Según el informe del Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida) denominado «El aire huele a mal: situación de personas defensoras del ambiente y el territorio en Colombia y Venezuela», 32 defensores de derechos ambientales han sido asesinados en territorio venezolano entre 2013 y 2021. Es decir, en apenas 8 años.
En dicho material publicado el martes 14 de diciembre por la ONG Provea, se indica que del total de víctimas «21 han sido asesinados por sicarios mineros o miembros de organizaciones guerrilleras colombianas, y 11 por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)».
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Así mismo, Odevida registró 80 casos de defensores de derechos humanos que «han sido víctimas de la violencia y la represión» en Venezuela. El explícito informe señala que «del total, 25 (31 %) han sido detenidos arbitrariamente, 11 (14 %) han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales, 21 (26 %) víctimas de asesinatos selectivos, 9 (11 %) víctimas de secuestros, y 14 (18 %) de amenazas».
«La regionalización de los ataques que afectaron a los defensores de derechos ambientales y del territorio coinciden claramente con aquellas zonas donde se desarrollan los conflictos socio ambientales más graves que afectan a Venezuela», indicó más adelante esta ONG.
Sin embargo, no son sólo los defensores del medio ambiente los afectados por la violencia desatada por lado y lado. La población indígena y la civil también son víctimas del peligros entorno que envuelve el desarrollo de la minería ilegal que crece a pasos agigantados bajo el silencio cómplice de la dictadura.
El informe también indica que «Desde 2008, ha habido un incremento vertiginoso de muertes violentas en los denominados municipios mineros del estado Bolívar, entre ellos el Callao, Sifontes, Roscio y Piar».
Esta situación, diagnosticada por la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas reveló que el régimen «no ha adoptado medidas tangibles, concretas ni progresivas para remediar las violaciones a los derechos humanos, combatir la impunidad y reparar a las víctimas mediante investigaciones y enjuiciamiento domésticos».
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Ante esto, el Observatorio para la Defensa de la Vida exigió al régimen socialista de Nicolás Maduro a respetar los acuerdos pertienente a la protección de los derechos ambientales y de la población indígena. También instó a respetar los tratados internacionales y a ejecutar un verdadero control de la minería, tanto la legal como la ilegal.
Además, pide reparar los daños causados a las víctimas de los hechos violentos provocados tanto por grupos irregulares como por la propia FANB, relacionados con la defensa ambiental.
Redacción: Luis Alfredo González Pico
