Después de años de burlarse de la justicia, cometer crímenes de lesa humanidad y de considerarse invencible, al Nicolás Maduro se le está acercando el tiempo de enfrentar a la Corta Penal Internacional.
Después de la visita de Karim Khan, fiscal de la CPI, quien informó el inicio de la fase de investigación por crímenes de lesa humanidad, ahora se le notifica al indocumentado que él, con nombre y apellido, está acusado de crímenes contra los derechos humanos contra la oposición y la sociedad civil. Una noticia que, de seguro, no se esperaba.
Recordemos que la CPI abrió un examen preliminar en 2018 por crímenes de lesa humanidad, proceso que, según algunos, fue retrasado por la entonces fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, muy cercana a representantes del régimen socialista de Miraflores.
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Desde la visita del fiscal de la CPI el 3 de noviembre, la dictadura ha hecho todo lo posible para maquillar sus crímenes y hacer creer que hay justicia en Venezuela, algo que todos saben que es completamente falso.
Es así, que el fiscal de la dictadura, William Saab ha anunciado que la «justicia venezolana» ha imputado a 150 efectivos tanto de la policía como del ejército por cometer violaciones a los derechos humanos desde 2017. Entre estas imputaciones está la de los asesinos del diputado Alban, a quienes se les aplicó una condena de apenas 5 años y 10 meses de prisión por este crimen, una verdadera burla tomando en cuenta la gravedad de sus actos.
Además, no hubo condena en la cadena de mando, que es una de las exigencias de la CPI.
Para los padres de Juan Pablo Pernalete, otros de los casos emblemáticos de omisión de justicia, hay que seguir levantando la voz. Pernalete era un joven de apenas 20 años, asesinado durante las protestas antigubernamentales de 2017 contra Nicolás Maduro. El fallecimiento ocurrió por impacto de una bomba lacrimógena disparada a quemarropa contra su pecho, algo negado por el régimen chavista, incluyendo a la entonces fiscal Luisa Ortega Díaz, actual crítica de la dictadura de Nicolás Maduro.
Durante años, el régimen se negó a considerar este crimen hasta que se vio presionado por la Corte Penal Internacional. Aun así, no se ha hecho justicia en este caso.
Para José Gregorio y Elvira, los padres de Juan Pablo, la investigación abierta por la CPI «abre una puerta a la justicia». Los cambios propiciados por las investigaciones internacionales provocan sentimientos encontrados entre los padres. Para Elvira, madre de Juan Pablo, «Por un lado, hay satisfacción por el trabajo denunciando las violaciones de derechos humanos en Venezuela y hay esperanza porque se abre una puerta a la justicia; pero por el otro hay un vacío. Lloramos mucho. El asesinato de nuestro hijo y otros muchachos jamás debió ocurrir».
Para Rafael Uzcátegui, sociólogo y director de la ONG Provea, «Hoy estamos en la peor situación de derechos humanos en los 33 años de existencia de Provea, no solamente por ausencia de democracia, sino por la crisis económica, que ha llevado a la pobreza a niveles que habían sido desconocidos en los últimos 40 años»
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En sus propias palabras: «Este año tuvimos un logro triste, que es que la Corte Penal Internacional (CPI) haya iniciado una investigación sobre Venezuela» por la brutal represión contra los manifestantes antigubernamentales. Sin embargo, hay un detalle importante de aclarar: el proceso para el establecimiento de responsabilidades será largo. Por esto es vital no hacerse falsas expectativas.
Por los momentos, Nicolás Maduro tiene una espada de Damocles sobre su cabeza. Y cuando se trata de la CPI es una espada que inevitablemente caerá sobre él, sin importar el tiempo que tome esta investigación por lesa humanidad.
Redacción: Luis Alfredo González Pico
