ver con el gobierno del Poder Judicial», alertó.
Pero los cambios no sólo abarcan al número de magistrados. También viola la constitución a beneficio de la dictadura socialista. Para la selección de los magistrados se conformó un Comité de Postulaciones Judiciales. El Artículo 270 de la Constitución Nacional indica que dicho comité debe estar integrado sólo por representantes de la sociedad civil, esto para evitar la interferencia del Estado en la selección de magistrados afines a sus intereses. Sin embargo, el régimen chavista violó este artículo, no una vez, sino dos veces.
En la Ley del TSJ de 2010, la cual estuvo en vigencia hasta enero de 2021, el comité de postulaciones debía ser conformado por seis representantes de la sociedad civil y cinco diputados, lo que está a contrapelo de lo señalado en el mencionado Artículo 270 de la Carta Magna. Aquí podemos ver injerencia de un poder, el legislativo, en la conformación de otro poder, el judicial, en beneficio del ejecutivo, el cual está secuestrado por la dictadura.
La segunda vez que fue violado este artículo es en la reciente reforma írrita. Ahora el comité será constituido por 11 diputados y 10 de la sociedad civil. De manera tramposa el régimen de Nicolás Maduro se aseguró el control para decidir qué magistrado sería elegido para el nuevo TSJ. El trabajo sucio para la coordinación de este comité de postulaciones recayó en las manos de Giuseppe Alessandrello, quien ya tiene experiencia en esto. Se trata de un chavista radical quien cumplió la misma encomienda de beneficiar a la dictadura a la que pertenece, al ser quien presidió el Comité de Postulaciones Electorales elcual seleccionó a los actuales rectores del CNE. En esta ocasión también fueron violadas todas las leyes necesarias para colocar en los cargos más importantes, y con evidente mayoría, a los más sumisos cómplices del dictador.
Pero, la ley obliga a consultar este tipo de cambios a la sociedad civil quien tendrá derecho a mostrar sus objeciones. ¿Cuándo se hizo esto? El director de la ONG Acceso a la Justicia indicó que «En Venezolana de Televisión informaron para sorpresa de todos, que el Parlamento había hecho la consulta pública de esta ley, pero no consultando a colegios profesionales ni rectores de universidades ni decanos. Sólo consultaron a la Fiscalía General, a la Defensoría Pública, y a ocho rectores de universidades que nos imaginamos deben ser bolivarianas y no autónomas».
Otra razón para considerar ilegal todo el andamiaje de la dictadura chavista para controlar todos los poderes, lo que les permitirá seguir cometiendo atrocidades contra los venezolanos y vender las riquezas del país al mejor postor.
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Si los dos cambios anteriores no fueron suficientes para cerrar el cepo sobre el maltrecho órgano de justicia en Venezuela, agregaron un tercer cambio tan ilegal como los anteriores. Con la reforma de los artículos 81 y 83, los integrantes del Comité de Postulaciones no sólo tendrán la potestad de seleccionar a los magistrados, sino que también podrán decidir sobre las postulaciones para el Inspector de Tribunales y para el director de la Escuela de Magistratura. Hasta el momento estas postulaciones corrían a cargo del propio TSJ, lo que era lo lógico siendo órganos directamente relacionados con el Tribunal Supremo de Justicia.
Como podemos ver, la AN chavista tiene ahora el control total del personal principal que toma las decisiones en el TSJ: magistrados de la corte, Inspector de Tribunales y Director de Escuela de Magistratura. Con esto no importa si en el momento en que se active el diálogo entre dictadura y oposición se decida reformar el TSJ. Ya las piezas están ubicadas para que, «legalmente», se realicen los cambios que sólo convenga al dictador Nicolás Maduro.
La expresidenta de la extinta Corte Suprema de Justicia Venezuela, la doctora Cecilia Sosa es contundente ante esta aberración. Considera que «Esta modificación es la más espeluznante. Me parece que en ningún momento la AN tendría, de acuerdo a la Constitución, poder de las designaciones del inspector general de tribunales ni del director de la Escuela Nacional de la Magistratura, porque el control de todo el sistema deja por fuera al TSJ.
