Fue un mal policía, sobre Maikel Moreno pesaron dos acusaciones de asesinato. Tampoco escapó de amonestaciones y suspensiones durante su carrera como juez, pero llegó a ser el complaciente presidente del TSJ de Nicolás Maduro.
Fue designado presidente del Tribunal Supremo de Justicia en sustitución de Gladys Gutiérrez, el 24 de febrero de 2017. La elección de Moreno se produjo sin ningún tipo de oposición a pesar de lo que todos ya conocían. Ninguno de los 31 miembros del máximo juzgado cuestionó la candidatura, a pesar de que fue sometido a dos procesos penales por homicidio entre los finales de los 80 y principios de los 90, cuando formaba parte de la extinta Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP).
Tampoco significó mucho que en 2007 fuera destituido de su cargo de magistrado de la Corte de Apelaciones de Caracas, por la desaparecida Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial.
Su historia en el poder judicial comenzó en 1994, cuando fue alguacil de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. Sobre su carrera pesa una destitución por estar incurso en desacato de órdenes judiciales. En 2007 volvió a la administración pública de la mano de Nicolás Maduro, entonces ministro de Relaciones Exteriores.
El 11 de febrero de 2015 fue designado primer vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y presidente de la Sala de Casación Penal, por la Sala Plena de este Alto Tribunal.
El magistrado Maikel Moreno nació en el Tigre, estado Anzóategui, el 12 de diciembre de 1965, y es el segundo de cinco hermanos. Ingresó a la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) en 1987, cuando tenía 22 años.
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Entonces fue señalado como el presunto responsable del asesinato de un joven en Ciudad Bolívar. Según una investigación publicada por El Nuevo Herald el 7 de marzo de 2016, estuvo un tiempo en la cárcel, pero logró salir en libertad.
En 1989 siguió su trabajó como oficial de la policía política, esta vez como escolta del entonces presidente, Carlos Andrés Pérez. El reportaje también vinculó a Moreno con el asesinato del venezolano Rubén Gil Márquez, abatido en medio de un tiroteo en Parque Central en 1989. Al año siguiente, en 1990, Moreno recibió beneficios procesales que le permitieron volver a las calles.
Se graduó de abogado en la Universidad Santa María en 1995, y como doctor en Derecho Constitucional en esa misma casa de estudios, en 2014.
En el 2000 fue abogado consultor del CNE. En 2007, cuando Moreno se desempeñaba como juez de la sala Nro. 7 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, fue destituido por la Comisión de Reestructuración Judicial, en compañía de los jueces Iván Bastardo y Jesús Bravo, por una decisión que contravino un amparo que esperaba decisión en el TSJ por el asesinato de la abogada Consuelo Ramírez Brandt: dejaron en libertad a los acusados de homicidio.
La Sala Constitucional ordenó a la Comisión procesar a Moreno y los demás, sin embargo, tras ser destituido, el entonces canciller Nicolás Maduro, lo escogió como funcionario diplomático en la embajada de Venezuela en Italia, y luego consejero de la Embajada de Venezuela en la República de Trinidad y Tobago hasta 2010.
Su vida en el poder judicial se ha caracterizado por la toma de decisiones polémicas: fue él quien dictó la privativa de libertad contra Iván Simonovis y autorizó su detención por los sucesos ocurridos en Caracas el 11 de abril de 2002; también asumió la defensa del concejal del Movimiento Quinta República (MVR), Richard Peñalver, acusado de haber disparado desde el Puente Llaguno el 11 de abril de 2002, contraviniendo así el precepto ético que reza que una misma persona no puede ser juez y parte.
«En ese momento fui el defensor del concejal hasta la audiencia preliminar, en la que se le dio libertad; y a mi criterio no me encontraba inhabilitado para conocer el caso», afirmó en una entrevista.
El 24 de febrero de 2017, Moreno llega finalmente a la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia. De inmediato, su voz sometida al régimen se hizo sentir. La Sala Constitucional emitió sendas sentencias en las que limitaba la inmunidad parlamentaria de los diputados y adoptaba todas las funciones legislativas de la Asamblea Nacional (AN), un exabrupto.
Las decisiones tuvieron resonancia internacional, muchos países se pronunciaron en contra y recordaron la «separación de poderes». La oposición venezolana convocó una serie de protestas masivas contra el gobierno de Maduro que, 50 días más tarde, ya sumaban 43 muertos. Ante la presión, el TSJ publicó unas «aclaratorias» sobre ambas decisiones en las que se anulaba las disposiciones referentes a la AN.
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Moreno es el funcionario venezolano que acumula más sanciones internacionales. El 18 de mayo de 2017 fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que congeló todos sus bienes y le prohibió realizar transacciones con entidades de ese país. Un año después, el 18 de enero de 2018, fue aprobada una sanción por parte de la Unión Europea por la represión y situación política de Venezuela.
El 28 de marzo de 2018 fue sancionado por el gobierno de Suiza, ya que aseguran que utiliza su cargo para apoyar y facilitar acciones y políticas del gobierno que socavan la democracia. El 30 de marzo, fue sancionado por el gobierno de Panamá por ser considerado alguien de alto riesgo por blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Los gobiernos de Ucrania, Noruega y Canadá se sumaron a estas sanciones.
Su nombre figura entre los 18 funcionarios del gobierno de Maduro sancionados por la Unión Europea. Las medidas implican la prohibición de viajar al territorio comunitario y la congelación de los bienes “por haber vulnerado los principios democráticos, el estado de derecho y la democracia”. Su nombre también figura entre los funcionarios y empresarios, relacionados con el gobierno de Maduro, sancionados por el TIAR el 3 de diciembre de 2019.
El 26 de marzo de 2020, en una rueda de prensa, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos señaló a Nicolás Maduro y a más de una decena de funcionarios de su gobierno, entre ellos el presidente del TSJ, de estar involucrados en presuntos delitos de narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo.
Esta es, a grandes rasgos, la trayectoria del insólito presidente del Tribunal Supremo de Justicia que se inclina demasiado pronto ante el ejecutivo para inhabilitar oponentes incómodos, garantizar resultados electorales por encima del poder competente, y otras acciones para nada apegadas a la justicia. Pero era de esperarse, recordemos que llegó a ese cargo con antecedentes, solo en el chavismo.
Redacción: Alicia Salazar
