Hay una cosa cierta, cuando Chávez afianzó su poder uno de sus objetivos era estrechar vínculos con la guerrilla colombiana. Hablaremos del hombre que lo hizo realidad.
Quien fuera ministro de Interior y Justicia en dos oportunidades, en 2002 y en 2008, durante el gobierno de Hugo Chávez, nació el 9 de noviembre de 1951. Se graduó en Ciencias Navales con el grado de Alférez de Navío. Era capitán de navío cuando fue dado de baja. Cursó estudios en Ciencias Administrativas, mención Seguridad y Defensa Nacional con el título de magíster, y también posee un doctorado en Ciencias Políticas.
En los años ochenta fue miembro del Comando Específico José Antonio Páez (CEJAP), un grupo de militares y policías que actuó durante el gobierno de Jaime Lusinchi combatiendo grupos guerrilleros colombianos. Se le recuerda como el responsable de uno de los casos de violación de derechos humanos más traumáticos de la historia venezolana: la masacre de El Amparo en el estado Apure, en la que murieron asesinados 14 pescadores. Rodríguez Chacín fue señalado como uno de los autores intelectuales del crimen. Participó en el intento de golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez, el 27 de noviembre de 1992, por lo cual fue encarcelado y, posteriormente, sobreseído en 1994.
Ramón Emilio Rodríguez Chacín se convirtió en el hombre que, siguiendo instrucciones de Chávez, se hizo cargo de los asuntos tras bastidores, aquellos que la opinión pública debía desconocer, pero que eran fundamentales para el sostenimiento del régimen rojito.
Chávez consideraba estratégica el área de este oscuro personaje, por eso le delegó superpoderes para activar y estrechar la conexión del chavismo con sus socios más importantes en ese momento: los guerrilleros colombianos.
Rodríguez Chacín se centró en reforzar los vínculos con las FARC y el ELN. El chavismo esperaba que los guerrilleros serían sus aliados en caso de agresiones externas y una ayuda valiosa para imponer el control social basado en el terror. Esto último se ensayó en los estados fronterizos, donde en la práctica la guerrilla se ha constituido hoy en día en un Estado dentro del Estado, lo que generó el reciente conflicto armado en Apure.
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Entre el 2000 y el 2001, sus peculiares relaciones con la guerrilla se volvieron estrategia oficial. Personeros del poder legislativo aseguraban que la amistad con la guerrilla permitía contar con una especie de «escudo protector» ante un posible recrudecimiento de la tensión por la puesta en marcha del Plan Colombia.
En ese entonces, Chávez no tuvo reparos en confesar que había comisionado al funcionario de la extinta DISIP para que fuese su «contacto directo» con los grupos violentos colombianos. Esa relación cercana de Chacín con Chávez terminaría causando conflictos en el seno la DISIP.
El comandante Jesús Urdaneta Hernández, nombrado director de la policía política en esa época, resintió que su subalterno pasara siempre por encima de él y recibiera encargos especiales que no se manejaban por los canales oficiales, sino que se mantenían bajo cuerda.
Transcurrido un año, el comandante Urdaneta le reclamó directamente a su colega lo que estaba pasando dentro de la institución, como no haber entregado a las autoridades competentes a 42 responsables de hechos de corrupción, entre otras irregularidades.
El jefe de la inteligencia también descubrió transferencias por más de 300.000 dólares dirigidas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El caso degeneró en un escándalo en julio del 2000, y fue la primera señal de la verdadera agenda de Chávez para mantenerse en el poder.
Urdaneta denunció que el mismo Chávez le solicitó que «le diera armas» a la guerrilla y les cediera los recursos económicos correspondientes a la partida secreta, algo que se negó a hacer. De igual manera, reveló a la prensa dos informes de inteligencia suscritos por el capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín. El documento detallaba dos peligrosos planes de alianza con la guerrilla que a la larga se concretaron: el «Proyecto de Fronteras» y el «Proyecto Político».
El «Proyecto Fronteras» pretendía negociar estipulaciones de cooperación, sobre todo económica, con los grupos insurgentes. A cambio, las guerrillas darían apoyo de información para acabar con el bandolerismo y el narcotráfico en la frontera, además se comprometían a no adelantar operaciones ni hacer trabajos políticos en territorio nacional y a no entrenar militares venezolanos sin el consentimiento del régimen.