Así mismo, la exmagistrada considera que esta reforma quiere enviar el mensaje de que si hay cambios en el poder judicial, en el momento en que Nicolás Maduro está siendo investigado por crímenes de lesa humanidad. «Quieren quitar a magistrados desgastados en política para poder dar la sensación de que ando buscando personas conocedoras del derecho. Podrían sacar al presidente del TSJ, Maikel Moreno, que es una imagen desgastada y es mucho mejor buscar un presidente del TSJ más neutro. No hay duda que dentro del pacto que ya no es de Punto Fijo, sino el de Miraflores, haya una repartición entre factores que se dicen opositores, pero que coquetean con el usurpador, Nicolás Maduro y haya un cierto reacomodo», expresó la expresidenta del TSJ.
Alí Daniels llama la atención a un cuarto cambio de las reglas por parte del régimen sobre el tema del TSJ. Esta se refiere al tiempo de duración de un magistrado. Las modificaciones impulsadas desde Miraflores apuntan a que los magistrados que no hayan terminado su período de 12 años como lo indica la Constitución Nacional, podrán ser reelegidos.
El director de Acceso a la Justicia advierte que esto «… es un fraude a la Constitución porque quiere decir que si, por ejemplo, un magistrado tiene ahorita 10 años de los 12 que le da la Constitución, ahorita podría ser reelecto por 12 más, es decir, ese magistrado podrá estar nada más ni nada menos que 22 años como magistrado, a pesar de que el término constitucional dice que es un único período no reelegible. Eso sería, además premiar a los que son responsables del calamitoso estado en que se encuentra el TSJ venezolano».
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Para Jorge Rosell, expresidente de la Sala de Casación penal del TSJ, todo este circo tiene, entre otros objetivos, en primer lugar «… salir de ciertos magistrados que no toman líneas de gobierno y en segundo lugar, como lo planteó el diputado del PSUV, Pedro Carreño, de esa manera haya mayor control sobre la función de los magistrados del TSJ. Eso es un cinismo sin límite, en el sentido que el gobierno trata de controlar las actividades de los magistrados en sus funciones propias».
Recordemos que la Misión de Determinación de los Hechos, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han denunciado que el régimen dictatorial chavista utiliza al TSJ como actor político en contra de los disidentes a los que se les abren casos sin prueba, se les niega el derecho a la defensa, no son presentados ante los tribunales y son objetos de tortura sin que se establezcan culpables.
Willians Escalona Terán, abogado penal, considera que ninguna de las modificaciones realizadas en los 10 artículos de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia resuelve problema alguno en el sistema judicial de Venezuela. «Nos da la ligera impresión e interpretación que sólo el número de magistrados que la ley establece es el problema de funcionamiento de la justicia en nuestro país, cuando el diagnóstico objetivo que tenemos quienes caminamos por el sistema judicial en Venezuela no es numérico de magistrados y salas, sino la toga y birrete con que se viste la inmensa corrupción e injusticia, mercadeo, sobremanera en la jurisdicción penal y administrativa, donde alguaciles, defensores públicos, fiscales, miembros de cortes de apelaciones, presidencias de circuitos, jueces en todas las jurisdicciones a nivel nacional compran, venden, cambian calificaciones, remaran sentencias en los centros de retención y cárceles».
Como vemos, el régimen sigue avanzando en su proceso de destrucción de la separación de los poderes. Una actitud que lo enfrenta no sólo a las críticas internacionales en este punto, sino que colisiona de manera frontal con las investigaciones que la Corte Penal Internacional está llevando en su contra. Por el momento, aún es muy temprano para siquiera imaginar la consecuencia que esta acción tendrá en el futuro de una dictadura acorralada y dispuesta a todo por sobrevivir. Un futuro que se muestra muy oscuro para el indocumentado.
Redacción: Luis Alfredo González Pico
