Según el organismo de la OEA, los cuerpos de seguridad en Venezuela son responsables del asesinato sistemático de jóvenes en situación de pobreza durante los operativos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reveló que agentes del orden de la dictadura chavista estuvieron involucrados en al menos 27 asesinatos durante la primera quincena del 2022. Estos crímenes fueron sistemáticamente encubiertos por el régimen como actos de resistencia a la autoridad
La CIDH los calificó y condenó como ejecuciones extrajudiciales, particularmente dirigidos a hombres jóvenes en situación de pobreza. Igualmente, hizo un llamado al régimen de Nicolás Maduro a respetar los estándares internacionales de uso de la fuerza, además de cumplir con su deber de investigar, juzgar y sancionar la práctica de esta grave violación de los derechos humanos.
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El comunicado detalla que los hechos ocurrieron en el marco de los operativos de seguridad ciudadana desplegados por los diferentes cuerpos policiales de la dictadura. En el 80% de los casos hubo amenazas o intimidación contra los denunciantes, el 80% de las víctimas tenían menos de 25 años y el 99% eran hombres en situación de pobreza.
El comunicado agrega: «La CIDH observa que estas muertes podrían configurar ejecuciones extrajudiciales, conforme a estándares interamericanos. Adicionalmente, encuentra preocupante que el Estado venezolano presente gran parte de estas muertes violentas como incidentes de resistencia a la autoridad».
La Comisión reiteró que la seguridad ciudadana no se basa en el uso de la fuerza que apunta a la población civil y la rebaja a la condición de «enemigo», sino que debe buscarse la protección efectiva de las personas.
Como órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la CIDH se desempeña según la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y tiene el mandato de garantizar la observancia y defensa de los derechos humanos en la región.
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Por esa razón, el organismo denunció que el empleo de estereotipos por parte de fuerzas de seguridad es la causa de actuaciones discriminatorias: «En consecuencia, los Estados no pueden permitir que agentes de seguridad fomenten prácticas que reproduzcan el estigma de que jóvenes en situación de pobreza están necesariamente vinculados a la delincuencia».
El gobierno debe iniciar, automáticamente y sin dilación, una investigación seria y efectiva de estas prácticas a través de los medios legales disponibles para la determinación de la verdad, el enjuiciamiento y sanción imparcial de cualquier agente estatal responsable material o intelectualmente de los hechos.
En cualquier Estado donde se respete el debido proceso estos asesinatos no serían tolerados ni encubiertos, pero en Venezuela representan un elemento más de la larga lista de crímenes de lesa humanidad por la que el régimen tendrá que hacerse responsable.
Redacción: Alicia Salazar
