¿Quién es Tarek William Saab: El írrito fiscal de la dictadura que impulsó la impunidad en Venezuela?

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Durante su juramentación como fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab dijo: «Esta es una democracia libre que respeta los derechos humanos». Cuatro años más tarde, seguimos sin democracia, sin libertad y sin respeto a los derechos humanos.

Conocido por su aspiración de ser poeta, Saab es un exdiputado, exgobernador de Anzoátegui y exdefensor del pueblo, que solo dejó una estela gris en todos esos cargos. Asumió de forma írrita como Fiscal General después de que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) removió de su puesto a Luisa Ortega Díaz, funcionaria adepta al régimen que se convirtió en una de sus mayores críticas.

Hijo de inmigrantes libaneses, Saab nació en El Tigre, estado Anzoátegui. Se graduó de abogado e hizo postgrados en derecho penal y derechos humanos. En 1992 conoció a Hugo Chávez Frías, que estaba preso luego de su famosa intentona golpista.

Tarek, como jefe de la oficina de derechos humanos del Concejo Municipal de Caracas, contribuyó a que el presidente Rafael Caldera indultara a Chávez en 1994, gesto que muchos venezolanos han lamentado desde entonces.

Como Defensor del Pueblo en 2014, quiso proyectar una imagen de ecuanimidad, pero es un hecho que toleró las torturas, la represión y el asesinato durante las protestas opositoras de ese año.

Tres años más tarde, en medio de protestas más cruentas que las anteriores, tras la muerte del joven manifestante Juan Pablo Pernalete, el mayor de sus hijos, Yibram Saab, publicó un video en el que criticaba la dura represión contra los opositores. «Pude haber sido yo», dijo. A lo que su padre contestó: «Mi familia se puede expresar en pleno ejercicio de la libertad de expresión. Lo respeto, lo amo y lo adoro. Diga su opinión o no, será el hijo más amado, por lo tanto, pido respeto».

El fiscal general ha sido sancionado por varios países. El gobierno colombiano lo mantiene en una lista de personas con prohibición de ingresar al país. Estados Unidos sancionó a trece altos funcionarios del gobierno venezolano en julio de 2017, incluido Saab, asociados con las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente por su papel en «socavar la democracia y los derechos humanos».

También fue incluido en la lista de 40 funcionarios venezolanos que Canadá sancionó en septiembre de 2017, por comportamientos que «socavaron la democracia» luego de la muerte de al menos 125 personas en las protestas de ese año y «en respuesta al descenso del gobierno de Venezuela cada vez más profundo hacia una dictadura». Por las mismas razones, fue sancionado por la Unión Europea.

El 22 de junio de 2018, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), publicó un informe en el cual señaló que, desde la designación de Saab como fiscal general en agosto de 2017, las investigaciones contra efectivos de seguridad por la comisión de crímenes de lesa humanidad habían disminuido.

Relacionado con esto, destacaremos su actuación dentro de la fiscalía. El pasado 21 de octubre Tarek William Saab informó la puesta en marcha de un plan para combatir la provisionalidad dentro del organismo que dirige. Durante una rueda de prensa, Saab dijo que su iniciativa reconocerá «la trayectoria laboral de los fiscales provisorios, quienes previo cumplimiento de los requisitos básicos, tales como haber ejercicio el cargo de forma ininterrumpida por un tiempo mínimo de cuatro años podrán aspirar a la titularidad del mismo».

Sería algo loable si el anuncio de Saab no se produjera tres años después de que él mismo convirtiera a todos los funcionarios del Ministerio Público en personal de «libre nombramiento y remoción» con la reforma que el 13 de septiembre de 2018 sufrió el artículo 3 del Estatuto de Personal del Ministerio Público y que estableció que todos los cargos del organismo eran «de confianza», por lo que su continuidad dependía de la voluntad del fiscal general.

Fue así como Tarek se arrogó el poder de designar y remover a cualquiera de los 7.000 trabajadores del organismo encargado de investigar e identificar a los autores de los crímenes en Venezuela.

¿De qué manera esta potestad ayudó al régimen? El hecho de que la totalidad de los fiscales puedan ser despedidos en cualquier momento y sin ningún tipo de procedimiento los convierte en blanco fácil de presiones al momento de actuar y hace muy improbable que sus actuaciones sean autónomas y estén apegadas a la ley sin distingo de colores políticos.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela de Naciones Unidas, en su segundo informe de septiembre pasado, especificó sobre esta situación: «Las y los fiscales de todos los niveles informaron haber recibido en ocasiones instrucciones sobre cómo manejar los casos, aunque no necesariamente en todos los supuestos. Dichas intervenciones, que provenían tanto desde fuera como de dentro de la jerarquía fiscal, eran especialmente comunes en casos contra actores vinculados a intereses políticos, de seguridad, económicos y/o criminales, así como en casos relacionados con detenciones en el contexto de protestas políticas».

El plan de regularización, propuesto por Saab, parece entonces otro movimiento para acallar las críticas internacionales hacia su despacho por su comprobada falta de independencia y su sometimiento al régimen.

En la actualidad, su situación ha pasado de un poder absoluto en defensa de la revolución a estar en la primera línea para ser juzgado por crímenes de lesa humanidad, una posibilidad que le ha obligado a esconder los delitos que ha cometido por encubrimiento u omisión. Sin embargo, haga lo que haga, muchos opinan que será una de las fichas que más duramente será juzgada por la CPI por traicionar a todo un pueblo al que él, como fiscal general, le debía respeto y justicia.

Redacción: Sebastián Yáñez

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