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Esos acuerdos, responsabilidad de Rodríguez Chacín, terminaron facilitando las condiciones para que la guerrilla tomara el control de territorio venezolano. Así lo aseguró Urdaneta Hernández hace 21 años: «Es el intermediario, el hombre que Chávez está utilizando encubierto para favorecer a la guerrilla colombiana».
Durante esos años, las relaciones se hicieron cada vez más cercanas y codependientes. Rodríguez Chacín era el funcionario adecuado para la comunicación directa con la guerrilla y hasta sirvió de enlace en diversas ocasiones para la liberación de rehenes. Su eficiencia le valió que Chávez lo designara Ministro de Interior y Justicia en 2002 y 2008, aunque sólo estuvo algunos meses frente a ese despacho.
En 2012 pudo convertirse en gobernador del estado Guárico, limítrofe con Apure, Barinas y Bolívar, zona donde opera y se refugia la guerrilla desde hace muchos años.
Luego de ese cargo había regresado a su habitual bajo perfil, pero el enfrentamiento entre los militares chavistas y una facción de las FARC en Apure, hizo que su nombre volviese a la palestra. Nuevas acusaciones surgieron contra el enlace del chavismo con la guerrilla.
Uno de los señalamientos provino de Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes. Se presentó ante la Fiscalía General de la República, donde consignó imágenes de un encuentro de Rodríguez Chacín con los jefes del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Pidió que se investigara profundamente la relación del funcionario con los grupos armados que tantos perjuicios le han causado a Venezuela, y que cuentan con la «protección» de agentes de seguridad del gobierno: «Le estamos pidiendo al Ministerio Público que se investigue la relación de, por ejemplo, Rodríguez Chacín, de Carola de Chacín, con estos cabecillas del comando central (COCE) del ELN, la participación de ellos en casas de resguardo, por ejemplo, en Barinas, la quinta el Vendaval, el hato el Guayabal».
Pocos días más tarde, el directivo de Fundaredes y dos de los miembros de la ONG fueron detenidos. Les imputaron los delitos típicos de alguien que se atreve a pedir explicaciones a la dictadura, como «incitación al odio». El fiscal general, Tareck Williams Saab, dijo que el profesor universitario no contaba con pruebas para realizar tales afirmaciones y dió detalles de su encarcelamiento, en lo que constituye una acción insólita para el propio chavismo que está siendo investigado por la Corte Penal Internacional por violaciones de los derechos humanos.
Con las denuncias de Tarazona también salieron a la luz otros casos en los que el exministro era el principal señalado, como los pasaportes y otras acreditaciones que terminaban en manos de elementos irregulares y criminales colombianos solicitados por la justicia de ese país.
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Marco Ferreira, general de la Guardia Nacional, describió cómo en el mes de marzo de 2001 recibió una llamada del capitán Rodríguez Chacín para informarle que el gobierno requería de su apoyo y discreción. Hacía valer su cargo de comisionado del presidente para solicitar cosas como «proporcionar alguna documentación a personas vinculadas a los movimientos subversivos colombianos que cooperaban con el gobierno venezolano para el rescate de compatriotas secuestrados en Colombia por elementos del hampa común, y tales apoyos se harían por razones humanitarias».
Uno de los hechos que más le llamó la atención a Ferreira fue la frenética actividad de comisiones de la DISIP, entre septiembre de 2001 y marzo de 2002, ingresando personas desde Colombia a Venezuela sin cumplir con los procesos migratorios.
Se dió cuenta de ello a través de los reportes de funcionarios de migración de Maiquetía, San Antonio del Táchira, El Vigía, El Piñal, Boca de Grita, El Amparo y Río Limón. El mayor tráfico, sin embargo, se registró en Maiquetía con vuelos desde y hacia Cuba, que movilizaban personas custodiadas por la DISIP en la Rampa Militar.
Todos estos hechos, que Rodríguez Chacín trató de enterrar en el pasado, resurgieron dos décadas después, exactamente en marzo de 2021, cuando los aliados de antes se enfrentaron a muerte en Apure, conflicto que le dejó claro a todo el mundo que la guerrilla es la que manda en los estados fronterizos y que sus hombres operan abiertamente dentro del maltratado territorio venezolano.
Redacción: Alicia Salazar
