Entre el colapso del sistema sanitario, la hiperinflación y la violencia de género, son muchas las dificultades que las embarazadas venezolanas enfrentan, y el Estado no se hace responsable.
La crisis humanitaria que azota a Venezuela ha obligado a las mujeres embarazadas a enfrentar un sinfín de retos casi imposibles, desde el colapso del sistema público de salud público hasta la dramática disminución del poder adquisitivo para acudir a las clínicas privadas o comprar los elementos básicos para sí mismas y sus bebés.
El pasado 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, lo que debería recordarnos la obligación que tiene el Estado de proteger a las mujeres embarazadas. Al respecto, el estudio «Salud en Emergencia: El caso de Venezuela» de la ONG Acción Solidaria, publicado en agosto de 2021, reveló que las mujeres encintas forman parte de uno de los grupos cuyos derechos humanos son más vulnerados en el país.
Natasha Saturno, miembro de Acción Solidaria, señaló que no hay datos oficiales, como suele suceder, sobre la mortalidad materna desde 2016: «Sin embargo, cuando uno revisa los datos oficiales, ya se venía viendo un aumento de la tasa de mortalidad materna y, de acuerdo con organizaciones de la sociedad civil que han hecho algunas investigaciones y que han podido levantar algunos datos, se evidencia esta tendencia del aumento de la mortalidad materna».
Específicamente, en el estado Lara, un informe del Laboratorio de Desarrollo Humano (LADESHU) sobre la mortalidad materna registró que, en el año 2020, la entidad presentó una tasa superior a la del año 1957. LADESHU encontró un valor de 121,3 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos registrados, lo que sitúa a la entidad con una razón de mortalidad materna superior a los demás países de América Latina, por lo que se concluye que Lara ha retrocedido 63 años en la prevención de las muertes maternas.
Natasha Saturno sostiene que son varias las causas de la mortalidad materna, aunque la hipertensión arterial y la diabetes gestacional son las principales: «Lamentablemente, podemos decir es que hay un aumento de la tasa de mortalidad materna y las causas son prevenibles y evitables, siempre que exista un control adecuado durante el embarazo, pero hasta el momento, el colapso generalizado del Sistema Sanitario Público evita que las mujeres accedan a estos servicios de salud reproductiva tan indispensable».
Muchas mujeres optan por acceder al sistema de salud privado, pero «un parto vaginal puede costar los 3,000 dólares en un país donde el salario mínimo si acaso alcanza los 3 dólares mensuales, esto sin contar las consultas médicas de control que rondan entre los 40, 50 o 60 dólares».
Igualmente, faltan campañas de prevención que eduquen a las mujeres embarazadas sobre la importancia de asistir a las consultas de control donde se les pueda diagnosticar algunas enfermedades como la hipertensión arterial o la diabetes gestacional que deben ser atendidas a tiempo, ya que son fácilmente tratables.
Otro reto es que «lamentablemente, en los hospitales públicos no hay reactivos para hacer exámenes», explicó Saturno. «Les toca entonces hacérselos en centros privados y viene el mismo problema en términos de asequibilidad y eso limita más que puedan hacerle una evaluación diagnóstica a la mujer en ese proceso».
También pasa que «las mujeres llegan al hospital prácticamente a dar a luz y, en la mayoría de los hospitales, están atendiendo únicamente partos en periodo expulsivo, es decir, cuando ya han hecho la dilatación prácticamente de los 10 centímetros». A lo que debemos añadir que, debido a la falta de personal médico, las embarazadas deben esperar horas para ser atendidas.
En el caso de una cesárea, la mujer o su familia tienen que buscar todos los insumos necesarios, desde inyectadoras hasta gasas y guantes: «Absolutamente todo para entonces llevarlo al hospital y que le puedan realizar el procedimiento».
A todas estas dificultades que tienen que superar las mujeres embarazadas en Venezuela, hay que sumar los roles y estereotipos de género. Por lo general, el cuidado y la crianza de los niños recae sobre la mujer: «Tienen poco o limitado apoyo de sus parejas y esto hace que muchas veces tengan que renunciar a sus trabajos, eso hace que tengan menos ingresos económicos para poder alimentarlos».
Otro tema delicado es que muchas mujeres están sometidas a situaciones de violencia intrafamiliar y que, incluso, algunos embarazos son producto de esa violencia basada en género o de la supervivencia a través del sexo. Por otra parte, afirmó que la prohibición de la interrupción voluntaria del embarazo genera más pobreza, abortos inseguros y aumenta la mortalidad materna.
Según Saturno, hay que entender que el trabajo de la sociedad civil es limitado, aunque dediquen enormes esfuerzos para ayudar: «Nunca hay que quitarle la responsabilidad al Estado venezolano, que es quien tiene la obligación en materia de DDHH de velar y atender por la salud de todos los venezolanos, pero especialmente de las mujeres por el proceso tan particular y especial que se vive durante esa etapa».
Redacción: Alicia Salazar
