El impulsivo cierre unilateral de la frontera en 2015 y los abusos que siguieron, produjeron el rechazo de la comunidad internacional y el sufrimiento de miles de ciudadanos colombianos inocentes.
El 17 de agosto de 2015, un ataque a tres miembros del ejército venezolano por parte de un presunto grupo paramilitar colombiano, en San Antonio del Táchira, fue el detonante para que Nicolás Maduro decretó el cierre de la frontera por 72 horas a partir del 19 de agosto. Pero, una vez cumplido ese período, el paso fronterizo no se habilitó, sino que se declaró un estado de excepción en cinco municipios del estado Táchira limítrofes con Colombia: Bolívar, Ureña, Independencia, Junín y Libertad.
El dictador Maduro argumentó que con el cierre de la frontera buscaba erradicar la continua fuga de alimentos, medicinas y combustible de Venezuela hacia Colombia conocida como «bachaqueo». También responsabilizó a las bandas «paramilitares de derecha» colombianas de querer desestabilizar a Venezuela.
Como parte del estado de excepción, Maduro ordenó el envío de más de 1.500 tropas al Táchira para la búsqueda casa por casa de los responsables del mencionado enfrentamiento.
Fue entonces que comenzaron los atropellos en la frontera. De acuerdo a la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), a partir del 22 de agosto, unos 1.088 migrantes colombianos habrían sido deportados desde Venezuela, desatando una crisis humanitaria en territorio colombiano con albergues que resultaban insuficientes. A ese número debemos sumar las 4.260 personas que habrían retornado de forma «voluntaria» a Colombia tras la declaración del estado de excepción y el cierre de la frontera, según la Cruz Roja Colombiana. Por supuesto, muchas de las personas que retornaron a Colombia por cuenta propia lo habrían hecho por miedo a las autoridades venezolanas y al desalojo forzado.
Las autoridades venezolanas realizaron redadas y operativos de control migratorio en barrios y lugares principalmente habitados por ciudadanos colombianos. En el marco de estos operativos, se reportaron abusos y uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden con el único fin de deportar a la mayor cantidad de personas colombianas de forma arbitraria. En muchos casos, lo intempestivo de las redadas habría impedido que las personas pudiesen llevarse consigo sus documentos y otros bienes.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la ONU reportó que muchos de los deportados fueron separados de sus familias. En algunos casos, los adultos habrían sido deportados sin sus hijos. Varios videos publicados en medios de comunicación y redes sociales, mostraron que las autoridades venezolanas procedieron a marcar con la letra «D» las casas de personas colombianas en el barrio «La Invasión». Posteriormente, esas viviendas fueron demolidas tras el injusto desalojo de las familias que las habitaban.
De esta manera, cientos de colombianos cargados con camas, armarios, sillas, animales, colchones, todo lo que pudieron llevarse de sus casas, cruzaron el río Táchira para llegar a la ciudad colombiana de Cúcuta. Se pudieron ver cientos de metros de gente en fila luchando con sus enseres en el río, por fortuna hubo vecinos de Cúcuta y efectivos de la policía colombiana que ayudaron solidariamente. De hecho, la policía del vecino país puso a disposición de los desplazados unos 20 camiones de carga.
Los afectados que pudieron contar su travesía, solo tenían palabras de dolor e impotencia. Nelvis Navarro, por ejemplo, contó a BBC Mundo que tuvo que pasar sus pertenencias por el río, algo que nunca hubiera imaginado ya que tenía ocho años y medio viviendo en Venezuela, donde tenía una casita y trabajaba en el cafetín de una iglesia.
Fue sorprendida cuando llegó a su barrio un operativo de las fuerzas de seguridad: «Cuando nos dimos cuenta estábamos rodeados de guardia especial, tanquetas». Y aunque estaba segura de que la deportarían, finalmente la dejaron quedarse. «El guardia me dijo que era colombiana y que tenía que salir, pero la gloria de Dios está en todos lados y me dejó». No obstante, pocos días después decidió cruzar a Colombia porque ya no veía un futuro en Venezuela.
La Defensoría del Pueblo de Colombia recibió cientos de denuncias por casos de maltrato físico y verbal, desintegración familiar, destrucción de viviendas, despojo de pertenencias y retención de documentos.
El alcalde de la ciudad del Cúcuta, Donamaris Ramírez, ese mismo año presentó, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una denuncia contra Maduro y otros miembros del gobierno venezolano por lo que calificó como «delitos de lesa humanidad», basado en los testimonios de las víctimas: «Cuando usted marca unas casas, cuando usted le pasa tractores por encima, cuando usted saca a la gente de sus casas sin decir para dónde van, las encierra en un lugar, las tiene allí sin comer y a las seis horas sin saber para dónde van, cuando usted tiene unas cédulas que el mismo presidente Chávez le dio y se las rompe, cuando usted golpea a mujeres, cuando usted culpa a personas humildes», explicó.
Distintos organismos internacionales también se manifestaron sobre el bochornoso papel del régimen. El 28 de agosto de ese año, la Organización de Naciones Unidas llamó a Venezuela a respetar los derechos humanos de los deportados. Para la Unión Europea, el cierre de la frontera entre Venezuela y Colombia, seguido del desplazamiento forzado, puso en riesgo el conjunto de la situación humanitaria, la seguridad y la estabilidad en la región.
La CIDH le recordó al Estado venezolano que era su obligación analizar, fundamentar y decidir de forma individual cada una de las deportaciones, y que las expulsiones colectivas son manifiestamente contrarias al derecho internacional.
Son muchas las violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad por las que Nicolás Maduro y sus colaboradores deben responder. Las cometidas contra nuestros hermanos colombianos durante el cierre de la frontera en 2015 no deben quedar impunes, o al menos debemos tenerlas siempre presente para que no se repitan.
Redacción: Sebastián Yáñez
