Si ustedes buscan a Venezuela en el mapa que aparece en el informe del Programa Mundial de Alimentos publicado a finales de enero, encontrará que el país no se encuentra demarcado como zona de inseguridad alimentaria. Sin embargo, la razón de no aparecer no se debe a que ya no exista inseguridad alimentaria en el país. Se deba a que el régimen socialista, de manera irresponsable, no suministró los datos necesarios para la realización del informe.
No es de extrañarse que al no estar dentro del informe de inseguridad alimentaria, la dictadura de Nicolás Maduro quiera vender la narrativa de que este problema ya fue solucionado, cuando la realidad apunta en dirección contraria.
Informes anteriores daban cuenta de que más de 9,3 millones de venezolanos, es decir, el 32% de la población total del país, se encontraban dentro de la zona roja de inseguridad alimentaria, por lo que requerían asistencia. Esto, según la Evaluación de Seguridad Alimentaria de Emergencia del Programa Mundial de Alimentos.
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Del total de venezolanos dentro de la inseguridad alimentaria, 2.3 millones están ubicados dentro del renglón de inseguridad alimentaria severa. En el caso de los niños los números son aterradores. De los infantes menores de 5 años, el 6,3% presentan desnutrición aguda y el 13,4% tienen retraso en el crecimiento. Esto sin hablar del daño a nivel cognitivo.
El régimen dictatorial de Nicolás Maduro no fue el único que no envió los datos para el informe. Igual hizo Corea del Norte, otra brutal dictadura aliada a la chavista, por lo que tampoco aparece en el mapa de países con inseguridad alimentaria.
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), explicaron la ausencia de información sobre estos dos países de regímenes totalitarios «debido a falta de disponibilidad o escasez de datos actualizados sobre inseguridad alimentaria, que no permitía una evaluación comparativa basada en la metodología aplicada».
La data oficial del Estado no sirve para crear políticas públicas del Estado, ni para orientar la asistencia humanitaria, y falsea el resultado del EPU.
— PROVEA (@_Provea) January 31, 2022
Su data, no es pública, ni verificable y menos aún fiable. Es usada para su propaganda y decir que coopera en la ONU.
El día 25 de enero, en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), realizado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los representantes de la dictadura mostraron cifras no comprobables sobre supuestos programas sociales activos. Según los voceros del régimen, existen 15 programas sociales que, supuestamente, garantizan el derecho a la alimentación. Aseguraron que en estos se «invierte un promedio de $348.246.848 dólares americanos mensuales».
Según lo dicho por la delegación del régimen, el programa CLAP entregó 72.095 toneladas de alimentos gratuitos a 7.703.436 personas. Indicaron que el programa CLAP «comprende la entrega mensual de alimentos no perecederos, con un subsidio de más del 99% de su valor, a más de siete millones de familias». El término «no perecedero» es un eufemismo para evitar decir que los afectados no reciben proteínas como carne o pollo, algo fundamental para la buena alimentación.
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Es de aclarar que el programa CLAP, que estaba controlado por Alex Saab, ahora detenido y en espera de juicio por lavado de dólares y otros delitos, está en la mira de diferentes investigaciones a nivel internacional. En países como México y Colombia se determinó que los responsables de la compra de los alimentos adquirían productos de dudosa calidad a bajo costo para vender con sobreprecio al régimen, dejando grandes ganancias a los importadores y jerarcas en perjuicio del pueblo.
Además, en los últimos años han sido múltiples las denuncias de los «beneficiados» con el CLAP de que las bolsas estaban llegando con menos productos y de ínfima calidad, como el caso de la leche en polvo que provocaban diarrea a los niños y los granos, que llegan con gorgojos. Además, la distribución del CLAP es utilizada como un arma de control social ya se acostumbra suspender su entrega a aquellos que comenten algo en contra de la revolución chavista.
Redacción: Luis Alfredo González Pico
