En Venezuela, una pequeña empresa emplea un promedio de 40 días al año en trámites administrativos burocráticos y debe gastar tiempo y recursos valiosos en 68 trámites para establecerse.
El objetivo del Índice de Burocracia Latinoamericana (IB Lat), proyecto auspiciado por el Centro Latinoamericano de Atlas Network y regulado por el Centro para la Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (CEDICE Libertad), es determinar la carga en tiempo que requieren los trámites burocráticos para las pequeñas y medianas empresas. También participaron otras organizaciones de la región: la Fundación Libertad de Argentina; el Instituto Liberal de Brasil; el Instituto de Ciencias Políticas «Hernán Echevarría Olózaga» por Colombia, y México Evalúa del país mexicano.
Se incluyó, además, a la Fundación Civismo de España, tomando en cuenta los estrechos vínculos históricos y culturales de este país europeo con Latinoamérica y, por consiguiente, con sus prácticas y estructuras organizacionales.
Esta es la primera edición del IB Lat, que a su vez se inspiró en el Índice de Burocracia coordinado por el Instituto de Estudios Económicos y Sociales de Eslovaquia (INESS). Venezuela se ubicó, junto con Argentina, en el último puesto del instrumento.
Según el estudio, la pequeña empresa venezolana pierde un promedio de 945 horas al año (39,4 días) en los trámites administrativos burocráticos. El país con menos cantidad de horas empleadas en estos menesteres es Brasil (115 horas al año). Igualmente, mantener a flote una Pyme en Venezuela implica llevar a cabo, aproximadamente, 68 trámites burocráticos, entre los que destacan los asociados al pago de impuestos.
Para ser rigurosos con la metodología del estudio, los investigadores de las organizaciones participantes analizaron la estructura productiva de cada uno de sus países, para determinar las actividades más relevantes de cada sector económico y el peso que ejercen sobre la pequeña empresa, con el fin de seleccionar la empresa representativa de cada sector.
El segundo paso de la metodología involucró un exhaustivo levantamiento de datos sobre los trámites que dicha empresa representativa debe cumplir para funcionar legalmente en su país. Esta recolección incluyó entrevistas a empresas y expertos, para determinar cuántas personas y cuántas horas laborales son necesarias para efectuar dichos trámites, abarcando aspectos como el manejo y despido de personal; seguridad social y pensiones; salud y seguridad laboral; pago de impuestos; exigencias legales operativas, entre otros.
De la misma manera, se valoró la frecuencia de los cambios en las regulaciones que afectan dichos trámites y cualquier otra exigencia específica para el funcionamiento de la Pyme.
Esta data se cuantificó, y así se generó el promedio que una pequeña empresa dedica en horas para cumplir con las gestiones burocráticas. Resultó mucho más alto que en otras regiones más desarrolladas, como Europa.
Sobre la importancia de estudios de este tipo, la doctora Sary Levy Carciente, coordinadora del proyecto y miembro del Comité Académico de CEDICE Libertad, destaca que son una forma de favorecer la transformación de la gestión pública para dinamizar el entorno económico y facilitar la vida en general del ciudadano: «La era de la revolución industrial 4.0 requiere que los gobiernos respondan más rápidamente a las necesidades de los ciudadanos. Ello impulsa un nuevo paradigma de gestión pública, con una burocracia gubernamental simplificada, ágil y adaptable en su estructura, en sus procesos y procedimientos y con un personal receptivo, abierto a facilitar soluciones».
Lo curioso acerca del índice obtenido por Venezuela, es que en el país existe una Ley de Simplificación de Trámites desde 1999, reformulada en 2014 como Decreto con rango y fuerza de Ley, por el presidente Nicolás Maduro, y que sigue en proceso de reforma en la Asamblea Nacional, con el fin de ampliar la escala de procesos digitalizados.
Aunque el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Simplificación de Trámites Administrativos (DLSTA), no contiene una definición de lo que se debe entender por «simplificación administrativa», ésta se entiende como el conjunto de principios y acciones resultantes, que tienen por objeto la eliminación de obstáculos y costos no esenciales, más concretamente, la supresión de exigencias y formalidades innecesarias en los trámites que deban realizar los ciudadanos ante los órganos y entes de la Administración Pública.
Lamentablemente, no se ha constituido en política de Estado y las buenas intenciones de esta ley las vemos solo en el papel. Mientras tanto las Pymes venezolanas siguen luchando con las uñas en medio de la feroz crisis económica, la pandemia y la implacable burocracia.
Redacción: Sebastián Yáñez
